Propondrán crear en Tucumán un “Consejo Económico Social”

“La propuesta es la conformación de un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo y vinculante a los Poderes Legislativo y Ejecutivo”. En pocas palabras, esa es la esencia de una iniciativa que organismos representantes de los sectores empresarial, gremial y universitario presentarán mañana al titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. La intención es crear en Tucumán un “Consejo Económico Social” (CES) con características semejantes a los que ya existen en otras provincias.

Las instituciones firmantes del documento al que accedió LA GACETA son la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y la Universidad de San Pablo-T (USP-T). El organismo colegiado que procuran constituir sería una persona de derecho público no estatal, con personalidad jurídica propia, y gozaría de autonomía orgánica y funcional para cumplir sus fines.

No es la primera vez que se intenta poner en marcha una iniciativa del tipo en la provincia. De hecho, en febrero -según Mesa de Entradas- el radical Raúl Pellegrini, con el respaldo de sus pares del interbloque Vamos Tucumán, presentó un proyecto para crear un “Consejo Económico y Social de Tucumán” (Cestuc) con funciones y objetivos similares al que se pretende dar vida ahora. Según la página oficial de la Legislatura, ese proyecto continúa en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

“No estamos hablando solamente de un organismo técnico, sino de un organismo representativo de las organizaciones de trabajadores, empresarios de la industria y el agro, del comercio y servicios, de la cultura y la educación”, sostiene la nueva iniciativa. También participarían movimientos sociales, cooperativas y mutuales, organismos no gubernamentales, centros de usuarios y consumidores, organizaciones del medio ambiente, de las comunidades religiosas y otras vinculadas a la vida local de Tucumán. (ver “La composición”).

En caso de que se apruebe su creación tal como lo establece el texto que los organismos nombrados presentarán mañana, el CES emitirá opinión sobre una amplia variedad de temas a pedido del Poder Ejecutivo (el gobernador o sus ministros), el Legislativo o por propia iniciativa. Así, podría asesorar en iniciativas parlamentarias y contribuir en la elaboración de legislación económica, social, laboral, cultural, ecológica y de investigación.

“Se trata de amalgamar intereses distintos y a veces contradictorios en aras de un objetivo común: el bienestar colectivo. El desafío es la producción de información útil, cuyo diferencial es la confluencia de intereses lograda a través del consenso”, manifiestan los propulsores de la iniciativa. En resumen, el Consejo pretende ser un órgano de consulta -en varios casos, obligatoria- de los poderes públicos.

Un despegue productivo provincial

Entre los fundamentos de la constitución del CES se enumeran varios aspectos económicos y comerciales. “La diversificación productiva se impone no sólo como generadora de fuentes de trabajo, sino también como una alternativa que nos aleje del círculo perverso de ser condenados a solamente ser proveedores de materias primas sin valor agregado”, se plantea. De ese modo, se establece que el “Compre Tucumán y el privilegio de mano de obra local en emprendimientos” son, entre otros, objetivos a perseguir por parte del órgano.

También se señala como materia de estudio y propuesta del CES el diseño de pautas de coparticipación y asignación de recursos nacionales, además del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. “El Consejo propenderá a la mejora de los indicadores socioculturales y económicos para la radicación de industrias y emprendimientos productivos, resguardando los recursos naturales, microclimas y la biodiversidad en la búsqueda de un equilibro ambiental”, se propone.

Según el documento, los objetivos económicos deberían ser acompañados por modificaciones tributarias y de facilidades de radiación de empresas “que potencien la economía local”, así como su inserción en la economía regional “históricamente postergada” del NOA y del centro-sur del Mercosur.

En busca de un consenso político

Sin nombrar casos específicos, el documento hace referencia a los intentos pasados de conformar un Consejo del tipo. “La historia de los fracasos anteriores debe servirnos para no repetir errores ni forzar acuerdos por imposición de sectores. Por ello, el diálogo, el consenso y la articulación de políticas comunes deben ser ejemplares”, solicitan las organizaciones que acercarán la idea a Jaldo.

La elección de los representantes de cada uno de los sectores que tendrían participación en el CES sería realizada cada cuatro años (con posibilidad de reelección). Los miembros -dice el texto- serían propuestos por las organizaciones en las condiciones y plazos que la reglamentación establezca, la cual debería contemplar la mayor amplitud de la integración sectorial. En definitiva, cada una de las instituciones designaría a un representante titular y suplentes. Una vez electos, sus mandantes comunicarían las designaciones al presidente del CES -sería el vicegobernador o quien él designe-, quien las formalizaría mediante resolución.

“Las instituciones (casi una veintena) que sean parte deben ser reconocidas por la sociedad como las más representativas. Los delegados deben ser elegidos con total independencia del poder político de turno”, se exhorta entre los fundamentos. Asimismo, el CES debería tener un poder de iniciativa amplio sobre las normas dictadas por el Ejecutivo. “Ese es el desafío y nuestro propósito. La historia que nos importa es el futuro”, cierra el texto.

A fines del mes pasado, el Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó por unanimidad una ordenanza que crea un comité de emergencia con objetivos parecidos a la propuesta actual. Aún es una incógnita si la Provincia adoptará un camino similar.

La composición: “una amplia representación”

El CES estaría integrado por el Presidente (podría ser el titular de la Legislatura) y: 1) cuatro miembros de asociaciones sindicales de trabajadores (CGT y CTA); 2) cuatro miembros de organizaciones empresarias (UIT, FET, Apymes y SRT); 3) dos de colegios profesionales (uno de la entidad que los nuclea y otro del Cptec); 4) cuatro de las universidades (UNT, UTN, USP-T y Unsta); 5) uno de organizaciones de defensa al consumidor; 6) dos de la Economía Social (Movimiento Mutual y Movimiento Cooperativo); 7) tres por los credos (Pastoral Social, DAIA o entidad judía y Centro Islámico -uno de cada uno-); 8) tres de la FUT (dos por mayoría y uno por minoría); 9) dos miembros por las ONG con actividad afín a los principios del CES, con más de cinco años de experiencia local.

Las funciones: varios aspectos consultivos

El proyecto señala que serían funciones del CES: 1) emitir opinión sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo y que le sean remitidos en consulta; 2) emitir opinión sobre proyectos de ley que le sean remitidos en consulta (en ambos casos, se menciona que deben “tener impacto en la vida económica de la provincia); 3) emitir informes y propuestas sobre cualquier tema socioeconómico, proyectos de inversión públicos y privados -a solicitud del Ejecutivo o la Cámara, o por propia iniciativa-; 4) opinar sobre cualquier otro asunto que se someta a su consulta; 5) elevar anualmente al Ejecutivo y Legislativo, dentro de los cuatro primeros meses del año, un informe sobre la situación de Tucumán; 6) impulsar los ODS de  2030; 7) promover el derecho a la conectividad.

La organización: la asamblea y los recursos

El CES contaría con un presidente (ad honorem) y tres vicepresidentes (por el sector empresario, laboral y universitario) elegidos cada año y cuyo orden de prelación sería establecido por sorteo. Habría un secretario ejecutivo designado por el presidente y cuya remuneración sería igual a la establecida para el secretario de la Cámara. También habría tres colaboradores que percibirían una remuneración equivalente a la categoría 10 de la Legislatura. La asamblea, que sería el órgano de decisión integrado por todos los miembros, se reuniría al menos una vez por bimestre y votaría por mayoría absoluta. Los recursos económicos de los que dispondría el CES serían los que le asigne el presupuesto provincial y las contrataciones, por concurso.