La causa de Alperovich debe ir a la Justicia porteña, según Casal

El procurador rechazó la competencia local pretendida por el senador.

04 Jun 2020 Por Irene Benito
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SENADOR NACIONAL CON MANDATO HASTA 2021. José Alperovich en una de sus intervenciones en el recinto. archivo

Las denuncias que atribuyen un presunto abuso sexual con acceso carnal al senador y ex gobernador tucumano José Alperovich deben ser investigadas en los Tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según Eduardo Casal, procurador general interino de la Nación. El dictamen recomienda que las dos causas abiertas a partir de las presentaciones de la sobrina y ex colaboradora de Alperovich sean acumuladas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35 a cargo del juez Osvaldo Rappa. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación acoge la opinión no vinculante de Casal, el juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán, Facundo Maggio, deberá enviar el expediente que instruye a su par porteño para que aquel controle esta pesquisa de altísima sensibilidad política e institucional.

El dictamen descarta la postura del ex mandatario, cuya defensa sostuvo que la investigación competía a los Tribunales provinciales. Por el contrario, Casal consideró que había que tratar conjuntamente los hechos denunciados en los estrados con sede en Buenos Aires puesto que, según su criterio, ese órgano está “en mejores condiciones de dar la respuesta judicial más efectiva” y “garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de la víctima de conflictos de violencia de género”. Aunque Maggio tomó más de 30 testimonios y hasta recibió un descargo del senador -la contradenuncia que aquel presentó contra dos funcionarios públicos oficialistas, el concejal David Mizrahi y el diputado nacional Carlos Cisneros, y el abogado Gustavo Morales-, Casal consideró que Rappa había hecho mayores avances. “Entiendo que es determinante en este sentido que en la causa que tramita con la dirección del Juzgado Nacional, al que la denunciante acudió primero y en cuya jurisdicción habría sido cometido el primer acto ilícito, se hayan ordenado diversas medidas de prueba, algunas ya ejecutadas y otras en pleno desarrollo”, afirmó. A esto añadió: “en la audiencia celebrada en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán, la víctima, por medio de su representante legal (Ricardo Santoro), solicitó que la causa continuara en la Ciudad de Buenos Aires”.

Los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que no están obligados a seguir el criterio de Casal, pueden expedirse en cualquier momento puesto que el orden jurídico no establece un plazo para resolver. Si bien la intervención del procurador dejó al incidente en condiciones de ser tratado y decidido, los tiempos podrían alargarse como consecuencia de la feria judicial extraordinaria aún vigente en Buenos Aires, que prioriza las urgencias, aunque el asunto de Alperovich no puede esperar, según el grupo de senadores de Juntos por el Cambio que el 27 de mayo solicitó a la Corte que imprima celeridad a esta cuestión de competencia. Por ese tema, el funcionario cuestionado ya se vio obligado a pedir una licencia de seis meses sin goce de haberes, que venció la semana pasada y que será prorrogada, según anunciaron -sin precisar el tiempo de la extensión- el presidente y la vice del bloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Aunque no consta en el orden del día, la ampliación de la licencia podría ser votada hoy (se informa por separado).

Otro argumento: un defecto de forma

Además de argumentar de que en la pesquisa en trámite en Buenos Aires había habido progresos que convertían a esa sede en la que en mejores condiciones estaba de dar la respuesta judicial más efectiva, Casal observó la existencia de un defecto formal en el procedimiento que siguió Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones local. El procurador manifestó que ese tribunal provincial, que es el que remitió el incidente a la Corte nacional, no había formalizado correctamente el conflicto de competencia al omitir la formulación del pedido de inhibición a la Cámara Nacional de Apelaciones. “(El estrado tucumano) debía dar la ocasión de considerar sus argumentos, y aceptar o rechazar la inhibición, para recién, si mediaba la insistencia (en que las denuncias debían ser concentradas por Rappa), elevar la causa a la Corte de la Nación”, adujo.

El dictamen de Casal ratifica las resoluciones adoptadas a fin de año por Maggio y por el camarista porteño Mariano González Palazzo. En total, cuatro jueces y seis integrantes del Ministerio Público Fiscal se expidieron ya sobre la competencia de las denuncias que la sobrina de Alperovich interpuso en noviembre.

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