Entrevista a Claudia Sbdar: “la apertura y transparencia hacen a una Justicia veloz”

El documento de casi 1.000 páginas con propuestas de reforma es un insumo para repensar la Justicia argentina, según Claudia Sbdar, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y una de los 11 integrantes del Consejo Consultivo formado por el presidente Alberto Fernández. La jueza destacó la calidad técnica y profesional de la tarea cumplida, y aseguró que “hubo absoluta independencia” de criterio, pese a la presencia en la mesa de trabajo de Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sbdar opinó que los consejos no vinculantes procuraban acortar los tiempos del Poder Judicial. “La transparencia, la publicidad y la participación ciudadana son factores fundamentales para una Justicia veloz”, meditó.

El diálogo con LA GACETA tuvo lugar ayer, luego de que Sbdar, y los consejeros Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanián y Enrique Bacigalupo se entrevistaran con Fernández y la ministra Marcela Losardo. La reunión tuvo lugar el jueves 10 de diciembre en la Casa Rosada.

La presidenta de la Corte provincial recordó que los especialistas invitados por Fernández debatieron sobre cinco ejes: la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Consejo de la Magistratura; los ministerios públicos dirigidos por el procurador general y la defensora general; el juicio por jurados y al esquema de transferencia de toda la Justicia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Los consejos fueron enviados el 18 de noviembre, tres meses después del comienzo de la actividad. Simbólicamente era muy importante cumplir el plazo de los 90 días que había fijado el decreto presidencial de creación del Consejo”, precisó. Y añadió que las conclusiones son un auténtico “producto colectivo” por la amplitud de miradas: “en algunos temas hubo coincidencias generales y parciales, y disidencias. Eso habla bien de la riqueza del documento. El análisis estuvo atravesado por la paridad y la perspectiva de género; el federalismo; el pluralismo y la innovación tecnológica, incluso la inteligencia artificial”.

En cuanto a la composición diseñada por Fernández, Sbdar describió que trabajaron cinco mujeres y seis hombres donde había cinco jueces de provincia, y voces del Poder Judicial y de la abogacía con una impronta académica general. “De este modo me parece que cubrimos las demandas de la gestión y del rigor científico. No fue un grupo de amigos, sino un grupo de personas que expresan una diversidad en el mundo del derecho. El documento traduce eso, en especial en el capítulo dedicado a las recomendaciones”, acotó.

El proceso de intercambio de pareceres incluyó dos reuniones virtuales semanales y audiencias con expositores, entre ellos la defensora general (Stella Maris Martínez); el procurador interino (Eduardo Casal); académicos y representantes de entidades de la sociedad civil, como Abuelas de Plaza de Mayo. De las máximas autoridades del sistema judicial nacional sólo faltaron los ministros de la Corte: por la jerarquía de los implicados, los miembros del Consejo dejaron la invitación a la consideración de Fernández. “Fue un trabajo muy satisfactorio: hubo método, respeto, y una observancia del temario y de los plazos. Lo interesante es que no hay un pensamiento único acerca de los temas centrales de la Justicia”, insistió Sbdar.

-¿Cuál sería, según su criterio, el punto de arranque para mejorar la organización judicial?

-Cada uno de estos temas es un pilar en sí mismo. Es tan importante el funcionamiento de la Corte como el del Consejo de la Magistratura y de su Comisión de Selección, donde vemos la necesidad de agregar un examen oral donde se analice el conocimiento general del derecho en la relación directa con la competencia directa que se aspira a tener. El derecho es uno y hay que dominarlo más allá de la especialidad, así como tener una formación en derechos humanos y derecho constitucional. También hay que concluir el proceso de transferencia de competencias a la capital del país. El juicio por jurado presenta otro desafío: está en la Constitución (desde 1853) para ser implementado en todo tipo de delitos y habrá que hacerlo progresivamente. En cuanto a la Corte, el núcleo pasa por la revisión de sus competencias originarias y apeladas: aquí lo que hay que buscar es que el máximo tribunal del país pueda dedicar sus esfuerzos a sentar jurisprudencia en materia constitucional, y que tenga a su cargo la decisión en tiempo y forma de las cuestiones fundamentales del país. Debemos salir del esquema de la Corte abarrotada, y allí inciden institutos como el certiorari, el valor obligatorio de los precedentes y el per saltum.

-Existía una expectativa de que el Consejo iba a tomar un partido sobre la cantidad de miembros de la Corte y al final eso no sucedió. ¿Cuál fue la razón?

-La verdad es que el decreto del Presidente era muy descriptivo y no indicaba una revisión de ese punto (el número) a los fines de un aconsejamiento específico y concreto, aunque sí incluimos opiniones individuales. El número de jueces de la Corte fue modificado en distintas oportunidades, pero nadie sabe bien a qué estuvo atada la decisión. Creo que esto debe estar ligado a la determinación del rol de la Corte y de la jurisdicción constitucional: no puede ser definido en abstracto.

-El cuerpo que integró fue cuestionado por el hecho de la incorporación del defensor de la vicepresidenta e incluso lo denominaron por su apellido (Beraldi). ¿Cuál fue su vivencia de la libertad interna del Consejo?

-Hubo un clima absolutamente técnico y profesional. Esa es mi vivencia. De verdad se trató de un grupo heterogéneo en el que algunos nos conocíamos y otros nunca nos habíamos visto, y trabajamos en un ambiente respetuoso de las diferencias. Quien quiso dejar constancia de su discrepancia tuvo toda la oportunidad de hacerlo y lo hizo. Y así lo manifiesta el documento. No fue una comisión, sino un Consejo Consultivo que funcionó con transparencia e independencia absolutas en su objetivo de asesorar al Presidente. Hicimos una contribución para formular proyectos, y el Presidente verá qué toma y qué no de eso.

-¿Puede explicar su posición a favor de un jefe de los fiscales con un mandato por tiempo limitado y elegido por una mayoría absoluta del Senado, y no con los dos tercios actuales? (Sbdar votó en ese sentido con Herrera, Arslanián, Beraldi, Ferreyra y Palermo)

-Casi todo el Consejo está de acuerdo en la periodicidad y en que esta no coincida con los mandatos políticos. La Constitución es clara en relación a que los jueces permanecen en sus cargos hasta los 75 años y, en consecuencia con ello, está prevista la necesidad de reunir dos tercios de los votos del Senado para designar a los ministros de la Corte. El límite de edad no está considerado para la cabeza del Ministerio Público y, por ello, es razonable que la mayoría (para nombrarla) sea diferente. Tampoco es menor que en los gobiernos anteriores y en el Gobierno actual no ha sido posible llenar el cargo (del jefe de los fiscales), y por eso este es ocupado por un subrogante (Casal).

-¿Cuáles de estas recomendaciones le parecen aplicables a la institucionalidad de Tucumán?

-Hay un tema que nos conecta, que es la famosa propuesta de un tribunal intermedio (entre la Corte y el resto de los estrados) para atender las arbitrariedades que tendría a su cargo la revisión de las sentencias de las cámaras federales y de las cortes de las provincias. Yo creo que esto no es posible bajo ningún punto de vista. Mi propuesta es que haya un tribunal intermedio de casación para descomprimir a la Corte en los casos no penales exclusivamente para las cámaras federales, que controle la aplicación y la interpretación de las leyes, y unifique la jurisprudencia. Entiendo que los fallos de las cortes provinciales sólo pueden ser revisadas por la Corte de la Nación: de las cortes a la Corte.

-¿Qué opina de la implementación del juicio por jurados en nuestra provincia?

-Es interesante. Si no hubiese sido por la pandemia, quizá ya habríamos avanzado. Esto necesita de un proceso cultural de inserción: hay que educar a la ciudadanía para eso. No digo enseñarle derecho, pero sí generar cultura del juicio por jurados de un modo progresivo. Entiendo que en esto no sirve un cambio radical.

-Hay una cuestión imperiosa en el sistema judicial argentino que es el manejo del tiempo y cómo hacer para acortar los procesos desde el máximo tribunal del país para abajo. ¿Considera usted que las ideas presentadas al Presidente podrían favorecer la celeridad judicial?

-Me parece que sí, que puede haber un impacto sensible en ese sentido. Gran parte de las recomendaciones tienen una impronta de transparencia y de mucha participación de la sociedad civil mediante las audiencias públicas y la intervención de los amicus curiae. La transparencia, la publicidad y la participación ciudadana son factores fundamentales para conseguir la celeridad. La comunicación y el contacto fácil con la información favorecen el dinamismo y el acceso a los Tribunales. Nosotros hemos aconsejado que en la Corte haya una agenda pública: sería muy saludable que el máximo tribunal diga qué casos va a tratar durante el año. Otro aspecto relevante para que haya seguridad y tranquilidad es difundir los criterios con los que se admiten y se rechazan los recursos. Repito: todo lo que hace a la comunicación; a la transparencia y a la participación de la ciudadanía repercute automáticamente en la abreviación de los juicios.