El crimen de la contadora: última entrega

El caso de “La farmacéutica descuartizadora”, pese a la conmoción que generó en la provincia, tuvo un insólito desarrollo. El hecho fue esclarecido a los tres días de haber ocurrido. María del Valle Dip asesinó a la contadora Liliana del Valle Cruz el 6 de febrero de 2007 en la farmacia de avenida Avellaneda al 600. Luego, para tratar de ocultar el hecho, comenzó a seccionar el cuerpo. No pudo terminar con su plan porque sus hijos descubrieron lo que hacía. Muchos de los detalles del horrendo crimen no salieron a la luz por una razón. La médica fue condenada a 12 años de prisión en juicio abreviado en 2011. Por esa razón, no se supo cuál fue el móvil del crimen. Hubo sospechas, pero ninguna certeza.

“Tenemos entendido que sufría un acoso y que ese fue el verdadero desencadenante del hecho”, explicaron Sebastián Herrera Prieto y Ángel Paliza, quienes fueron los defensores de Dip cuando la causa recién estaba siendo instruida por el fiscal Alejandro Noguera. Esa fue la estrategia que los profesionales mantuvieron hasta el final. La médica y Cruz se habían conocido a mediados de los 90 y desde ese momento forjaron una amistad. Pero los profesionales que asistían a la homicida, sin decirlo literalmente, daban a entender que había algo más.

“Cruz se había transformado en una especie de sostén económico de nuestra defendida. Ella sacaba provecho de esa situación. El día que fue asesinada, según lo que dijo Dip, hasta podría haber existido un intento de abuso”, explicó Herrera Prieto. Esa fue la versión que dio la acusada a los jueces antes de ser condenada.

“Es realmente llamativo que después de haber compartido tantas cosas, que incluían salidas, viajes y hasta reuniones familiares, haya intentado abusarla. Este crimen, como figura en el expediente, tuvo un móvil económico: la médica le robó a la víctima”, sentenció Emilio Mrad, que junto a Juan Carlos Múkdise representó a la familia de la contadora.

Entre el 7 y el 21 de enero de 2007, Cruz y su madre se fueron de vacaciones a El Mollar. La contadora, según la hipótesis, le dejó a Dip la llave de su casa para que le regara las plantas y alimentara la cotorra que tenían. Al parecer la médica le sustrajo las tarjetas de débito y de crédito que había dejado. La médica siempre negó esa acusación y responsabilizó a un joven que, supuestamente, había contratado para que limpiara los techos de esa vivienda.

En marzo de 2007, una empleada de una casa que vendía celulares se presentó en Tribunales y dijo que la médica había adquirido un equipo con la tarjeta de la contadora. “Me acuerdo perfectamente porque nos llamaron para decirnos que habían anulado la compra y mi jefe me pidió que la tratara de ubicar a esa persona para que nos devuelva el aparato. Cuando su rostro salió en el diario, me di cuenta de que era ella”, declaró en la causa.

“Ella le debía mucha plata a mi hermana porque siempre vivía en rojo y ella la ayudaba. Además, estimamos que con la tarjeta hizo unas compras por $8.000”, comentó Graciela Cruz en una entrevista con LA GACETA a los pocos días de que se produjera el crimen.

El fiscal Noguera encontró otro detalle más que le serviría para confirmar esta hipótesis. Cruz había denunciado como irregulares las compras que se habían hecho con su plástico durante su ausencia el lunes 5 de febrero, un día antes de que fuera asesinada. No se probó nunca, pero se sospechó que la contadora se presentó en la farmacia para pedirle explicaciones sobre lo que había ocurrido y exigirle que le devolviera el dinero que había gastado.

Las estrategias

Como si se tratara de un juego de ajedrez, las dos partes plantearon estrategias diferentes en el caso. Los defensores Herrera Prieto y Paliza fracasaron en su intento de que la médica fuera considerada inimputable por problemas psicológicos. Después abonaron la teoría del acoso y del supuesto intento de abuso por parte de la contadora en contra de su defendida. Pero quizás el arma más importante que esgrimieron fue el silencio. Dip, como lo permiten las normas vigentes, nunca declaró en la etapa de instrucción.

El planteo de la defensa se mantuvo inquebrantable. Hicieron muy pocos planteos, ni siquiera porque la médica batió casi todos los récords al estar detenida más de cuatro años sin haber sido enjuiciada, cuando el tope de la ley indica que el plazo máximo es de dos años. “Eso se debió a un pedido expreso de ella. Lo hizo por sus hijos. Sabía que si se producía algún movimiento en la causa, se transformaría en una cuestión mediática y eso los volvería a dañar. Los chicos eran estudiantes universitarios que hasta fueron estigmatizados por el caso”, insistió Herrera Prieto.

La querella acompañó en todo momento el trabajo de la fiscalía, pese a que no compartía la imputación que le había hecho. Noguera pidió que se la enjuiciara por homicidio simple, ya que se confirmó que el descuartizamiento de la contadora se había producido cuando ya había fallecido, es decir, la homicida no había actuado con ensañamiento. Pero Mrad y Múkdise tenía un as en la manga: a su entender, tenían elementos suficientes para considerar que Dip había cometido el homicidio para ocultar el robo del dinero y de las tarjetas, sin contar la devolución de la importante suma de dinero que le debía. Su idea era solicitar en el juicio que se la acuse de homicidio agravado.

El debate oral fue fijado para junio de 2011. Pero se suspendió porque la fiscala de Cámara, Marta Jerez de Rivadeneira, estaba negociando un acuerdo para que la médica fuera condenada a través de un juicio abreviado. Al trascender esa posibilidad, se generó una enorme polémica y los tiempos se demoraron aún más. “No había nada de extraño y de ilegal en esta alternativa. Es un instrumento que existe y al que mi defendida quería someterse para evitar que el caso volviera a tener repercusión mediática”, explicó Herrera Prieto.

Polémico final

El 20 de diciembre de 2011, con los votos de los jueces Horacio Villalba y Silvia Castellote, se avaló el acuerdo al que había arribado la fiscala de Cámara con los defensores y condenaron a 12 años de prisión a Dip por homicidio simple. Marta Cavallotti (reemplazó a la jueza María del Pilar Prieto, que se había inhibido por ser madre de uno de los defensores de la acusada) votó en contra porque consideró que la pena impuesta no guardaba relación con la magnitud del ilícito. Con esa sentencia, la médica, al poco tiempo, comenzó a gozar de permisos extramuros (primero para volver a tener contactos con su familia y después para trabajar) y luego quedó en libertad condicional.

“Había tantas pruebas que no se tuvieron en cuenta, que uno no puede creer que se haya aceptado un fallo así”, dijo Mrad. “Dip nunca hizo un relato circunstanciado de los hechos que permitiese sostener que se condice con la prueba. Sólo escuetamente dice que hubo una pelea. Ni siquiera mostró arrepentimiento”, señaló el representante legal de la familia de la víctima.

El profesional recordó que decidieron plantear el caso en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Planteamos que no se había tenido en cuenta la opinión de los familiares de la contadora en el acuerdo. Si bien es cierto que entendíamos que aún no estaba en vigencia la ley que protege los derechos de las víctimas, planteamos que el máximo tribunal estaba ante la oportunidad histórica de generar jurisprudencia. Obviamente que nos negaron todo y la sentencia quedó firme”, explicó Mrad.

La familia de Cruz, con razón, se sintió abandonada por la Justicia. No sólo porque la sentencia, a su criterio, fue demasiado leve, sino porque a pesar de haber ganado una demanda civil en contra de la homicida, hasta el momento no cobraron la indemnización que se ordenó pagar. Y a pesar de que ya pasaron varios años de la sentencia, es muy poco probable que lo hagan. Dip falleció el año pasado luego de haber sufrido una enfermedad terminal y los demandantes ahora están accionando en contra de los herederos, que tampoco pueden despegarse del asunto, a pesar de no haber tenido ninguna participación en el hecho. “Esta es la Justicia de Tucumán”, concluyó Mrad.