La estructura que utilizó la banda acusada de estafar con casas del Ipvdu

Los acusados jugaron un importante rol defensivo en la investigación: para tratar de librarse, aportaron numerosos datos para que el fiscal Diego López Ávila pudiera investigar el caso y pedir que todos sean enjuiciados.

25 Oct 2020 Por Gustavo Rodríguez
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EL DOLOR DE NO TENER. La organización podría haber estafado a unas 1.500 personas en el período que va desde 2015 a 2018, según surge del expediente.

En la causa de las estafas con casas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) quedó en claro que los imputados eligieron como estrategia defensiva destruirse entre ellos para tratar de evitar una acusación. “Prendieron el ventilador”, como se dice en los pasillos de tribunales, pero no fue suficiente. Por ejemplo, la acusada de dirigir la organización que cometió la estafa, Elizabeth Rosa Alzogaray, dijo que ella también había sido engañada, ya que ella sólo trabajaba bajo las órdenes del ex interventor del organismo Gustavo Durán, quien falleció meses antes de que estallara el escándalo.

Pero los otros imputados negaron tener algún tipo de vinculación en la causa, aunque sí señalaron a Alzogaray como la responsable de haber llevado adelante todas las maniobras. Ninguno de ellos mencionó a algún funcionario del Ipvdu o del gobierno como parte de la organización.

El fiscal Diego López Ávila unió todas las fichas de un rompecabezas y acusó a Alzogaray de liderar una asociación ilícita -integrada por Marta Elena Campos, Emmanuel y Luis Ernesto Ramallo, María Ester Soraire, Ruth Anabel Jiménez, Adela Aydée Bustos, Analía del Valle González y César Antonio Zurita- que estafó a unas 1.500 personas, cobrándoles dinero para entregarles casas. El investigador estimó que recibieron al menos $20 millones. Una mujer, que nunca pudo ser ubicada, tiene pedido de captura y deberá responder por los mismos cargos.

Elizabeth Alzogaray, la supuesta líder del grupo.

1- El sistema de reclutamiento

Todos los imputados declararon en sede judicial que conocieron a la supuesta líder de la organización cuando le solicitaron y le pagaron diferentes sumas de dinero para que los incluya en el listado de beneficiarios de casas. Los Ramallo, que son parientes de la falsa gestora, también denunciaron lo mismo.

Adela Bustos dijo que una mujer con la que había charlado en un consultorio médico le dio el teléfono de ella porque gestionaba viviendas sociales. Se puso en contacto con ella y se ganó tal confianza que le consiguió un puesto de trabajo a su marido albañil en la cooperativa Nuevo Amanecer, que había formado la falsa gestora gracias al trabajo que realizó el alperovichista David Mizrahi. Los otros imputados reconocieron que comenzaron a trabajar con ella luego de que también se inscribieran para poder tener una casa.

2- Los roles de los imputados

Los acusados coincidieron en señalar cómo era el sistema de trabajo. Ellos, después de haberlos inscripto, de que entregaran la documentación y pagaran distintas sumas de dinero (todos hablaron de sumas que van desde los $4.000 hasta los $20.000), por pedido de Alzogaray recibieron fichas para que anotaran a más interesados en conseguir viviendas de manera irregular en sus domicilios.

Por ejemplo, Marta Elena Campos dijo que ella, después de recibir los papeles, comenzó a avisar a sus familiares de lo que estaba haciendo y sumó interesados. “Más de 50 personas concurrieron a mi domicilio a inscribirse, pero jamás salí a buscar gente para anotar ni les comenté a mis vecinos. La gente se enteraba de boca en boca”, indicó Luis Ramallo.

Otros dijeron que era la falsa gestora quien los enviaba a sus casas a cumplimentar los trámites. Los investigadores sospecharon que realizaba esta maniobra para evitar que los damnificados tengan un lugar fijo para ir a reclamarle.

El fiscal Diego López Ávila investigó la causa.

Los imputados, según reconocieron en Tribunales, además de buscar gente, después de explicarles cuáles eran los requisitos, les recibían la documentación y les cobraban el dinero para luego entregárselo a Alzogaray o a su chofer, que normalmente pasaba por las tardes o por la noche por sus domicilios. También realizaban estas entregas en bares, pero de manera muy esporádica. “Lo hacía así para no quedar en evidencia”, explicó una fuente cercana a la investigación. También informaron de manera unánime que por realizar esa tarea no recibían ningún tipo de retribución económica y que sólo lo hacían con la esperanza de tener su casa y para ayudar a otros que se encontraban en su misma situación. Sólo María Ester Soraire reconoció que la principal imputada, de vez en cuando, le entregaba $100. Otra acusada indicó que ella fue empleada por Alzogaray para que trabajara en el drugstore que tenía en barrio El Bosque, por lo que percibía $1.500 semanales.

3- Una mujer con contactos

Las personas que podrían ser enjuiciadas fueron coincidentes en señalar que Alzogaray les había informado que trabajaba en Desarrollo Social y que tenía contactos. Entre otros dirigentes políticos, se jactaba de que tenía contacto con el ex gobernador José Alperovich y con el actual vicegobernador Osvaldo Jaldo (por quien pedía que votaran) y con los mellizos José y Juan Enrique Orellana.

Adela Bustos también informó que la presunta líder de la organización le pidió varias veces que la acompañara hasta la sede del Ipvdu, donde aseguraba tener entrada, pero no pudo establecer qué hacía allí porque ella se quedaba afuera.

Agregó en su declaración: “esta mujer me decía y me mostraba fotografías de las viviendas que iba a entregar y otras imágenes donde ella se mostraba con políticos como Alperovich, Jaldo, Mizrahi y con uno de los hermanos Orellana”.

También destacaron que la mujer siempre se manejaba con documentos que tenían membretes y sellos oficiales, por lo que siempre creyeron que era una mujer con contactos.

Sobre el tema, el fiscal López Ávila señaló en el requerimiento: “Se desconoce el verdadero vínculo que Alzogaray mantuvo con algunos miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el peso que pudo o no haber tenido. No obstante ello se valió de dichas circunstancias para exhibirles y demostrarles a las víctimas que tenía un verdadero acceso al poder político”.

Gustavo Durán murió y no fue investigado.

4- Diferencias en los montos cobrados

Según el fiscal López Ávila, los acusados cobraban entre $2.000 y $120.000 para adjudicar una vivienda del Ipvdu. Alzogaray, cuando declaró, señaló que el ex interventor Durán le había solicitado que cobre $4.000 por cada persona que se presentara a solicitar una inscripción.

Sin embargo, María Alejandra Espinosa, otra de las imputadas, dejó en claro que existía una especie de tarifa bien establecida. Según sus dichos, cobraba $20.000 si quería acceder a una casa de Lomas de Tafí, también $20.000 por una vivienda recuperada; $8.000 por una remodelación, pero si alguno de los interesados presentaba un certificado de discapacidad.

La supuesta líder de la asociación declaró además que, estando detenida, se enteró a través de otra de las imputadas que su ex pareja habría cobrado hasta $6.000, es decir $2.000 más de lo que se había establecido y que los mismos acusados reconocieron haber recibido en nombre de Alzogaray.

El misterio de cuánto cobraba nunca podrá ser esclarecido, puesto que los acusados y las mismas víctimas sostuvieron que jamás recibieron o entregaron recibo por el dinero que habían entregado.

5- El fin comenzó en un salón de fiestas

Los acusados, según la investigación del fiscal Diego López Ávila, realizaron esta maniobra entre 2015 y enero de 2018, cuando los damnificados comenzaron a denunciar el hecho.

Todo explotó cuando las víctimas se habían presentado en el salón de fiestas elegido por Alzogaray para hacer el sorteo de las viviendas que había prometido. La cita fue para un 19 de enero, pero ella nunca se presentó. Los inscriptos dejaron de lado las sospechas y comenzaron a unirse para denunciar que habían sido estafados.

La supuesta líder de la organización reconoció que ella había entregado al menos una veintena de casas, pero que después dejó de hacerlo por el fallecimiento del interventor Durán. Contó que un tal “Pedro”, le habría prometido tratar de solucionar el problema, pero eso nunca sucedió.

María Alejandra Espinosa, que también quedó cerca de ser enjuiciada por la estafa, reconoció que ella no se enteró de que ninguna persona haya recibido alguna de las casas. “Jamás conocí a ninguna persona a la que Alzogaray le haya entregado una vivienda en el barrio Manantial Sur, Lomas de Tafí o Yerba Buena. Sí sabía que entregó los módulos habitacionales porque su papá los construía”, declaró Ruth Anabel Jiménez.

Los fundamentos del fiscal López Ávila

- Se desconoce el verdadero vínculo que Elizabeth Alzogaray mantuvo con algunos miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el peso que pudo o no haber tenido.

- No obstante a esta dificultad, la imputada Alzogaray se valió de dichas circunstancias para exhibirles y demostrarles a las víctimas que tenía un verdadero acceso al poder político.

- El número de víctimas asciende a 1.500 personas; podemos apreciar que los encausados se apropiaron de sumas millonarias, no habiéndose podido dilucidar aún el destino de las mismas.

- Los otros miembros informaban a las víctimas que Alzogaray tenía contactos políticos y que debían votar a los funcionarios del Gobierno de turno para poder obtener una vivienda.

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