La gremialista judicial Alejandra Martínez acudió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para lograr que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pague el aumento salarial correspondiente al último tramo de la cláusula gatillo que los estatales de la provincia pactaron para 2019. Martínez, quien se presentó como empleada de los Tribunales locales, dijo que la última suba otorgada por el alto tribunal se remonta a octubre. “Es decir, hace exactamente medio año que los salarios de los integrantes de la Justicia no tienen incrementos”, precisó la dirigente en el amparo.
La secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional Tucumán (UEJN) se presentó el miércoles ante la Cámara con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, y pidió una cautelar que disponga la liquidación de los aumentos hasta tanto concluya el litigio por tratarse de créditos alimentarios y estar cubiertos los requisitos de las medidas precautorias. A continuación, Martínez recusó al camarista Juan Ricardo Acosta. “Destaco que, ante un planteo similar efectuado por el ciudadano Gustavo Salas Correa, empleado público y dirigente disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el cuestionado magistrado Acosta denegó arbitrariamente la medida cautelar debido a su dependencia absoluta con el Gobierno provincial. Debe apartarse de esta causa porque existe un temor fundado de parcialidad”, objetó Martínez. Si la recusación prospera, el caso quedaría en manos del camarista Sergio Gandur.
La demandante observó que el Gobierno había suspendido el pago de la actualización del salario en función del índice de la inflación (cláusula gatillo), pero, luego, dio marcha atrás y concedió el aumento escalonadamente al personal de la administración pública. “El alto tribunal siempre contó con un presupuesto propio con fondos suficientes para incrementar los salarios de empleados, funcionarios y magistrados según los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, añadió.
La gremialista manifestó que correspondía que todo el personal del Poder Judicial gozara de la cláusula gatillo como lo hace el resto de la administración pública “sin distinción alguna”: “el excesivo tiempo transcurrido justifica la emisión de la cautelar porque se trata de una inicua discriminación perpetrada paradójicamente desde la cima del Poder Judicial”.
