Los legisladores opositores adelantaron por la red social Twitter sus discrepancias, de cara al debate que se dará cuando se comience a tratar en el Congreso el proyecto de expropiación de la firma agroalimentaria Vicentin. También la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó “su preocupación” por la intervención, pese a que sobre la compañía pesa un concurso de acreedores a raíz de una deuda de U$S 1.350 millones, y también hubo cuestionamientos de ex funcionarios macristas.
Desde la UCR, el diputado Luis Petri señaló que el gobierno “expropia mal, administra peor y paga un costo altísimo por hacer las cosas con prepotencia y falta de apego al derecho”. “Después no le echen la culpa de todo al coronavirus, estás decisiones generan graves consecuencias”, apuntó.
Por su lado, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), señaló: “no abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin; solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”.
Mientras, la SRA manifestó que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso, como anunció el presidente, Alberto Fernández. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
También opinó el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. “Por lo que dijo el Presidente, sobre que se necesita una empresa testigo en Argentina, quieren hacer una Junta Nacional de Granos”. “Esta situación es como cuando estatizaron Ciccone, por la soberanía monetaria”, añadió.
A su turno, el legislador tucumano Ricardo Ascárate (UCR) consideró al hecho como una “revancha K”, “Además, la intervención de una empresa con un DNU es una violación a la ley de quiebras. Es forzar la ley con la fuerza de un decreto. El kirchnerismo acaba de plantarle la 125 al Presidente”.
