Sin vacuna contra el virus de la corrupción

31 May 2020 Por Juan Manuel Asis
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La corrupción mata. Las tragedias como la de Once certifican la conclusión y le conceden rango de principio a la afirmación. Así también le quitó la vida a un trabajador rural tucumano. Historias que se reproducen la sombra del funcionamiento de los organismos del Estado y provocadas por la avidez humana por enriquecerse desde el espacio de poder del cual se goza, insignificante o influyente, aprovechando las debilidades estructurales que le descubren o que le fabrican al sistema. Parafaseando: hecha la ley, hecha la trampa; hecha la estructura, hecha la debilidad. Los resquicios para delinquir están, baste mirar las denuncias y los presos por las fechorías cometidas con la obra pública. Desde el poder los abusadores persiguen el diezmo, aceitan el mecanismo, encubren y silencian. Rieras o Alfonsines son especies en extinción, de museo. Los hombres pasan y las peores mañas quedan en las reparticiones públicas, en cualquier oficina, despacho, banca o comisaría se heredan las inconductas, período tras período.

La corrupción es una constante en el Estado. Enfermedad que no distingue gobiernos, colores políticos, raza, credo o clase social. Contagio que provoca muertes, como la de Espinoza, por lo que no sirve cambiar nombres ni hacer rotaciones para evitar que se repitan crímenes: se trata de aislar el virus y perfeccionar el funcionamiento de la organización, mejorar sus estructuras, pero centralmente de imponer el respeto como valor social con ejemplos de honestidad y de honradez desde los niveles de conducción. Si no, todo sería gatopardismo. Porque el asesinato de Luis Armando Espinoza no lastimó a la institución policial como se dijo -reduccionismo elegante y de ocasión para huirle a las responsabilidades-: puso en evidencia que hay cuadros de la institución que están infectados. No hay vacuna para esos niveles de corrupción, con el agravante de que los que deben encontrar el remedio no se preocuparon por hallar la fórmula. Siempre recurren a paliativos.

Aquella muerte interpela a las autoridades policiales, no sólo para que ofrezcan disculpas a la sociedad y le pidan perdón a su familia, sino para que se animen de una vez por todas a encarrilar y a depurar la fuerza, para que recobre el respeto social, y hasta internamente. Ahí hay que hacer pie, porque eso es precisamente lo que parece haberse perdido. Es lo que revela el crimen que cometió quien debe cuidar al inocente. Porque un subordinado (o un grupo; peor aún) que es capaz de matar impunemente, y de ocultarlo a sus superiores, expone no sólo que no teme que lo descubran: sugiere además que la cadena de mando es frágil -ingenua o cómplice-, y que la disciplina de cuerpo no existe. Pura desobediencia y nada de respeto por la jerarquía, rasgo esencial para la existencia y convivencia interna en una estructura de cuadros, armada y verticalista. Si allí dentro no hay respeto, ¿qué respeto puede haber por el prójimo?

¿Acaso se replican esas peligrosas formas en la relación poder policial-poder político? Peligroso si fuera así, porque si es grave que los de abajo violen las normas, mucho peor e indigno es que los superiores lo sepan y miren para otro lado, facilitando la corruptela interna. Contribuirían al debilitamiento del sistema por falta de autoridad o por una cómoda y perjudicial incompetencia para que todo se mantenga igual. La comunidad pierde. ¿Es lo que sucede? ¿Eso implica el asesinato de Espinoza? No sólo el desempeño de la cadena de mandos policiales llama la atención, sino también cómo se desarrolla la relación entre Policía y poder político. Alguien debe dar el primer paso para atacar los nichos de corrupción. ¿Quién lo animará a romper el estatus quo? ¿Y cómo? La oposición pide que rueden cabezas, lo de siempre e insuficiente. El Gobierno, de manual, no les dará la que quieren. Sólo algunas, como para disimular limpieza, mientras se disipan los nubarrones y el olvido le gana al estupor.

Cabe preguntar si ahora atacarán la matriz delictiva que sobrevive en la fuerza, la misma que con otras formas suele incursionar en el resto de las estructuras del Estado. Durante todo el período alperovichista, por caso, la palabra Seguridad no apareció nunca en las planificaciones estratégicas del Gobierno, tal vez por miedo a meter el bisturí en la fuerza policial. E igualmente el Gobierno debió soportar una revuelta policial que paralizó a la sociedad en 2013. ¿Le teme la política a esa Policía residual de rasgos mafiosos? Después de Espinoza, no alcanzan los sumarios administrativos, los pases a disponibilidad, los recambios de funcionarios, ni siquiera que la Justicia condene al asesino: hay que practicar cirugía mayor en la institución, curarla, o exorcizarla. Necesita una refundación que cambie hábitos. Allí, por lo visto, algunos funcionan al margen de la ley, actúan por fuera de la Constitución y del Estado de Derecho, no temen y se burlan del resto, hasta de los compañeros que se empeñan en dignificar el uniforme. Son los que facilitan los rótulos negativos para los policías.

El lamento del poder político tampoco sirve, no alcanza para mitigar dolores ni despertar confianza. Su desafío es grave y serio: encarar una reestructuración a fondo, un plan que no sólo haga eficiente el servicio de seguridad, sino que principalmente erradique las malas conductas. Es lo más complicado de conseguir; y es de concreción a muy largo plazo. Nadie puede hacerse el distraído en el Gobierno: se embarcan o embarcan, so pena de que sigan apareciendo Espinozas. Es la autoridad política la conminada a desinfectar de vicios las estructuras: la policial y hasta la propia. Y aguantar los contratiempos y las amenazas de los sistemas paralelos de poder que tienen sus propios códigos y autonomía funcional, que desarrollan sus propios servicios y hacen sus propios negocios. No querrán perder ligeramente esos privilegios. Desarmarlos implica romper complicidades (amistades convenientes entre comisarios de pueblo y dirigentes políticos territoriales, vaya por caso), porque si bien la política alude a la necesidad de depurar la fuerza policial, la misión quedará a medio camino si no se quiebran esas sociedades y padrinazgos que ponen en la misma sintonía a policías y a dirigentes políticos.

Sobre el poder político recae toda la responsabilidad, porque aunque el cimbronazo fue para las autoridades policiales (la muerte de Espinoza puso en evidencia que no se las respeta, por cómplices o porque no se les teme), también resultó debilitado. Las esquirlas de la irrespetuosidad que deriva en corrupciones sistémicas también lo hiere.

¿Qué hará? Quedarse en sumarios y en expulsiones es insuficiente, debe desactivar el sistema delictual de supervivencia interna. Está visto que con su accionar algunos no temen engañar a sus jefes. Y si esa es la conducta que se repite jerárquicamente, de abajo hacia arriba, en el extremo superior está el poder político, que tiene a los representantes del pueblo, al cual deben proteger y darle respuestas. A darse por enterado. El golpe también les llega, también fueron engañados, les dibujaron subordinación. A ese nivel serán incompetentes o cómplices si no actúan para alterar el orden insano que sobrevive. El mensaje los ultraja directamente, porque al no acatarse el principio de autoridad se bordea la anarquía, producto de la ausencia de controles, la falta de disciplina y de respeto. Si no actúa, la corrupción lo llevará puesto. El Gobierno no puede desentenderse, debe actuar con una firmeza no exenta de valentía.

Aunque no se puede juzgar a toda la institución policial, algo debe modificarse, porque si está para proteger pero asesina inocentes, un contrato social se ha roto. Es natural que haya desconfianza y que se la alimente con historias de gatillo fácil y de excesos. ¿Cómo se aísla a los enfermos cooptados por ese virus corrupto? Investigar a sus integrantes no parece suficiente, habría que indagar por qué se llega a esta instancia, descubrir las causas de las fallas en el sistema, porque siempre habrá buenos y malos, pero cuando una estructura permite potenciar las maldades por culpa de sus debilidades, entonces cabe recalibrar sin medir los sacrificios. Abordaje urgente para erradicar las conductas mafiosas enquistadas en la fuerza policial y para reformular el sistema a los fines de que se fortalezca y se proteja a sí mismo e impida que el delito se infiltre.

Comprar autos, bien. Invertir en pistolas, bien. Adquirir tecnología, bien. Pero ¿cómo evitar que caiga en manos equivocadas, en aquellos anárquicos que desconocen el significado de las charreteras y el valor de las insignias? Podrán sacar a 10 o a 12 contaminados, pero los tests deben continuar, porque seguro hay más enfermos, y siempre los hubo.

Nuevo protocolo epidemiológico para contrarrestar la corrupción, de eso se trata en el fondo. Así es como fueron inevitables las remisiones a la dictadura militar, porque en la Policía se encontró a ejecutores de las peores prácticas. En los juicios de lesa humanidad un policía siempre apareció en el banquillo de los acusados. Ocurrirá siempre que suceda algo parecido, porque en ese tiempo de ausencia de libertades se grabó a fuego la imagen de una fuerza policial represiva y cómoda en la ilegalidad. El crimen de Espinoza revivió ese fantasma del pasado para recordar que la corrupción mata. No puede haber desaparecidos en democracia, sostuvo Jaldo un día antes de que se descubriera el cuerpo del trabajador. Es una afrenta, más teniendo en cuenta que el Gobierno nacional tiene en los derechos humanos una bandera de lucha, una identificación ideológica. Pésima imagen de Tucumán, que si no estalló nacionalmente fue porque la potencia del coronavirus lo desplazó de los primeros planos.

El crimen debería provocar una reacción del poder político para reconstruir la estructura policial, con iniciativas que erradiquen costumbres equivocadas a la sombra del propio sistema, claro que no sólo tendrían que alcanzar al cuerpo policial sino también al político, porque comparten ambiciones al amparo de las debilidades de la organización del Estado. Hecho que no permite demasiado optimismo.

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