Cenizas quedarán

03 Oct 2020 Por Roberto Delgado
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Convengamos que la ley que regula el establecimiento de crematorios en la provincia salió de apuro y con 17 años de atraso, porque el primer debate sobre el tema es de 2003. Por otro lado, la norma es posterior a los trámites de los empresarios que quieren poner la funeraria en San Pablo, de modo que está por verse si se aplicará sobre el proyecto ya en marcha. Finalmente, los criterios para la sanción de la norma han sido tan apurados como el motivo para aprobarla sin debate: se proponía que estos establecimientos fuesen erigidos en zonas distantes al menos 15 km de cualquier población, y se redujo a seis km porque el legislador Sergio Mansilla, ex intendente de Aguilares, planteó que la ciudad sureña ya tiene los hornos comprados para instalar un crematorio en un terreno del cementerio municipal. Es decir, está claro que acá no hay argumentos científicos ni cuestiones urbanas. Alea jacta est (la suerte está echada). Con el mismo empuje con que los vecinos de San Pablo se plantaron ante el movimiento secreto de los emprendedores de Los Balcanes y de la empresa Gálvez, la gente de Aguilares podría reclamar cementerio sí, hornos no.

Impacto estético y psicológico

El intento de 2003 fue como un bombazo para la gente de Villa Carmela. En ese caso era un emprendimiento llamado Crematorio San Pedro, que iba a instalarse en la entrada del barrio El Mirador, en la misma cuadra donde funcionaban dos colegios y una guardería infantil. “Un crematorio a la entrada del barrio nos va a afectar psicológicamente porque vamos a estar pensando que ahí hay un cadáver que se está quemando”, dijo entonces la vecina Griselda Juárez, vocera de un grupo de residentes de varios barrios cercanos. Entonces hablaban de que esos hornos debían estar por lo menos a 1.000 metros de cualquier población. Y hubo todo tipo de argumentos, como que ”el desfile de carrozas fúnebres en esta zona va a desvalorizar nuestras propiedades” o que “en este barrio hay muchos vecinos con asma”, que reforzaron los temores. Los empresarios argumentaron de todo. Que era tecnología moderna; que no contaminaba; que nada iba a estar a la vista; que era el único proyecto de este tipo para el NOA, ya que el horno más cercano estaba (entonces) en Córdoba; y que era el signo de la modernidad, ya que esa era la tendencia en los cementerios, tendencia que ya había sido adoptada en Buenos Aires 30 años antes.

No hubo caso. La empresa San Pedro no pudo superar la oposición de la gente, como le está pasando a los empresarios de San Pablo. Después hubo intentos en 2008 (en Yerba Buena y en San Miguel de Tucumán) y en 2016 (otra vez en San Miguel de Tucumán). Al fin en 2017 la empresa Flores montó el “Parque del descanso” en Tapia, lejos de cualquier población. José Antonio Flores dice que en El Naranjo tuvieron que vender el terreno que habían comprado. “La gente nos hizo piquete y nos tuvimos que ir a Tapia donde no había nadie a 5 kilómetros a la redonda”.

El emprendimiento de Tapia muestra lo que ya se planteaba en 2003. Crece la tendencia a la cremación. En el cementerio de La Chacarita (enclavado en medio de la superpoblada ciudad de Buenos Aires) hay 18 hornos. Según informaciones periodísticas, el 57,9% de las personas fallecidas llevadas a los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta en 2019 recibieron el servicio crematorio. En el mundo la proporción entre cremaciones e inhumaciones es 50 y 50, dice Flores, aunque en Tucumán es de poco más del 10%. De 800 decesos mensuales, se hacen 100 cremaciones.

Antes se hacían cremaciones en Salta (El Bordo) y ahora en Tapia y también en Santiago del Estero (El Polear, cerca de La Banda). En la sesión legislativa se supo que está en marcha un proyecto en Aguilares, puesto que los cementerios municipales en toda la provincia están sobresaturados. No sólo es una cuestión de espacio, sino también una cuestión económica. El sistema de pagar para siempre por la parcela o el mausoleo decae por la morosidad, mientras que las cremaciones se pagan una vez y hay lugares religiosos donde depositar las cenizas, puesto que la Iglesia acepta ya esta modalidad funeraria. Y hay quienes eligen arrojar las cenizas en lugares de afecto o emblemáticos, como fue el caso de Mercedes Sosa, cuyas cenizas fueron arrojadas al viento en San Javier y en otros dos sitios del país.

No obstante, queda claro que los cambios con respecto a las despedidas fúnebres no alteran las inquietudes atávicas que genera un crematorio entre nosotros. ¿Contamina? La respuesta la deben dar los funcionarios. La directora de Medio Ambiente, Florencia Sayago, ha sido discreta al afirmar que los hornos modernos tienen sistemas y filtros que permiten medir y controlar la emisión de partículas. Pero más bien puso énfasis en que un emprendimiento de esta clase debe pasar la aprobación de los vecinos y por ello la responsabilidad de que se apruebe recae en la autoridad política, en este caso el delegado comunal de San Pablo, Sergio Castro. A propósito, ya circula por las redes sociales el rumor de que no aprobaría el proyecto, pero aún no hay anuncio oficial. Hay 10 días hábiles hasta que se tomen decisiones.

El biólogo Juan González (fue director de Medio Ambiente en la provincia en 2003) afirma que se debe controlar y monitorear el proceso de quema mediante tecnología de análisis de gases y partículas, y dice que algunos de los gases que se desprenden de los crematorios “no se evalúan habitualmente”.

¿Cómo se hacen esas evaluaciones? Sayago dice que el crematorio de Tapia cumple con los monitoreos, pero que las revisiones las pide periódicamente la misma empresa a la Estación Experimental. Ya lo dijo el defensor del pueblo, Fernando Juri Debbo: no hay una oficina específica para este tipo de control en Medio Ambiente ni en el Siprosa.

Distintas motivaciones

Al mismo tiempo, la protesta del crematorio es una burbuja que cobró mucha fuerza por el impacto social que tienen los vecinos de los barrios que han ido creciendo en San Pablo y que advierten sobre el proyecto que apareció solapadamente. La sociedad tucumana no tiene la misma fuerza para reclamar por la contaminación del aire producida por las quemas de caña, pastizales y basura, que arrojan partículas dañinas para la salud y la agricultura. Una carta de un lector anteayer da cuenta de la imparable lluvia negra en la Banda del Río Salí; y las poblaciones cercanas a ingenios y a cañaverales (como Los Ralos) advierten constantemente de este drama de contaminación. La Universidad de Córdoba midió la dañina polución tucumana hace ocho años y arrojó cifras de miedo. Las mediciones por satélite que se hacen ahora -relata el biólogo González- arrojan niveles alarmantes de partículas en la atmósfera por la quema de vegetación. El 25 de agosto había 147 microgramos en Concepción, mientras que el nivel aceptable es de 25 microgramos. Eso respiraban los concepcionenses.

Se trata de que los motivos religiosos y culturales tienen más fuerza que los motivos de salud. Las mediciones científicas, en estos casos, son de valor relativo. No sirven para aprobar un horno y tampoco sirven para que la gente se movilice contra la quema de caña y de pastizales. Es una cuestión cultural, estética y religiosa.

Dice el legislador José Ricardo Ascárate que la norma aprobada de apuro podría no ser suficiente. La Ley Nacional de Ambiente requiere medir impacto social y que se realicen audiencias públicas. ¿Qué pasará en los próximos días? Aunque los ánimos se estén apaciguando, la solución está lejana. Al igual que hace 17 años, de este debate incompleto cenizas quedarán.

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