25 Noviembre 2020
EN LÍNEA. Policías antidisturbios de París, listos para confrontar a una manifestación a favor de los migrantes. Reuters
PARIS, Francia.- El violento desalojo de un campamento de inmigrantes en la simbólica Plaza de la República, en París se convirtió en un enorme debate político que, ante las críticas recibidas, llevó al ministro del Interior francésa pedir una investigación interna sobre la actuación de los policías.
Las imágenes de lo sucedido ayer no tardaron en difundirse en las redes: los agentes desmantelaron más de 500 tiendas de campaña y sacaron a empujones a sus ocupantes y a los periodistas presentes, y arrojaron gases lacrimógenos.
La asociación Utopia 56 denunció en Twitter que tanto las tiendas como las cerca de 1.000 mantas distribuidas a esos inmigrantes y demandantes de asilo fueron ofrecidas por colectivos humanitarios gracias a donaciones de los ciudadanos.
El grupo fue desalojado la semana pasada del suburbio parisino de Saint-Denis y, evacuado de nuevo por la policía entre enfrentamientos y gases lacrimógenos, tuvo que volver anoche a ese mismo municipio de las afueras de la capital francesa.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, solicitó examinar los sucesos y pidió a la Inspección General de la Policía Nacional que esclarezca “varios hechos inaceptables”.
La actuación de la policía de París causó una catarata de repudios. Dirigentes políticos y sociales y por altos funcionarios gubernamentales exigieron explicaciones y reparaciones.
El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, denunció en Twitter el uso desproporcionado de la fuerza y exigió una disciplina republicana en la Policía tras una “actuación vergonzosa”. “¿Qué sentido tiene golpear así a gente pobre y desvalida?”, señaló Mélenchon en Twitter, donde añadió que ese “uso desproporcionado de la fuerza” es una vergüenza para la Policía del país.
El dirigente socialista Olivier Faure consideró inaceptable lo ocurrido y los líderes de las principales organizaciones sindicales se sumaron a las críticas por el tratamiento a personas que protestaban “por carecer de un techo”, en medio de la pandemia y con el invierno cerca.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, dijo los agentes actuaron de una manera escandalosa e “indigna de Francia”. Su par de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Laurent Berger, pidió una rendición de cuentas.
El desalojo se presenta como una nueva pulseada entre la Alcaldía de París y Ejecutivo, sobre la gestión del alojamiento para inmigrantes y refugiados. La regidora municipal, la socialista Anne Hidalgo, dice que no se los puede evacuar sin un diagnóstico social previo y sin hacerse cargo de los vulnerables. Hidalgo condenó una actuación policial que “conduce a la precarización creciente de los refugiados, a su puesta en peligro mediante el uso sistemático de la fuerza y a la negación del deber humanitario”.
Organizaciones como Amnistía Internacional reclamaron una comisión de investigación parlamentaria sobre las violaciones de los derechos de los inmigrantes y refugiados y recalcaron que si esas imágenes sorprenden es porque reflejan “la realidad de las prácticas policiales abusivas”.
Las críticas procedieron además de una amplia representación del abanico político, unas alertando de la deriva “liberticida” del Gobierno y otras en favor de una mayor firmeza.
Éric Ciotti, diputado del partido conservador Los Republicanos, consideró en cambio que la respuesta de Darmanin al campamento “de clandestinos” ha sido cobarde, y la ultraderechista Marine Le Pen criticó la previsión de crear 14.500 plazas de acogida mientras los franceses “se hunden en la pobreza”.
El debate en torno a la actuación policial estalló el mismo día en que los diputados votan en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Seguridad Global, uno de cuyos artículos prevé sanciones para quien difunda imágenes de policías “que pongan en peligro” a los uniformados.
El primer ministro, Jean Castex, dijo que el Gobierno no busca limitar la libertad de prensa, sino que quiere proteger a las fuerzas de seguridad, “no contra la difusión de imágenes, sino contra su publicación seguida de mensajes contra la integridad” de esos funcionarios.
Darmanin ya había generado polémica cuando sugirió que la prensa debía acreditarse para cubrir las manifestaciones, de lo que acabó retractándose luego del repudio de unos 40 medios en una declaración conjunta. (DPA-Reuters)
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