Jaldo no se ajusta a la verdad, según letrados

El Colegio de Abogados reiteró su rechazo a la decisión de la Legislatura de pedir y publicar una lista de casos de Pedicone que hizo Leiva.

12 Sep 2020 varios autores
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EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO. Los abogados Carlos Casal y Marcelo Billone. la gaceta / foto de Antonio Ferroni (archivo)

Mediante un documento de cuatro carillas de extensión dirigido al vicegobernador Osvaldo Jaldo, las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital ratificaron su rechazo a la decisión de la Legislatura de pedir y publicar el informe que elaboró Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, de 104 liberaciones de “presos en contra de la ley” que atribuyó a su denunciante, el juez Enrique Pedicone. El presidente Marcelo Billone y el vicepresidente Carlos Casal atacaron milimétricamente la posición del vicegobernador, y hasta dijeron que “no se ajustaba a la verdad” cuando les decía que la Legislatura “había dado muestras acabadas de receptar sus inquietudes”. “Esto no sólo no es así, sino que en numerosas oportunidades donde trataron proyectos de ley referidos a la Justicia o al ejercicio profesional, donde nos cabe la intervención por ley, nunca fuimos consultados”, reprocharon.

Billone y Casal contestaron ayer la nota que el presidente del Poder Legislativo les había dirigido el 8 de septiembre para cuestionar que aquellos hayan diagnosticado que el “informe Leiva” implicaba una grave afectación a la institucionalidad. Jaldo había dicho, por el contrario: “el funcionamiento de las instituciones y la división de poderes están asegurados en Tucumán”.

Las autoridades del Colegio no sólo sostuvieron la postura de que la Legislatura había invadido la esfera de la Justicia, sino que intensificaron la crítica y no dejaron coma de Jaldo por objetar. En ese afán, los abogados advirtieron que había habido un adelantamiento de la opinión en el órgano estatal que debía eventualmente echar a Pedicone (se informa por separado). “Según la inveterada jurisprudencia y doctrina, los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias (principio de independencia), salvo que hubieran cometido (el delito) de prevaricato. Condenar o estigmatizar a un magistrado fuera del Jurado de Enjuiciamiento o del juicio político no sólo conlleva un prejuzgamiento, sino también un inaceptable apartamiento de la normativa vigente”, opinaron Billone y Casal.

Los reparos hacia la actitud de Jaldo empezaron por el mismo hecho de que haya enviado una carta sin respetar las formalidades establecidas en el reglamento legislativo. El presidente y el vice del Colegio descartaron la alusión a la Resolución 45/20 del 11 de junio por la que la Legislatura solicitó informes a la Corte Suprema y al Ministerio de Seguridad acerca de las excarcelaciones practicadas entre el 17 de marzo y julio, es decir, en el período más estricto de la cuarentena.

“Esa Resolución nunca nos fue comunicada y no se explica cuál es el porqué del pedido de informes. El 4 de septiembre recién se hace una vaga y ambigua referencia a la Ley de Emergencia en Seguridad Pública de 2016, que ninguna relación guarda con lo acontecido entre Leiva y Pedicone”, precisaron. Y añadieron que Jaldo había omitido decir que el listado de casos publicado el domingo pasado no había sido brindado por la presidenta de la Corte Suprema (Claudia Sbdar), sino por el vocal Leiva en forma personal.

Billone y Casal también rechazaron la invocación de Jaldo de que su institución se había limitado a ejercer las funciones previstas en el artículo 47 de la Constitución de Tucumán. “Para que tales facultades estuviesen habilitadas, debía existir un juicio político en trámite (que obviamente no había al 11 de junio -fecha de la Resolución 45/20-). Cabe resaltar que la Legislatura no puede iniciar de oficio el procedimiento de juicio político porque carece de atribuciones para ello. Siempre hace falta una denuncia”, dijeron.

El presidente y el vice del Colegio de Abogados concluyeron su carta a Jaldo con esta reflexión: “no puede invocarse la representación del pueblo para atribuirse facultades que no se posee y avanzar sobre otro poder (el Judicial) tan legítimo como la Legislatura. Insistir en la pertinencia de las acciones (cuestionadas) significa lo mismo que decir ‘he violado la ley y lo seguiré haciendo porque represento al pueblo. Esta es una curiosa interpretación del orden institucional y de la separación de poderes que resulta inaceptable en el régimen republicano que nos rige a todos, incluida la Legislatura, que es quien más apego a las normas debería mostrar”.

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