LA VÍCTIMA. Paola Tacacho en una imagen extraída de las redes sociales.
Una oficina judicial controvertida por cajoneos e irregularidades detectados en 2019 será auditada como consecuencia del femicidio de Paola Tacacho. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió la ampliación de la auditoría a todas las causas de violencia de género radicadas en el ex Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta capital. La decisión fue emitida luego de que el Cuerpo de Auditores informara que en ese ámbito había sido tramitada al menos una de las por lo menos 13 denuncias penales que Tacacho interpuso contra el femicida Mauricio Parada Parejas. Sobre el juzgado en cuestión pesa un sumario administrativo desde el 20 de agosto de 2019.
Los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos ordenaron fiscalizar procesos como el de la profesora de Inglés asesinada en la vía pública el 30 de octubre mediante la Acordada 1.282/20 del 1 de diciembre (Daniel Leiva no firmó por estar de licencia). El instrumento recuerda que, tras el crimen de Tacacho, Sbdar abrió la primera auditoría y que, a continuación y en virtud del informe del jefe de los auditores penales, Luis Lezana Flores, extendió la medida a todas las causas de violencia de género en poder del ex Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº3 que encabezaba el juez dimitente Juan Francisco Pisa. Los vocales advirtieron en la Acordada 1.282/20 que, como el femicidio de Tacacho también había generado dudas acerca de la actuación del ex Juzgado Nº5, correspondía generalizar el análisis a otros expedientes. A partir del 31 de agosto, las causas en trámite pasaron a los juzgados de Instrucción en lo Penal Nº1 y 2 del esquema de conclusión de casos del viejo Código respectivamente a cargo de Pisa y de Raúl Cardozo.
La decisión de la Corte toca un nervio sensible puesto que Pisa, quien afronta siete pedidos de destitución, debe rendir cuentas ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura por su intervención en uno de los procesos de Tacacho en el que sobreseyó a Parada Parejas aunque el fiscal Diego López Ávila sostenía que aquel debía ser enjuiciado por transgredir las medidas de protección de la víctima. Eso quiere decir que eventualmente otros jueces podrían seguir el mismo camino. Ocurre que el ex Juzgado Nº5 estuvo acéfalo hasta febrero de 2019, cuando asumió allí la jueza Carolina Ballesteros, y que su tarea recayó en subrogantes que cobraron un monto adicional por este servicio.
Antes de resolver una nueva ampliación de la auditoría, la Corte había requerido un informe al Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez (con licencia) acerca de las por lo menos nueve denuncias cuyo derrotero no trascendió y que, según los auditores, están en la órbita de las fiscalías. Ello ocurrió el 11 de noviembre, pero las fuentes del organismo no confirmaron si proporcionaron la información.
Tras llegar al ex Juzgado N°5, Ballesteros denunció que había un volumen relevante de causas paralizadas (se informa por separado). Al ordenar el sumario en agosto de 2019, el alto tribunal precisó que la jueza había sido a su vez cuestionada y desmentida por los funcionarios Carlos López y Demetrio Aristóteles Kuchimpos, quienes terminaron trasladados a otras dependencias. Según Ballesteros, había más de 200 -quizá 300- procesos frenados y alrededor de 1.500 actuaciones contravencionales sin registrar.
Investigación interna: el juez Fradejas debe instruir la pesquisa
El sumario administrativo en el ex Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esa capital está en manos del camarista penal Fabián Fradejas, a quien la Corte Suprema designó como instructor luego de que la jueza Juana Juárez se excusara de desarrollar la tarea por amistad con la ex titular de la unidad, Carolina Ballesteros. Se supone que Fradejas ha de investigar a todo el personal que cumplió funciones en el juzgado en el tiempo en el que este permaneció acéfalo por la jubilación con el beneficio del 82% móvil de la ex jueza Mirta Lenis de Vera. A ese cometido se suma ahora la auditoría específica en las causas de violencia de género dispuesta tras la tragedia de Paola Tacacho.
