La Justicia se ilusiona con la suba salarial

Un adjetivo bastó para ilusionar al personal del Poder Judicial con el cobro del tramo final de la cláusula gatillo de 2019. La perspectiva del aumento salarial se funda en la cualidad “nuevas” unida a las palabras “asignaciones en concepto de sueldo básico”: tal expresión consta en la Acordada 285/20 que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió el 19 de mayo. Sin explicitar el porcentaje del incremento, los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos aprobaron la liquidación de las remuneraciones a partir de este mes para empleados, funcionarios y magistrados “en función de las sumas indicadas en las actuaciones”, que no forman parte de la decisión (el vocal decano Antonio Daniel Estofán no firmó porque está de licencia en Buenos Aires) . Con matices, la expectativa es que la Corte reconozca el aumento del 15% que el Gobierno de Juan Manzur otorgó en forma escalonada y con sumas no remunerativas a los estatales a partir de marzo.

En función de la lectura de la Acordada 285, los representantes de los distintos estamentos coinciden en que sabrán qué pasó con sus sueldos cuando los perciban. “Nadie la tiene clara. Si bien hemos elevado una petición con varios puntos, entre ellos el salarial, la prioridad es ser empáticos y comprensivos con la sociedad durante la pandemia. Sí es cierto que nuestro ingreso está congelado desde septiembre de 2019 y que la reforma jubilatoria llevó el descuento del 12 al 18%. No tenemos información oficial, pero esperamos compensar esa reducción y mantener el haber de marzo. Debido a la inflación creciente, esta actualización permitirá una compensación mínima”, opinó María Elisa Gallo, presidenta del Centro de Funcionarios Judiciales. Gallo dijo que, en promedio, los aportes previsionales de los funcionarios ascendían a $ 12.000. “Nosotros no deberíamos tener subas no remunerativas porque la Justicia debe dar el ejemplo y hacer los descuentos legales. Sería deseable que eso suceda en el resto del Estado. En cuanto a los meses adeudados de actualización, aguardaremos hasta saber a ciencia cierta en qué consiste este aumento”, añadió.

“De aquí al día que haya que ir al cajero puede pasar cualquier cosa. Tenemos que esperar a ver la boleta y a tener el dinero acreditado”, acotó Omar Maldonado, secretario general del sindicato Judiciales Tucumanos Agremiados. El dirigente aseguró que la Acordada 285 sólo iba a recomponer los sueldos. “No la llamamos suba, sino deuda. Nos pagarán la inflación de 2019. Aún así, seguimos abajo de lo que corresponde en función del aumento de precios. Queda pendiente la paritaria 2020”, consideró. Maldonado planteó que los judiciales están atrasados respecto del resto de la administración pública porque no cobraron la cláusula gatillo -actualización que sigue la evolución del índice oficial de la inflación- con la retribución de marzo. “Vamos a seguir discutiendo. Los ministerios públicos están en la misma situación porque la Corte pone la pauta salarial”, precisó el sindicalista. Y, al igual que Gallo, añadió que la Justicia no podía dar sumas “en negro”: “solicitamos aumentos remunerativos para que impacten en los jubilaciones y preserven el principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. Un sector nos tilda de ‘privilegiados’, pero los cambios del régimen de jubilación nos perjudican. No todos ganamos como en los Tribunales Federales de Comodoro Py”.

“La Acordada 285 tiene muchos tecnicismos: no la entiendo. Recién hoy voy a recibir una explicación. Nosotros pedimos el pago de la cláusula gatillo, pero nuestra preocupación mayor en este momento pasa por evitar los contagios de la covid-19 a partir del cese del asueto (judicial extraordinario)”, expresó María Nélida Paz, secretaria de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional Tucumán (UEJN). Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados, manifestó que tampoco podía opinar sobre la Acordada 285: “no tengo información oficial y no puedo hacer ninguna interpretación. Tampoco hicimos presentaciones formales respecto del aumento”.

Alejandra Martínez, dirigente disidente de la UEJN, había planteado una acción de amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para obtener el incremento por medio de una orden judicial. El miércoles, Martínez solicitó a la Corte que aclare los términos de la Acordada 285. “Aunque resulte una obviedad, del oscuro texto del instrumento no surge el porcentaje del aumento. Tampoco exterioriza VE (vuestra excelencia) si el incremento tiene efecto retroactivo dado que el último ocurrió en septiembre”, precisó con el patrocinio del abogado Gustavo Morales. Martínez agregó que la falta de motivación privaba al acto de un requisito esencial para su validez, y generaba perplejidad e incertidumbre al personal. Y se puso ella misma como ejemplo: dijo que no sabía si su amparo había o no devenido abstracto por la Acordada 285.