22 Junio 2020 Seguir en 
“La Nación nunca dejó de pagar los certificados de obra. Pero hay que decir que están excedidos los plazos de ejecución y se piden prórrogas injustificadas, lo que deriva en que deben aplicarse multas y deducir de los pagos esas multas”, explicaron fuentes técnicas del Ministerio de Educación de la Nación, al ser consultadas ayer por la tarde, por LA GACETA.
Las fuentes recordaron que la “promesa de los 3.000 jardines fue un proyecto totalmente inconcluso y muy mal gestionado por el gobierno anterior con una centralización absurda y contratos millonarios. Hubo 92 jardines cuyos contratos fueron rescindidos y algunas nunca se terminaron o cayeron por el desconocimiento de las realidades locales, sin planificación alguna. Muchas de las obras se han empezado a ordenar desde el Estado, aunque otras han sido muy mal gestionadas por varias de las empresas contratadas, con precariedad de los materiales que no se condicen con los mega contratos pagados y deudas tomadas por la gestión macrista, que debe absorber esta gestión”. “La gestión anterior dejó de pagar en agosto de 2019, desde diciembre y hasta el inicio de la pandemia pagamos más de $ 1300 millones”, señalaron.
Desde el Ministerio nacional también afirman que están “evitando rescindir los contratos por obras inconclusas porque entienden que la comunidad fue víctima de la pésima gestión anterior y que los métodos aplicados son legalmente cuestionables”.
La provincia acompaña
Por su lado, Marcela González, subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Tucumán, reconoce que las obras avanzaron muy lento en la gestión anterior. Con el inicio de la nueva gestión “se trabaja en forma mancomunada con la Nación para ordenar y poner al día los proyectos”. En este caso concreto, “el rol de la provincia es de acompañamiento técnico a las empresas”.
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