“Con su reforma judicial nefasta, Fernández está terminando de aniquilar el sistema republicano”

Diana Cohen Agrest (1954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) dice que nació en una familia con padres que apenas terminaron la primaria y que a ella le tocó trabajar incansablemente desde los 11 años. Esa laboriosidad inclinada hacia la filosofía chocó en 2011 con el homicidio de su hijo, Ezequiel, hecho que determinó su inmersión en el calvario de las víctimas de delitos. La fundadora de la organización civil Usina de Justicia afirma, en función de su experiencia, que existe un “Reino de la Impunidad” con consecuencias penosas para los ciudadanos inocentes. Y rechaza que algo de eso vaya a cambiar para bien con la proyectada modificación de la Justicia que impulsa el presidente Alberto Fernández. “Con su reforma nefasta, Fernández está terminando de aniquilar el sistema republicano”, asegura en esta entrevista remota por correo electrónico.

Protagonista del tiempo de la pandemia por su impacto en las condiciones de privación de la libertad, Cohen Agrest asegura que la crisis carcelaria es funcional a la victimización de los presos y subraya las implicancias negativas de esta realidad en el Conurbano “violento” de la provincia de Buenos Aires, aunque sus observaciones son trasladables a las jurisdicciones que padecen la misma degradación de las penitenciarías. La filósofa apunta que, en medio de tanto sufrimiento y sinsentido, ella encuentra alguna justificación para su vida en la batalla por la justicia. “Luchar por la justicia es luchar por nuestros hijos y por nuestros nietos, en suma, es una obligación intergeneracional que nos debemos”, reflexiona.

-¿Qué revelaciones produjo la pandemia en el ámbito de la Justicia?

-La pandemia sacó a la luz un plan pergeñado en la provincia de Buenos Aires desde que asumieron las nuevas autoridades: la liberación de delincuentes. Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, una organización integrada por familiares de víctimas de homicidios y femicidios, abogados y profesionales en contacto con el penoso itinerario de la revictimización ejercida por gran parte del Poder Judicial, solicitamos y acudimos a una audiencia con el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, con el propósito de formar parte de la mesa que trabajaba en ese entonces la situación carcelaria. Nunca nos llamaron, pese a que esa mesa estaba conformada por la Comisión por la Memoria (una organización vintage, que en su momento se ocupó de la violencia institucional, pero que ya no lo hace, pese al rebrote de esa violencia que hoy silencian). Y estaban los familiares de los presos, pero faltaban los familiares de las víctimas…. Finalmente, tal vez por nuestro reiterado reclamo, incorporaron a unas pocas víctimas que harán lo que puedan. En suma, para ir al punto: usando como excusa el riesgo de contagio de la covid-19, hubo liberaciones. Lo absurdo de la medida es que prácticamente no hubo fallecidos por el virus en las cárceles, pero la apertura produjo una escalada de homicidios en el Conurbano violento.

-¿Qué implica defender la mirada de las víctimas durante el aislamiento?

-Defender la mirada de las víctimas durante el aislamiento implica intentar detener una política penal asesina de inocentes. Con Usina de Justicia este año nos opusimos legalmente al libre uso de celulares por los presos y solicitamos al gobernador (Axel) Kicillof que no conmute penas de presos por la covid-19. No sólo logramos que la Suprema Corte revoque la “doctrina Violini”, sino que también pedimos el juicio político del juez (Víctor) Violini. Y gracias a nuestra presentación de un amparo, se declaró inconstitucional la acordada de la Casación Nacional que impulsaba la liberación masiva de presos. Paradójicamente, los primeros días del aislamiento -entre marzo y abril- fueron un alivio para las víctimas, quienes ante cada nuevo delito grave revivimos lo sufrido. Porque no sólo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica (la región más violenta del planeta, donde habita el 8% de la gente pero se producen el 32% de los homicidios globales), se redujo enormemente la tasa de homicidios.

-¿Qué conclusiones sacó de la experiencia con el juez Violini?

-El juez Violini habilitó la liberación de 2.700 presos (aproximadamente, porque los números no se transparentan), lo que prueba que la Justicia opera al margen de la ley: las normas penales prohíben las liberaciones en masa. Así como a cada sujeto que delinque se le inicia una causa y se le sigue un proceso, que -a veces- concluye en una pena dictada por los jueces en una sentencia, de manera análoga son los jueces de Ejecución Penal quienes deben firmar la liberación de cada sujeto, si cumple determinados requisitos. Las liberaciones “en masa” son inconstitucionales. Y sin embargo, se hicieron. Porque vivimos en el “Reino de la Impunidad”, empezando por la impunidad de los operadores judiciales que largan a delincuentes.

-¿La pandemia favoreció o perjudicó a los privados de la libertad?

-Sin duda alguna, los benefició. Porque con la excusa del riesgo de contraer el virus por estar confinados (al igual que nosotros, que estamos confinados, pese a que no cometimos delitos), los enviaron a ese eufemismo que es la “prisión domiciliaria”, sin siquiera pulseras electrónicas porque apenas se cuenta con 400 dispositivos. Pero detengámonos a pensar: muchos de esos presos ya no tienen casas; no quieren ser recibidos por sus cónyuges o, la mayoría de las veces, carecen de medios de subsistencia, por lo que vuelven a la rueda del delito. Y en nuestro país, con el grado de impunidad imperante, el delito es una forma de vida. Pero se proclama, en una suerte de delirio colectivo, el ideal de la reinserción… Por otro lado, en el caso de haber presos infectados, pueden ser enviados a hospitales, como se hace habitualmente si padecen otras enfermedades e, incluso, armar un hospital de campaña. Nada de eso se barajó. Es más: el preso liberado por riesgo de la covid puede haberla contraído afuera. Pero no sorprende: la manipulación ideológica todo lo puede…

-¿A quiénes beneficia que las cárceles argentinas en general estén saturadas, y presenten condiciones pésimas de seguridad, sanidad e infraestructura?

-Empecemos por aclarar que no todas las cárceles estaban saturadas. Y ahora, con esta liberación ilegal, sobran plazas. Por cierto, no hay condiciones de seguridad ni sanidad ni infraestructura. Porque construir una cárcel no da rédito político, y es mucho más redituable proclamar la construcción de escuelas u hospitales. Y, además, porque ese estado calamitoso de las cárceles sirve para tener de rehenes a los propios presos, que se pueden victimizar por las condiciones carcelarias y lograr la excarcelación: si las cárceles fueran “sanas y limpias”, como lo ordena la Constitución Nacional, no habría excusas para enviar a los presos a la calle. Por el respeto a los derechos humanos de los presos y a la seguridad de las potenciales víctimas, con Usina de Justicia enviamos recientemente otra presentación donde solicitamos que se construyan nuevas cárceles y se amplíen las actuales.

-¿Cuál es la transgresión ética que más le afecta o preocupa del sistema judicial?

-Condenso la respuesta en una frase que repito desde hace nueve años, cuando asesinaron a mi hijo Ezequiel: el núcleo de la transgresión es la inversión entre la víctima y el victimario. Y se trata de una ideología que caló hondo en el Poder Judicial gracias a (Eugenio) Zaffaroni y a la corriente de la izquierda jurídica, que no es dueña de prostíbulos, pero coincide en el sinsentido de la pena. Ganaron una batalla cultural que persuadió a la mayoría de las élites intelectuales, periodistas, sociólogos, políticos, en suma, a la dirigencia del país. Nueve años atrás, cuando comencé este camino escarpado de denuncia, era una voz en el desierto. Me acusaban de “hablar desde el dolor”, apotegma en el cual se basó el derecho penal para silenciar a la víctima. Pese a que en 1985 las Naciones Unidas adoptaron una declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, el reconocimiento a las víctimas se acotó al Anexo de dicha Declaración, a las víctimas del abuso de poder quienes, como se sabe, fueron indemnizadas y hasta tienen monumentos por doquier. Y recién en 2017, con un retraso de 35 años, mediante la lucha de madres, padres y organizaciones de derechos humanos de las víctimas, se sancionó en la Argentina una ley que casi no se cumple en el país, una mala ley por otra parte. Pero no se cumple no porque sea mala, sino porque a nadie le interesa el tema de las víctimas de delito común. Sin embargo, el victimario tiene un defensor público, muy bien pago como también lo están el fiscal y los jueces. Pero la víctima, que es la única que no buscó estar en ese lugar, sigue sola, a la deriva, sin un abogado público que la represente: la ley sancionada es tan pero tan mala que puso a disposición un patrocinio jurídico en contadísimas excepciones en el Ministerio Público de la Defensa. Entonces, yo me pregunto: ¿de qué o de quiénes se debe defender la víctima? ¿De las amenazas y persecución del victimario o de su familia, como sucede tan a menudo? ¿O será del propio sistema judicial? A confesión de parte, relevo de pruebas…

-¿En qué medida la corrupción influye en la criminalidad común y en la inseguridad ciudadana, según su criterio?

-Uno de los sentidos del derecho penal es la ejemplaridad. Si los de arriba roban, no sólo no dan ejemplo alguno, sino que deben exculpar “a los de abajo”. El imaginario colectivo colabora con el piedra libre para la corrupción. Cuando miro la hora y mi hijo no vuelve del trabajo, ¿me voy a preocupar por los grandes negociados cobijados por el entramado de la impunidad? ¿O me preocupo por llamarlo; llamar al trabajo; ir a al Policía o recorrer hospitales? Esa es la contracara de la impunidad de guante blanco y de la común: familias atemorizadas o destruidas por el dolor.

-¿Confía en las intenciones del presidente Alberto Fernández de reformar la Justicia?

-Por supuesto, confío en sus intenciones, lo cual no significa que las reformas sean para bien. Y básicamente, ellas se centran en la Justicia Federal, la misma que incomoda para resolver las causas de corrupción. La otra Justicia, la Justicia ordinaria que afecta al ciudadano de a pie, ya fue reformada en 1994 con la reforma constitucional, y refrendada por la Ley 24.660 sancionada en 1996 y, a partir de allí, vino toda la jurisprudencia de corte abolicionista que se fue imponiendo legal y culturamente en la sociedad. Ahí no hay nada que reformar porque hace mucho es el “Reino de la Impunidad”.

-Si pudiese asesorar al Presidente en su plan de reforma, ¿qué le pediría?

-Le advertiría que, con esa reforma nefasta, está terminando de aniquilar el sistema republicano al que muchos aspiramos. Que deponga sus compromisos personales con quien fuere porque a él también lo va a juzgar la historia. De cualquier manera, mi respuesta es un experimento mental irrealizable porque las cartas ya están echadas: el plan sistemático de destrucción de la Argentina comenzó hace tiempo.

-¿Cómo es luchar por la justicia? ¿Qué les dice a los que aún no se animan?

-“Justicia, justicia perseguirás”, dice el Talmud. La vida no tiene sentido: es uno quien debe dotar a la vida de un sentido. Luchar por la justicia es luchar por nuestros hijos y por nuestros nietos, en suma, es una obligación intergeneracional que nos debemos. Mi generación fracasó. No supimos construir un país digno. Confrontados a esa deuda éticopolítica, debemos luchar por la Justicia. Por nuestra dignidad, y por las condiciones materiales y espirituales de quienes nos seguirán.

-¿Con qué filosofía sobrelleva la aridez del reclamo ciudadano y la impunidad?

-Mi vida, tal como es hoy, no es la que proyecté ni la que hubiera elegido. Pero como dice (Jean-Paul) Sartre, estamos “condenados a elegir”. Y elegí luchar, junto a mis compañeros de Usina de Justicia, por una Justicia Justa. Y podemos continuar porque no esperamos ver en vida los resultados de nuestra lucha. Pero, además, las muertes de nuestros hijos, padres y hermanos son muertes sin sentido. En el caso de Ezequiel, quien amaba la vida, siento que soy como los atletas griegos, que en las carreras de postas deben tomar la antorcha para continuar la carrera. Siento que mi lucha le concede cierto sentido, un sentido vicario, a la muerte de mi hijo.

-¿Qué mensaje tiene para los jueces íntegros que trabajan y sufren en silencio?

-La ley ampara tanto a los jueces corruptos como a los justos: la mayoría de las sentencias a muerte firmadas con una lapicera por los jueces dependen del peso de una palabra. La ley dice “el juez podrá”, pero el abolicionismo penal interpreta como el juez “deberá” dar todo tipo de beneficios. De allí que mi mensaje es que sean valientes y que sigan sus propias convicciones si ellas tienen como fin el bien común. Y si sienten que pueden colaborar en la transformación de la Justicia puesta al servicio de la sociedad, se acerquen a Usina de Justicia, donde trabajamos para que el juez pueda juzgar con imparcialidad a sabiendas del enorme peso de sus decisiones en la vida -y la muerte- de las personas.