Un legislador de la oposición pidió endurecer las medidas por amenazas a las víctimas

"El Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas. No es admisible que una persona que haya sufrido un delito, mientras exige justicia en Tribunales, esté expuesta a peligros por parte de un delincuente o un agresor. El caso de Paola Tacacho es un claro ejemplo. Y es preciso que en Tucumán haya una reacción y un cambio, porque ese no es el único caso. No basta con exigir que haya justicia en un tiempo razonable, también se debe cuidar de aquellas personas que denuncian", planteó el legislador José María Canelada al presentar un proyecto para que la prisión preventiva también sea procedente cuando esté en riesgo la integridad de las víctimas, sus familiares o de su entorno.

El mecanismo para lograr esto que propone el parlamentario radical es modificar el Código Procesal Penal. Afirmó que se trata de una iniciativa que está encadenada a otra que presentó y que ya se convirtió en ley para que las víctimas, en su rol de querellantes, puedan pedir medidas coercitivas como la prisión preventiva y de esa manera no sólo puedan tener un rol protagónico en sus causas, sino también puedan controlar los procesos judiciales.

"Para decidir acerca del riesgo para la integridad de las víctimas se deberá tener en cuenta la existencia de amenazas, atentados o hechos violentos por parte del imputado en contra de la víctima o de sus familiares. Además, los posibles incumplimientos de medidas cautelares que se hayan ordenado para proteger a los denunciantes, como las medidas de restricción perimetral. No podemos tener víctimas viviendo una pesadilla cuando lo único que exigen es justicia", explicó Canelada, quien en los fundamentos de su proyecto aseguró que existe un antecedente de esta iniciativa, en la provincia de Neuquén.

Por último, explicó que estas medidas son especialmente importantes en el contexto que vive Tucumán. "La violencia y la inseguridad en esta provincia no son ninguna sensación. Aquí se necesita decisión política para atacar todos los frentes: la prevención, la justicia ágil, la protección de las víctimas. Y para eso se necesita de los tres poderes. Si el Estado en su conjunto no se hace cargo de esta situación y hay estamentos donde se decide mirar al costado, seguir en la misma línea, no tomar decisiones fuertes, difícil será que esta situación cambie".