La Municipalidad adhirió a la ley Micaela: aprobaron un protocolo para casos de violencia

Los concejales de San Miguel de Tucumán sancionaron ayer la adhesión a la Ley Micaela, que establece capacitaciones en perspectiva de género obligatorias para los funcionarios y empleados de todos los poderes del Estado. La iniciativa se aprobó por 14 votos a favor y contó con cuatro negativas: la de los cuatro miembros de la bancada de Fuerza Republicana, Eduardo Verón Guerra, Liliana Leiva, María Belén Espinosa y Ramiro Ortega.

Junto con la aprobación, se sancionó también un “protocolo de actuación ante las situaciones de discriminación y/o violencia de género en el ámbito laboral” para el Concejo.

“Este no es un homenaje a Micaela García, una joven militante que falleció porque un juez otorgó una salida transitoria a una persona condenada por violación cuando las pericias psicológicas no lo aconsejaban. Es una ley que nos obliga a tomar políticas públicas, capacitando a todos los funcionarios y empleados. Viene a abrir cabezas en los despachos públicos para que veamos a las personas y sus derechos más allá del género. Si hubiera perspectiva de género, Micaela podría no haber sido violada, estaría viva, militando”, defendió la normativa Sara Assán. “Esta ley viene a ratificar la lucha de las mujeres en decir ‘ni una menos’ y ‘vivas nos queremos’. Se ha tratado a esta ley de feminista. Y por supuesto: somos las mujeres las que sufrimos violencia y morimos a diario. Todas, todos y todes somos iguales y tenemos los mismos derechos. Abrís el Código Civil, el Comercial y el Penal y nunca dice que la ley es distinta para hombres, mujeres, lesbianas, gays trans, no binaries... entonces hace falta una capacitación para que nos enteremos que somos iguales”, insistió la peronista.

El alfarista Alfredo “Johny” Ávila sentó la posición de su bloque: “el objetivo es cambiar y transformar los discursos culturales que naturalizan la violencia, buscamos un cambio de comportamiento para lograr la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

El bussista Ramiro Ortega adelantó que no acompañarían el proyecto. “No estamos en favor de la violencia contra la mujer, pero sí nos parece que debería sancionarse una norma local, que no requiera enviar los contenidos al Ministerio de la Mujer en Buenos Aires. Hicimos una propuesta distinta”, expresó. Ante esto, el alfarista Alfredo Toscano pidió la palabra para solicitar que la votación apruebe por unanimidad la adhesión.

Las capacitaciones deben dictarse a partir de los 30 días de la promulgación de la adhesión. La autoridad de aplicación será designada por la intendencia para la Municipalidad y por la presidencia del Concejo para el cuerpo vecinal.