23 Enero 2021
El viernes iba a ocurrir en Tucumán un nuevo paro de choferes de colectivos y el servicio público de pasajeros iba a quedar interrumpido. En 2020, hubo más de dos meses sin atención a los usuarios, que no pararon de quejarse y de manifestar su malestar por la continua carencia de un servicio fundamental.
El viernes se frenó la huelga total porque los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) recibieron un préstamo del Gobierno de $ 300 millones. Sin embargo, los concesionarios de las líneas de colectivos advirtieron que sirve de poco, porque ello representa un endeudamiento más y que apenas pueden solucionar los sueldos de enero y febrero. En marzo, adelantaron, resurgirá el problema y la amenaza de paro.
“La crisis de los empresarios es terminal. Una de las soluciones es la reformulación del sistema de transporte público de pasajeros”, dijo el vocero de Aetat, Jorge Berreta. Pidió calcular mejor ramales, cantidad de servicios y sacar un valor de kilómetro, para salir del esquema de mantenimiento de la actividad con el precio del boleto. Berreta también fue categórico al afirmar que las estatizaciones del servicio jamás funcionaron.
Desde el Poder Ejecutivo, desde la Legislatura y hasta desde el Concejo Deliberante se viene avisando que se tomará alguna medida de fondo. Algunos de los integrantes de esos poderes sostienen que algunos empresarios “se pasan de vivos” y que si el servicio continúa interrumpiéndose de manera continua, intervendrán. Lo real es que no sucede ni lo uno ni lo otro: los empresarios piden ayuda o reformulación, los funcionarios que intervendrán y la realidad es que todo sigue de la misma manera.
Los números de corte de boletos, más allá de la pandemia, muestran que cada vez menos personas utilizan los colectivos, pero sigue siendo algo esencial para cualquier sociedad. Sin embargo, ya quedó claro que la solución no es subir el valor del viaje. Por ello no se entiende que finalmente las partes no se sienten a pensar en serio en cómo mejorar, optimizar, modernizar y garantizar el servicio.
En un momento, el titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri, arremetió fuerte con el tema y dialogó con integrantes de los otros poderes para cerrar un sistema mixto, con participación estatal relevante, al estilo de lo que sucede en Salta. Pero el esfuerzo del ex vicegobernador parece que no fue suficiente. Los paros persisten y la prestación del servicio está cada vez más resentida. Abundan los barrios a los que no llegan las unidades y la periodicidad con la que circulan las unidades es cada vez más baja.
El problema crece como una gran bola de nieve y la solución brilla por su ausencia.
“Tiene que haber voluntad política para sentarse a trabajar con los técnicos y así se ponga blanco sobre negro, respecto del real valor del costo del transporte”, señaló Berreta. Es decir que los propios empresarios ya señalan que es imperiosa la participación del Estado en la búsqueda de soluciones para la actividad. Ya ni temen quedarse sin esa fuente de ingresos. O, al menos, eso parece.
Por supuesto que no hay soluciones mágicas ni sencillas, porque el Gobierno indefectiblemente deberá fijar puntos de acuerdo con los empresarios. El Estado no está en condiciones de armar un servicio de cero, con lo que esa inversión significa en adquisición de unidades y de organización para mover esa maquinar. Lo cierto es que hasta aquí parecen prevalecer los intereses políticos por encima del debate profundo para instaurar un sistema que borre del mapa la continua incertidumbre de si se podrá salir a a trabajar, o lo que fuera, sin tener que quedarse con la incertidumbre de si se podrá emprender el regreso a casa.
Lo más popular
