La cuarentena del gabinete

23 Sep 2020 Por Marcelo Aguaysol

Hay una certeza y miles de incertidumbres dentro de la Casa de Gobierno. La primera está relacionada con el elenco gubernamental. Juan Manzur, el gobernador de la provincia, no proyecta efectuar cambios en la primera línea, más allá de los cuestionamientos hacia el ministro de Seguridad, Claudio Maley. La segunda línea, como se suele decir en la sucesión de cargos, ha funcionado en la coyuntura, pero todos detrás de una pandemia que ha cambiado la perspectiva al mundo. Casi la mitad del gabinete sigue en aislamiento. Algunos asumiendo que, por distintas razones, componen lo que se conoce como el grupo de riesgo a contraer el virus si se exponen públicamente. Sin embargo, estos funcionarios, entre los que se incluye el ministro de Economía, Eduardo Garvich, o el titular de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, reciben visitas periódicas del mandatario provincial e incluso de sus pares para coordinar acciones, como sucede entre el mismo Garvich y el titular de Interior, Miguel Acevedo, que también había tomado unos días frente a la eventual exposición a la covid-19, ya que algunos de sus colaboradores habían exteriorizados síntomas de la enfermedad.

En varios casos, estos funcionarios han tenido que abandonar la cuarentena para cumplir gestiones puntuales, que requerían su presencia. Pero el Estado debe seguir funcionando. Además de Maley, en el Comité Operativo de Emergencias (COE), siguen de cerca las decisiones las titulares de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y de Salud, Rossana Chahla, que desde que arrancó la pandemia ya se ha sometido a cinco hisopados, todos negativos. Otro caso puntual es el de la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, que también está en el grupo de riesgo, y que también ha delegado parte de su tarea en su segundo, Pedro Sandili. En la planta baja, Federico Nazur -fiscal de Estado- continúa abriendo el paraguas jurídico protector. Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación, ha dado positivo para covid-19 y está en aislamiento.

La Casa de Gobierno prácticamente ha sido blindada sanitariamente. Sucede que varios empleados y funcionarios que prestan servicio en el histórico edificio han contraído el virus. Todos los que van exteriorizan la cara de espanto y extreman cuidados para retornar a sus casas sin la enfermedad. Fuera de la sede del Poder Ejecutivo, la covid-19 deambula por doquier. Una prueba clara de esta situación es el mapa que, en Sala de Situación Epidemiológica, ha expuesto el equipo de Salud ante los intendentes, el viernes pasado. La Capital aparece con múltiples puntos rojos (representan los casos positivos). Aislar y cercar a San Miguel de Tucumán sería un problema de fondo no sólo para la vida social, sino también económica de todos aquellos que necesitan realizar gestiones en esta ciudad, epicentro de la circulación viral comunitaria. A la Provincia y al municipio no le queda otra estrategia que buscar febriles entre los ciudadanos y, en caso de hallarlos, aislarlos para que no se propague más el virus. En el interior, a su vez, el plan es sostener a algunas intendencias bajo el contagio por conglomerado, aislando a los positivos y a sus contactos estrechos para que no suba la cifra de casos. Eso se sostendrá por un par de semanas, el plazo que el equipo epidemiológico proyecta como de fuerte riesgo para los contagios. Sin embargo, hay otros profesionales de la salud pública que sostienen que la etapa puede llegar a extenderse dos meses más. Es decir, terminar el año en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es una posibilidad, pero forma parte de las miles de incertidumbres mencionadas más arriba. En la misma línea están las dudas acerca de las políticas que adoptará la gestión provincial para la recuperación de una provincia con déficit fiscal crónico, por el mayor gasto y por la sostenida recesión económica.

Manzur viene gestionando fondos internacionales para la ejecución de obras de infraestructura a lo largo de los próximos tres años. No hay demasiado margen para acrecentar la inversión pública con fondos propios. Dependerá -más que siempre- de la ayuda de la Casa Rosada. En lo que resta del mes, la administración nacional y también la provincial tendrán una radiografía más clara acerca del impacto socioeconómico de la pandemia de la covid-19: el dato de desocupación de la primera mitad del año (que se sostendrá al alza y por encima de los dos dígitos) y, luego, el informe de pobreza (afectaría a la mitad de la población) e indigencia.

En Educación, todo dependerá de las decisiones que se adopten a nivel nacional; la producción prácticamente está llegando a su final de temporada, salvo los vuelos para la exportación de arándanos; en Economía, se esperan también novedades de Buenos Aires para cerrar el cronograma salarial hasta fines de año, una medida que también alcanza a Interior; las complicaciones asoman para Gobierno, debido a los reclamos de los gremios estatales para reabrir paritarias y que se defina un aumento salarial -que el Gobierno considera que es de difícil cumplimiento- acorde a la inflación acumulada. En Seguridad, sólo se sabe que el gobernador ha dado instrucciones para que haya un claro vuelco en el accionar policial, que muestre a la fuerza más activa contra el delito, pero sin cambiar a los funcionarios de ese Ministerio. “No creo que eso sea la solución”, habría esbozado Manzur.

Este 2020 cerrará con un fuerte déficit fiscal que condicionará el rumbo de 2021, un año electoral en el que el gobernador se jugará gran parte de su futuro, más allá de 2023. Ese año, las urnas darán su veredicto.

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