13 Diciembre 2020
La denuncia penal contra una periodista de LA GACETA enciende las alarmas sobre la libertad de expresión en la provincia puesto que, imputando a la periodista hechos que no configuran delitos, se pretende poner en cuestión la labor que la prensa lleva adelante para exponer casos de interés público y posibles actos de corrupción en sede judicial. Son indebidas presiones con las que se intenta silenciar a la prensa y ocultar causas, hechos y actos en los que intervienen funcionarios públicos. “Si a las personas se les niega el amplio acceso a la información y se las priva de la posibilidad de influir y recibir la influencia de las opiniones ajenas -ha dicho el constitucionalista Gregorio Badeni-, la expresión de sus ideas no será libre y sin libertad de expresión no puede haber decisión democrática”
El análisis se impone por la singularidad y complejidad de los casos en los que se imputa conducta delictual a la periodista. Todos ellos -”Rigourd”, “Teves”, “Pedicone” y “Mayol”- han causado fuerte impacto en el mundo judicial y político. En lo que respecta al camarista Enrique Pedicone, se están poniendo bajo análisis los entrecruzamientos entre la política y la justicia, de modo que, tratar de impedir que el periodismo indague y publique lo que sucede en dicho caso, lesiona la independencia judicial y el periodismo libre sobre los que se asienta nuestra comunidad democrática.
La periodista ha pedido a la fiscala interviniente que archive la denuncia por ser un ataque a la libertad de prensa, ya que el denunciante expone, como si fueran delitos, informaciones, opiniones y comentarios críticos publicados en LA GACETA. El denunciante es un abogado que se desempeña como subsecretario del Gobierno provincial. En su denuncia relató situaciones en las que imputó a la periodista ser autora de los delitos de atentado, intimidaciones y coacciones contra funcionarios públicos, solo para amedrentarla y lograr su silencio. El denunciante participó como abogado en la compleja causa Teves, la cual tuvo derivaciones no sólo en la justicia sino en el mismo Colegio de Abogados, donde hubo un fuerte debate al respecto.
También imputó a la periodista ser autora del delito de administración fraudulenta, junto con un ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, argumentando que fue fraudulenta la contratación de la periodista para escribir un “libro de estilo” sobre redacción forense, tarea que en realidad fue aprobada por el Colegio Profesional sin ningún tipo de desviación ética. Según el ex presidente del Colegio de Abogados, esta acusación fue guiada por un apetito de venganza vinculado a la decisión de la organización de solicitar en 2015 la investigación de un presunto patrón extorsivo existente en la Justicia penal. La realidad es que ni esa acusación ni otras ligadas a altas autoridades del sistema judicial han sido esclarecidas: los procesos quedaron atrapados por una práctica institucional reacia a la transparencia y a la rendición de cuentas.
La posibilidad de que el Poder Judicial sea usado para amedrentar al periodismo libre coloca a la institucionalidad provincial ante un peligro serio. Implicaría una grave rotura de las vías de contención de los desbordes de los poderes públicos, en contra de expresas garantías constitucionales, porque permitiría que la ciudadanía pierda una de las pocas defensas que le quedan contra los abusos del poder. El amordazamiento del periodismo profesional debe ser rechazado por quienes están comprometidos con la vigencia de los derechos fundamentales, porque detrás de los intentos de criminalizar al periodismo hay un ataque directo a una de las bases de la convivencia humana.
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