Opositores impulsan el concurso judicial

Los legisladores Canelada, Ascárate, Masso, Albarracín, Pellegrini y Berarducci quieren que termine la selección a dedo de los auxiliares El proyecto apunta a acotar la discrecionalidad. “Los ministros públicos pusieron a sus amigos y parientes”, objetaron.

12 Ago 2020 Por Irene Benito

El concurso público de antecedentes y de oposición para la cobertura de cargos judiciales recibió un impulso de parte de los legisladores de la coalición electoral Vamos Tucumán. Los opositores José María Canelada, José Ricardo Ascárate, Federico Masso, Raúl Albarracín, Raúl Pellegrini y Walter Berarducci introdujeron ayer un proyecto de ley para quitar a los ministros públicos fiscal y de la Defensa la potestad de elegir discrecionalmente a los funcionarios auxiliares. Según la iniciativa, estos cargos casi idénticos a los de fiscal y defensor oficial deben ser sometidos a la evaluación de antecedentes, conocimientos, salud mental y expresión oral que lleva adelante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

“La figura de los auxiliares ha permitido que tanto el ministro fiscal (Edmundo Jiménez) como el ministro de la Defensa (Washington Navarro Dávila) designen o asciendan a sus familiares y amigos a dichos cargos, que no sólo tienen jerarquía relevante, sino que sus funciones son fundamentales para la administración de justicia”, dijeron en un tramo de la motivación los opositores agrupados en cuatro bloques: Unión Cívica Radical; Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen; Libres del Sur y Partido de la Justicia Social Recuperemos Tucumán.

La propuesta apunta a transparentar el acceso al cargo actual de la hija de Navarro Dávila, Magdalena Navarro Vitar. Entre el domingo y el lunes, este diario reveló que el jefe de la Defensa había firmado dos ascensos interinos de su descendiente en menos de ocho meses. Además de a Navarro Vitar, la segunda resolución otorga la posición de secretarios judiciales “A” -auxiliares de defensor a los agentes Anabella Patricia Maza Villalba, Luciana Nicole Filmann, Gustavo Eduardo Estofán, Mariana Elizabeth Merletti, María José Ahumada, Eduardo Jorge Aguilera (h) y Bernardo José Palisa. El acto consigna que hubo un análisis de los antecedentes de los ocho abogados mencionados y que la ley faculta a Navarro Dávila para hacer los ascensos sin más trámites. Según la escala salarial, el secretario judicial “A” percibe un sueldo básico mensual de $ 140.000: a ello hay que sumar el 50% del importe por título y el 2% por año de antigüedad, menos los descuentos previsionales. Por estos ascensos, el abogado Oscar López denunció ayer a Navarro Dávila, quien prefirió guardar silencio (se informa por separado).

Con sus palabras, los legisladores opositores observaron que los auxiliares tenían casi idénticas funciones que los defensores oficiales y los fiscales, y que, por ende, debían ser nombrados con el método del concurso establecido en la Constitución, que exige la confección de una terna con estándares de publicidad, la decisión del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Poder Legislativo.


El modelo santafesino

La semejanza de funciones entre los auxiliares escogidos a dedo y los integrantes constitucionales de los ministerios públicos preseleccionados en el CAM es uno de los aspectos más controvertidos de la reforma procesal penal que entrará en vigor en toda la provincia el 1 de septiembre próximo (por el momento sólo rige en Concepción). La mayor diferencia entre ambos cargos es que mientras los defensores oficiales y los fiscales poseen todas las garantías constitucionales de la independencia, y sólo pueden ser expulsados por una destitución dispuesta en el Jurado de Enjuiciamiento, los auxiliares tienen “responsabilidad personal” y su permanencia en el cargo depende de los ministros públicos.

En cuanto al trabajo, el auxiliar de defensor puede intervenir en todos los actos que competan al titular en propiedad. El auxiliar de fiscal actúa como delegado de este, y sólo tiene vedado formular requerimientos de elevación a juicio, de sobreseimiento; de absolución; de condena y de pena. La Ley Orgánica precisa que para ser auxiliar de defensor hay que poseer el título de abogado con dos años de ejercicio de la profesión o antigüedad en el Poder Judicial, pero omite los requisitos para ejercer idéntico cargo en el Ministerio Público Fiscal.

La creación de la figura, que originalmente data de 2017, fue fundamentada en las necesidades del nuevo proceso penal, pero el Colegio de Abogados de la Capital promovió un juicio -en trámite- con el argumento de que estos funcionarios son auténticos fiscales y defensores oficiales encubiertos, que violan la prohibición de delegar atribuciones prevista en el artículo 3 de la Constitución de Tucumán. Esto aconteció pese a que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, vía per saltum (sin seguir los carriles procesales normales), convalidó dos veces entre mayo de 2019 y marzo pasado el diseño de los auxiliares sin concurso, y hasta la delegación de facultades con los votos de los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Daniel Leiva. La presidenta Claudia Sbdar consideró nula la inconstitucionalidad de los auxiliares por déficits de forma.

En el proyecto de ley, los legisladores de Vamos Tucumán subrayaron que el auxiliar es nombrado por concurso en Santa Fe, provincia tomada como modelo para remodelar la Justicia penal local. Canelada, Ascárate, Masso, Albarracín, Berarducci y Pellegrini manifestaron que la supresión de la designación discrecional iba a poner fin a la práctica nepotista que afecta “gravemente a la independencia del Poder Judicial”.


Un abogado pidió a la Justicia que investigue al jefe de los defensores

El abogado Oscar López interpuso ayer una denuncia penal contra el ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, con el argumento de que este habría cometido delitos al ascender dos veces en menos de ocho meses a su hija, la auxiliar Magdalena Navarro Vitar. “Navarro Dávila es un funcionario infiel que traiciona el interés y el bien públicos, y emplea delictivamente sus funciones para el beneficio económico de su hija”, dijo López. Y añadió que aquella conducta atentaba contra “la república y el patrimonio de los tucumanos”.

Navarro Dávila prefirió no hacer comentarios

Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, se abstuvo ayer de omitir opinión sobre los ascensos que otorgó a su hija, la hoy auxiliar Magdalena Navarro Vitar. “Agradece la consulta, pero no hará declaraciones”, dijo una fuente del Ministerio.

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