Las internas que preocupan a Manzur y la prohibición que se convertirá en restricción

12 Sep 2020 Por Marcelo Aguaysol
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Juan Manzur, Rossana Chahla y Osvaldo Jaldo, durante la entrega de equipos médicos hace una semanna. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

Una noticia muy esperada por el golpeado sector comercial, como es la flexibilización de actividades en bares, restaurantes y gimnasios. La misma noticia causa una profunda inquietud en otro ámbito, en el de la salud, que lleva el peso de la pandemia en un escenario de crecimiento constante de casos positivos de covid-19. ¿Cómo conciliar la salud con la economía? ¿Qué es lo que se privilegia en esta pandemia, con curva ascendente de contagios? El gobernador Juan Manzur quedó entrampado en este dilema entre salud y economía. Esta semana, su gestión ha soportado una fuerte protesta ruralista en las narices de la Casa de Gobierno; una bicicleteada en plena peatonal del microcentro; protestas callejeras de propietarios y de empleados de bares y de restaurantes y ahora una fuerte interna dentro de su gabinete, con una ministra de Salud, Rossana Chahla, que ha quedado descolocada ante la decisión gubernamental. Manzur, que en otros momentos adoptó las recomendaciones de Salud, ha explicado ayer a LA GACETA que adoptó ese criterio privilegiando lo laboral y lo productivo, pero sin dejar de seguir, con atención, la evolución epidemiológica. En los días previos, había recibido un informe del equipo sanitario que conduce Chahla, que mostraba dos estrategias posibles para tratar de frenar los contagios. Por un lado, disminuir sensiblemente la circulación comunitaria, frente al incremento de casos, un criterio seguido por otras provincias de la región que también han tenido una explosión de contagios. Por el otro, y como complemento, continuar con la búsqueda de febriles y de focalizar la acción epidemiológica en el entorno de un caso positivo. Manzur cantó paso en el primero y quiero en lo segundo.

El jueves por la noche, la ministra se retiró de la reunión con el gobernador con la preocupación de que, al día siguiente, el Comité Operativo de Emergencia (COE) rehabilitaría la atención de clientes de los negocios gastronómicos. Manzur habló insistentemente ayer con la titular de Salud que, curiosamente no fue parte del encuentro del COE. Su intención era calmarla. Hace dos semanas había sido escrachada, en su domicilio particular, por haber sugerido el cierre de actividades. Más allá de que se explicó que su ausencia respondió a un encuentro virtual de ministros del NOA, el faltazo fue evidente. “Estamos ante un momento muy crítico y difícil, donde lo ideal sería cerrar todo. Lo real y lo que podemos hacer no es así, tenemos que trabajar y ser responsable cada uno con todas las flexibilizaciones que tiene Tucumán”, sentó posición la ministra frente a las diferencias de criterio con alguno de sus pares. El tiempo y la conducta ciudadana dirá si es que las medidas adoptadas fueron las correctas.

Tucumán registró ayer 526 contagios de covid-19, la cifra más alta desde que arrancó la pandemia, en marzo pasado. Así, llegó a los 6.346 casos positivos, según los datos oficiales. Ningún funcionario de Salud se anima a proyectar cuándo se aplanará o estabilizará la curva, mucho menos a decir hasta qué momento habrá capacidad operativa en los hospitales para atender a pacientes sintomáticos o con comorbilidad.

Más allá de estas tensiones internas en el Gabinete de Manzur, hay otras cuestiones que han causado preocupación. La más notoria es la redacción de la resolución 99, firmada por el ministro de Seguridad, Claudio Maley, por la que se prohibe, “en todo el territorio de la provincia, la circulación de personas en la vía pública entre las 23,30 y las 7”. Anoche, algunos miembros del COE analizaban la redacción de un documento rectificatorio de aquella resolución para cambiar el término prohibición por restricción o limitación, con el fin de no avanzar en derechos constitucionales de las personas, más allá de la situación de pandemia existente. De una u otra forma, la intención de las autoridades es tratar de mostrar un aspecto más coercitivo ante la falta de cumplimiento de un sector de la sociedad a las normas de bioseguridad.

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