05 Julio 2020
Este inédito tiempo de pandemia hizo que Tucumán y Nueva York tuvieran impensados puntos en común. Los elevados índices de seguridad y los repetidos casos de abuso policial conectan a dos ciudades que ni por asomo podrían compararse en la clase de zoom de cualquier estudiante. Y como si fuera poco, la inseguridad parece mover lo inamovible. Esta semana, el gobernador Juan Manzur recibió en Casa de Gobierno a referentes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional José Cano y los intendentes Roberto Sánchez (Concepción) y Mariano Campero (Yerba Buena). Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas vinculadas a combatir el delito, tanto a nivel provincial como municipal.
Como es de costumbre, los responsables de conducir cada distrito solicitaron más presencia de agentes y facultades para fortalecer a los agentes de seguridad locales, como la Policía Municipal de Yerba Buena, para que tenga los mismos atributos que las fuerzas provinciales. En Nueva York, la lucha contra el delito también acerca la brecha entre republicanos y demócratas, pero esta semana ocurrió un hecho que quizás sería impensable en la agenda de los dirigentes locales. Lejos de empoderar al sistema policial, los legisladores norteamericanos aprobaron un polémico proyecto que recorta 1.000 millones de dólares al presupuesto asignado a la policía, que para 2020 fue de casi 6.000 millones de dólares.
¿Cómo es que la mayor fuerza policial de Estados Unidos contará con menos dinero que el año pasado, en medio de una pandemia, masivas protestas y un aumento del 47% en los crímenes registrados? La respuesta tiene dos explicaciones: la cuarentena obligó a un masivo recorte presupuestario, pero la reducción obedece al reclamo contra el abuso policial que encontró en el crimen de George Floyd, en Mineápolis, el puntapié para promover la campaña “Desfinanciar a la policía”. Las organizaciones civiles detrás de la campaña reclaman que los fondos que se quiten a las fuerzas de seguridad se transfieran a programas educativos, de salud mental y vivienda. Exigen además que incidentes cotidianos como problemas de pareja, conflictos entre vecinos y asuntos vinculados a las personas sin hogares no sean atendidos por agentes armados, sino por profesionales formados en áreas sociales.
El reclamo tiene antecedentes que sirven como argumento. El sistema de 911 de Austin, Texas, tiene operadores que preguntan si la persona necesita asistencia de la policía, los bomberos o servicios de salud mental. Las comparaciones, como siempre, incomodan, pero al menos sirven para no sentirnos tan lejos de los problemas del primer mundo. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía en principio a la idea de recortar gastos a la policía, pero cedió en las últimas semanas. Sin embargo, las organizaciones civiles se mostraron disconformes y denunciaron que el recorte fue solo “cosmético”.
Los recientes casos de abuso policial en Tucumán nos obligan a la pregunta: ¿qué pasaría si aquí se decidiera un recorte en seguridad? ¿A dónde deberían destinarse esos fondos? ¿Hacen falta más agentes o escasean las políticas complementarias que regulen protección a los vecinos y prevención? Todas las voces coinciden en que la pandemia dejará una crisis de inconmensurables dimensiones en la economía local. Así como la distancia nos dio la ventaja de prepararnos para el impacto sanitario, el caso norteamericano quizás pueda ser una muestra para pensar las distintas maneras en que podemos sentirnos seguros de la delincuencia y del propio Estado.
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