Panorama Tucumano: el bumerán del vamos por todo

Panorama Tucumano: el bumerán del vamos por todo

El 13 de este mes cumplirá 13 años la emisión de la “sentencia” que anunciaba la muerte de la república en Tucumán. Las crónicas de LA GACETA recogen que ese día, a modo de arenga electoral para la dirigencia justicialista, la entonces primera dama, presidenta del partido oficialista y diputada Beatriz Rojkés se sinceró, y dijo: “vamos por todo”. Pocas semanas después, su esposo José Alperovich desplumó las urnas y se convirtió en el primer gobernador reelegido de la historia provincial. El hoy mandatario y verdugo de Alperovich, Juan Manzur, se consolidaba como delfín en medio de esa embriaguez de la victoria, al decir del sabio Arnold J. Toynbee. Aquel turno fue el debut de las reglas electorales -los ahora denostados acoples- incorporadas en la reforma constitucional degradante de la institucionalidad que había auspiciado Alperovich -para prolongar su mandato- y ejecutada por Manzur en su carácter de presidente de la Convención Constituyente. Fueron por todo, sí, hasta por sí mismos, a juzgar por las últimas manifestaciones de Rojkés y del defensor de Alperovich, Mariano Cúneo Libarona, quien, como si su cliente fuese sir Winston Churchill, reclamó este viernes el respeto por la presunción de inocencia y la observancia del Estado de derecho.

Que Alperovich, su esposa y su entorno -que sigue gobernando la provincia- hayan impulsado la destrucción literal de la Constitución hasta el punto de reducirla a un texto plagado de nulidades y forzarla hasta el hartazgo; transformado la Justicia en una burocracia privilegiada al servicio de los poderosos; vaciado los organismos de control en general y permitido el arraigo fenomenal de la corrupción, como observó ayer el periodista Juan Manuel Asís, no los priva del goce de las garantías inherentes a la democracia. Esa normativa fue inventada, justamente, para extirpar el canibalismo y la violencia, y limitar el ejercicio del poder. El abogado Cúneo Libarona lo enunció mejor al despotricar contra el quebrantamiento de las barreras de la ley y de la ética en el tratamiento de la denuncia de supuesto abuso sexual contra el senador con licencia Alperovich. “El Estado de derecho es lo que nos distingue de una manada de hienas”, recordó.

La carta que remitió el defensor porteño dice que hay dos causas penales en trámite -aquí y en la capital del país- por los mismos hechos y que ello vulnera el principio fundamental de que nadie puede ser juzgado más de una vez por idéntica acusación, controversia que está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada informa Cúneo Libarona sobre la querella que él y el senador formularon contra dos oficialistas, el concejal David Mizrahi y el diputado Carlos Cisneros, y el letrado Gustavo Morales, a quienes incriminaron en la presunta orquestación de la denuncia de violación interpuesta por la sobrina del ex gobernador. El contragolpe del senador sugiere un grado de decadencia institucional total. Con la excepción de Morales, que incluso promovió una acción a los fines de reparar su honor, los restantes funcionarios públicos -incluido el propio Alperovich- guardan silencio acerca de este hipotético uso de los Tribunales para extorsionar y quebrar voluntades. ¿Qué será de la vida de esa contrapartida de la imputación del presunto abuso sexual? La última novedad data del 28 de febrero de 2020, cuando el camarista Enrique Pedicone confirmó en una audiencia pública que Alperovich debía proceder como cualquier hijo de vecino que se dice víctima de delitos y radicar su denuncia por la mesa de entrada de la Justicia en vez de empeñarse en que el juez Facundo Maggio investigara todo.

Claro que después advino el asueto judicial extraordinario, pero la “desaparición” de las causas penales de interés público, que no es otra cosa que la ausencia de rendición de cuentas y de transparencia, es uno de los rasgos definitorios del Poder Judicial que Alperovich amasó junto a su ex ministro y superior de los fiscales desde 2014, Edmundo Jiménez. Aquel no sólo fue el jefe de Estado que más magistrados designó, sino que en su período estalló la tendencia a perseguir casi con exclusividad a los marginales adictos y a blindar a los tiburones. Esa desigualdad ante la ley penal -violación del artículo 16 de la Constitución Nacional- es el sello de calidad “trucumana” que inspira la prohibición de andar en moto de a dos que la Legislatura sancionó esta semana o la exigencia de cumplimiento selectivo de la cuarentena. El mismo día que la caricaturesca comisión de Juicio Político del Poder Legislativo resolvió que los que mandan pueden comer juntos sin inconvenientes, un fiscal hecho a la imagen y semejanza de Jiménez, Carlos Picón, puso a los vigilantes privados de los countries a trabajar a sus órdenes para defender el aislamiento con directivas intimidatorias que revelan el grado de penetración del desborde estatal. Es la misma lógica que transformó a Tafí del Valle en un municipio desmadrado; que permitió a la indigenista Margarita Mamaní erigirse en una fuerza parapolicial al frente del control del ingreso a La Angostura durante más de 40 días y que produjo el caso de máxima violencia institucional de los últimos tiempos: el crimen contra Luis Espinoza.

Pareciera que nadie se salva de la destrucción del Estado de derecho, concepto que las autoridades del Colegio de los Abogados de la Capital esgrimieron para cuestionar la reanudación progresiva de la actividad judicial tras dos meses del funcionamiento de emergencia. Quienes atentan contra las instituciones republicanas disponen de suficiente evidencia de que lanzan un bumerán del que no podrán librarse: basta con que se fijen en la coyuntura de Alperovich, quien se quedó con los fueros, pero sin la banca. Aquellos sótanos de la democracia hunden en el atraso, y producen padecimientos inenarrables e indiscriminados. “Mi familia sufre”, corroboró la ex presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés, en una publicación en la que citó la carta del defensor de su marido. Para evitar esa clase de calvarios y la sensación opresiva de injusticia hacían falta los Tribunales ágiles, prestigiosos e independientes triturados por el insaciable y aún vigente “vamos por todo”.

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