El personal trainer judicial debe ir a juicio, según la fiscala

La Justicia “se investigó a sí misma” y concluyó que hay pruebas de sobra para enjuiciar a dos de sus integrantes, el ex jefe de los oficiales notificadores y personal trainer Rodolfo Enrique Neufeld, y el prosecretario José Agustín Marquetti. La fiscala Adriana Giannoni consideró que ambos deben rendir cuentas ante un tribunal penal por los presuntos delitos cometidos mientras cumplían sus funciones. En el caso de Neufeld, la investigación constató que durante años percibió el sueldo oficial más los bonos de movilidad atinentes a las notificaciones que debía hacer aunque en su horario de trabajo judicial daba clases en Altos de Urquiza, un gimnasio de esta capital.

Más allá de las conductas específicas que analizó, la fiscala advirtió sobre la existencia de un ambiente que permitió y naturalizó las irregularidades. “Hubo una estructura institucional que amparó, posibilitó, silenció y facilitó las supuestas prácticas ilícitas”, escribió Giannoni en el requerimiento de elevación a juicio oral que presentó en febrero. El dictamen indica que la investigación permitió constatar la eventual comisión de delitos por parte de otros integrantes del Poder Judicial, pero que su persecución correspondía a la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos. El requerimiento de Giannoni respecto de Neufeld y de Marquetti, y la oposición están en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°1 de San Miguel de Tucumán a cargo del juez Alejandro Tomas, quien debe resolver si habilita o no el juzgamiento.

Los testimonios que tomó la Fiscalía refieren que el imputado gozaba de un trato especial. La funcionaria Carolina Ledesma Padilla, nuera del ex vocal de la Corte Suprema, René Goane, confirmó que Neufeld, que trabajó con ella en la Secretaría Administrativa, no firmaba planillas de egreso. Teresita Comolli, directora de Recursos Humanos, ratificó que el funcionario había sido ascendido en propiedad pese a que no había cumplido el año como interino. La agente Amalia del Valle Martínez corroboró anomalías con el diligenciamiento de las notificaciones y afirmó: “quienes procedían en tal sentido eran Marquetti, Gustavo Paz, Gerardo (no dice el apellido) y Neufeld, todos designados por Goane, con quien los mencionados hablaban en forma directa y eran ‘intocables’”. Otros testigos dijeron que sabían que Neufeld iba al gimnasio en el horario de Tribunales.

“Tuvo una vertiginosa carrera judicial: llegó a la máxima categoría que podía aspirar un empleado con título secundario. Pero la investigación nunca pudo corroborar el seguimiento de la prestación efectiva de servicios. ¿Quién autorizó y con base en cuál excepción que Neufeld tuviese el privilegio de cumplir con una carga inferior a la del resto de los empleados judiciales?”, interrogó Giannoni. La fiscala dijo que esta conducta adquirió características penales cuando el imputado se convirtió en funcionario público, en 2013. “La actuación de este presupone una conducta decorosa y digna, y, por supuesto, la prohibición de utilizar las prerrogativas del cargo para la obtención de beneficios personales. El proceder del acusado ha implicado palmariamente el mancillamiento y el deshonor de la preciada fe pública”, agregó.

El requerimiento tiene por acreditado que, ya en la etapa de notificador, Neufeld recibía las cédulas y se las entregaba a Marquetti: “luego de que este, con su puño y letra efectuara atestaciones en el cuerpo de esas notificaciones, las devolvía a Neufeld quien, con pleno conocimiento de las maniobras y sin que los actos hayan sido cumplidos por su persona ni ante su presencia, estampaba su firma y colocaba el sello”.

La fiscala llamó la atención sobre la falta de diligenciamiento de las notificaciones encomendadas; la nulidad de las practicadas y que Neufeld se presentaba igualmente a cobrar los bonos de movilidad. La fiscala dijo que ello implicaba un ingreso adicional al que ya percibía de la Justicia, y calculó que entre junio de 2013 y julio de 2016 ganó $ 192.000 con los bonos (U$S 13.800 de ese último año). Tanto Neufeld como Marquetti negaron los hechos al declarar como imputados.

La pesquisa comenzó de oficio a partir de la publicación de LA GACETA del 19 de julio de 2017. La crónica narraba que las vocales de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, María Poliche de Sobre Casas y Beatriz Bisdorff, habían detectado una incompatibilidad grave en ocasión de denegar la indemnización de $ 258.522 más intereses que Neufeld reclamaba al gimnasio Altos de Urquiza por el trabajo desarrollado entre 2002 y 2015. Las camaristas observaron que el demandante cumplía su función de entrenador personal en el mismo horario en el que debía estar prestando servicios en los Tribunales, donde ingresó como ordenanza en 2005 y llegó a ser jefe de los Oficiales Notificadores en 2016 por decisión de la Corte Suprema.

Tras el hallazgo de Poliche de Sobre Casas y de Bisdorff, el alto tribunal inició un sumario administrativo que se tramitó en paralelo a las actuaciones que Giannoni abrió para determinar la presunta perpetración de delitos. En abril de 2018, los vocales Daniel Posse, Goane (jubilado), Antonio Gandur (fallecido) y Antonio Daniel Estofán resolvieron quitar tres cargos a Neufeld, y trasladarlo al Archivo, aunque advirtieron que la sanción podría empeorar en función del resultado de la causa penal que instruyó Giannoni. Esa decisión permitió al personal trainer conservar el cargo de prosecretario “B” remunerado con un salario de $ 53.174 (más de U$S 2.000 de ese momento). La hoy presidenta Claudia Sbdar votó en disidencia: dijo que el funcionario cuestionado debía ser expulsado y que ello guardaba coherencia con las sanciones que la misma composición de la Corte había aplicado en el pasado.