26 Junio 2020
reuters
WASHINGTON, Estados Unidos.- A mes un del asesinato a manos de un policía blanco del afroestadounidense George Floyd, la presión de las calles se mantiene firme y sus reclamos comienzan a convertirse en reformas judiciales y policiales en Estados Unidos, con un auge de iniciativas tanto a nivel federal, como estatal y local.
La muerte de Floyd, el 25 de mayo, desató una ola de protestas en cinco continentes y puso al mundo a reflexionar sobre el racismo, luego de que un video mostrara cómo falleció mientras era detenido en Minneapolis por Derek Chauvin, que lo redujo en el piso y le clavó la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, pese a que gritaba que no podía respirar.
Chauvin fue echado de la Policía, pero la inacción de la Fiscalía para presentar cargos desató una ola de protestas en Minneapolis y el resto del país, que fueron en su mayoría pacíficas, aunque durante varios días se registraron saqueos, que terminaron con el despliegue de la Guardia Nacional en algunos estados y llamados de la Casa Blanca para militarizar las calles.
La imputación a los policías que participaron de la detención -Chauvin, acusado de homicidio en segundo grado, y los otros tres de incitación y complicidad en segundo grado- fue un primer logro de las protestas, a diferencia de la impunidad con otros casos de brutalidad policial.
Ejemplo de ello fue la expulsión del policía que mató, hace tres meses, a Breonna Taylor durante un allanamiento en su casa de Louisville, en el estado de Kentucky. El crimen volvió a tener notoriedad gracias a las manifestaciones.
El movimiento de protesta ya consiguió cambios y promesas de modificaciones en 16 de los 50 estados del país, con la presentación en sus parlamentos de 159 proyectos vinculados a reformas policiales o judiciales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, una asociación no partidista de legisladores estatales.
Muchos proyectos proponen limitar o prohibir la técnica de estrangulamiento durante las detenciones policiales, un método que se usó con Floyd en Minneapolis y que venía siendo un reclamo de activistas y organizaciones civiles desde hace años.
Leyes contra esta práctica fueron aprobadas en los estados de Iowa -donde fue restringida-, Colorado -donde fue prohibida- y Nueva York, donde fue criminalizada con 15 años de prisión.
En California, el gobernador Gavin Newsom ordenó que el programa de capacitación policial del estado dejara de enseñar a los oficiales cómo usar un collar que bloquea el flujo de sangre al cerebro.
Reformas similares fueron aprobadas en numerosas localidades, como en la propia Minneapolis, donde las autoridades municipales prohibieron técnicas de estrangulamiento e hicieron obligatorio que otros policías intervengan cuando un colega apela al uso de la fuerza no autorizado.
Los pedidos para recortar la financiación de las fuerzas de seguridad, cada vez más escuchados en las marchas, están empezando a tener eco en algunas ciudades.
El intendente de Los Ángeles, propuso reducir en 150 millones de dólares los fondos de la policía; en Nueva York, los concejales piden un recorte de entre 5 y 7% para las agencias, incluidos 5,9 mil millones de dólares del presupuesto policial. Los alcaldes de Boston, Lansing y Seattle, también dijeron estar considerando recortes.
Los manifestantes reclamaron también un posicionamiento de la Casa Blanca. Tras el silencio -primero- y las críticas -después- del presidente Donald Trump a las protestas, el mandatario terminó firmando la semana pasada un decreto para “reducir el crimen” y “mejorar los estándares” de las policías; una medida que prácticamente desoye tanto los pedidos de las calles como las propuestas más moderadas de organizaciones civiles y líderes opositores.(Télam)
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