La Quebradita de Tafí del Valle se ha convertido en tierra de conflicto. Los propietarios de terrenos en la zona alertan por la ola de usurpaciones que se extiende junto con carpas y banderas Wiphalas y urgen para que haya desalojos. Los funcionarios se apuran para mostrar que hay inquietud -anteayer se concretó la expulsión de un ocupante, pero de un terreno de 1.000 m2 cuyo litigio venía de antes- y advierten que se trata de un fenómeno de fuerte actualidad. “Tafí del Valle está hoy sobre el tapete por las tierras que fueron recientemente ocupadas por comunidades indígenas, pero pasa en toda la provincia y sobre todo en puntos turísticos”, dijo el fiscal de Estado, Federico Nazur.
La propiedad, asunto básico
¿Qué ha provocado esta ola? Los propietarios de tierras quieren frenarla y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, cuya familia tiene un predio en la misma Quebradita, planteó que tienen que coordinar acciones conjuntas para que se reúnan con jueces y fiscales. “No puede pasar enero sin que esté resuelto algo tan básico como la propiedad. Amerita que sea una cuestión de feria. La condena a las tomas de tierras debe ser contundente; la inacción genera que se repliquen”, describe. Pero no parece que se vaya a resolver tan rápido en el fuero penal. La historia de los conflictos por la tierra lo muestra: demoran años. El mismo Nazur ha explicado, a propósito del predio desalojado, que en este caso hubo velocidad porque el demandado se allanó. La realidad es que “los plazos judiciales suelen ser bien largos”. Al mismo tiempo, el director de Catastro, Alejandro Navarro, constataba que mientras se entregaba el predio liberado se descubrían “otras supuestas ocupaciones en lugares cercados con palos y plásticos”.
¿Quiénes son los que ocupan? las comunidades aborígenes han negado tener que ver con esas intrusiones -en todo caso no se han reivindicado como los ocupantes, si bien el cacique Santos Pastrana ha dicho, ambiguamente, que 1.000 integrantes de la comunidad diaguita no tienen dónde vivir. “Nuestra gente necesita viviendas y espera propuestas superadoras. Mientras, hacen el aguante”. También el ex intendente de Tafí del Valle, el legislador Jorge Yapura Astorga hizo una contradenuncia (pública) afirmando que “casi el 99% de los que están en la Quebradita han avanzado en contraposición de nuestra gente”. ¿Reconocimiento de que son los de la comunidad los que ponen las banderas y los palos? No está claro. El abogado Manuel Santillán, que defiende causas de comunidades indígenas, dice que “se han dado casos de personas que, disfrazándose de indígenas, fueron a ocupar algunos cercos. En Tafí hay personas que no son comuneros pero han ocupado una parcela, han puesto la bandera Wiphala. La comunidad no interviene porque, si la cita la Justicia, dirá es gente ajena, que no tiene nada que ver”.
Los dos estados
No obstante, aclara, en la Quebradita, “lo que me informa el concejo y el cacique es que no hay intervención de la comunidad pero sí defiende la posesión que está relevada”. Y ahí comienza a entenderse el costado invisible del problema, en el que interviene el Estado pero al mismo tiempo no interviene. Donde entra, como bien podría citar el periodista Álvaro Aurane, el Estado de excepción, en el que se dictan leyes para calmar inquietudes del momento pero no se cumplen; y terminan extendiendo el statu quo que, en este caso, significa conflicto.
El Valle es ejemplo de frecuentes enfrentamientos. Uno que tuvo fuerte difusión fue el que padeció en 2018 el empresario Jerónimo Critto, cuyo predio había sido ocupado. Cuando obtuvo la orden del juzgado de Paz para el desalojo fue y lo corrieron a latigazos. Debió esperar un año hasta la restitución de su terreno. Su abogado, Martín Terán, expresó entonces -y lo reiteró ahora- que “su modus operandi (de los ocupantes) es tomar tierras. Falla la seguridad jurídica y existe un Estado paralelo en Tafí”.
Esos dos estados están en pugna desde que el mundo invisible de los aborígenes -que no estaban reconocidos como tales hasta la reforma de la Constitución nacional en 1994- se corporizó. Y con la ley 26.160 de 2006 se visibilizaron las comunidades. Esa ley estableció que se debía relevar a los integrantes de los grupos indígenas (en Tucumán el relevamiento ya se ha realizado, según cuenta el ex delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, José Manuel Ramos) y que luego se debía reconocer su territorio y después darles titularización.
Sólo una fase
Santillán relata que sólo se ha llegado hasta la fase de relevamiento. Es una de las tres fases del proceso de regularización dominial. “Esa demarcación de territorio se hace con un estudio antropológico y un croquis que marcan técnicos y comuneros y se hacen estudios catastrales con fotos satelitales. Luego viene la fase de la identificación -que el Estado no hizo- y por último la titulación y registración”, dice.
“Si se dieran a conocer todos los datos del relevamiento de las comunidades aborígenes en la provincia, cualquier comprador podría saber si el terreno que está comprando en un loteo en los valles se encuentra en litigio por los reclamos de las comunidades”, explica. Precisamente, esta semana se ha presentado en la Legislatura -con Yapura Astorga- un anteproyecto de ley para impulsar la creación de un registro de ese relevamiento, dice Santillán.
Hay casos en los que el relevamiento ha detectado ocupaciones medianamente reconocidas, como es la comunidad de El Rincón en El Mollar, que tiene unas 20.000 ha y que, sin embargo, tiene algunos litigios, porque esas tierras abarcan terrenos privados y también tierras públicas.
Así las cosas, se entiende que las comunidades aborígenes no dicen demasiado en medio de los conflictos como el actual con respecto a lo que consideran sus derechos ancestrales. “Ellos tienen tiempo”, dice Santillán.
El crecimiento inmobiliario
Por otra parte, en Tafí del Valle se da una situación crítica por el desarrollo inmobiliario tremendo, geométrico, que ha tenido en los últimos años. El abogado Carlos Garmendia, que también defiende causas de indígenas, advierte que la explosión inmobiliaria que se registra desde los años 90 podría explicar la tensión creciente en Tafí. “Conflictos hay en todas partes, pero no con esta dimensión -dice. Excepto el caso del cacique Chocobar, de los Chuschagasta, en Trancas, en el que hubo un asesinato. Garmendia advierte que el negocio inmobiliario ha elevado los precios de las tierras sin que se haya resuelto el conflicto que anticipa la ley 26.160, “mientras hay gente que reclama espacio donde vivir”. “La gente está haciendo el aguante en los terrenos hasta que aparezca alguien del Gobierno a presentar soluciones -dijo hace días Santos Pastrana-. Buscamos reunirnos con gente del Concejo y la Municipalidad, además de la Fiscalía de Estado. Si no hay arreglos, este verano puede ser un desastre”.
El asunto es que los arreglos -la intervención de Fiscalía de Estado y la Municipalidad- acaso puedan tranquilizar momentáneamente a la gente de la Quebradita, como esperan Mariano Campero y otros propietarios; pero la existencia de los dos estados en pugna se mantiene. Falta algún organismo que asuma el desafío de empezar a resolver esta tensión creciente, a menos que se considere que hay que policializar el valle para evitar usurpaciones, o que los propietarios recurran a medidas de otra índole.
Santillán piensa que el proceso que preveía la norma nacional ha llegado a un punto en el que el Estado federal -y consecuentemente los provinciales y hasta municipales- tiene que ver cómo acomodar los litigios que se formaron por yuxtaposición de derechos. También, los que se van a formar si se enfrenta la decisión de reconocer lo que marca el relevamiento y se dan tierras y títulos, lo cual implicará pagar indemnizaciones que el Estado “no va a pagar”, afirma.
