Los tucumanos exceptuados por sus funciones del aislamiento social preventivo y obligatorio comienzan la semana con incertidumbre. ¿Volverá el servicio de transporte público de pasajeros a funcionar o se mantendrá el paro de choferes y demás trabajadores del sector, en reclamo por salarios adeudados? Este nuevo conflicto, enmarcado en una crisis nacional por los subsidios que reciben los empresarios del Gobierno federal, es un eslabón más en la larga cadena de jornadas en las que los ciudadanos de esta provincia se vieron imposibilitados de acceder a una prestación esencial para la vida cotidiana.
Una prueba de ello es el proyecto para la “provincialización” del transporte, que había presentado el Poder Ejecutivo (PE) ante la Legislatura el 10 de marzo, pocos días antes de que la pandemia de covid-19 llevara a la cuarentena obligatoria a los argentinos. La propia propuesta del Gobierno destaca que “la obligatoriedad en la prestación del servicio y el derecho de acceso de los usuarios en condiciones de continuidad, regularidad, uniformidad e igualdad son los pilares previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”. Además, señala que “el Estado debe procurar la protección permanente de tales derechos”.
La crisis epidemiológica puso en suspenso el debate legislativo de esa iniciativa. Sin embargo, el proyecto oficial demuestra que la crisis del servicio es de vieja data. En esta ocasión, quien vela por buscar una resolución es el Ministerio de Transporte de la Nación, dado que el alcance del conflicto es nacional. Una veintena de provincias se vieron afectadas por el paro de trabajadores de UTA (en Tucumán son unos 4.000 afiliados). Pero ni siquiera la liberación de los subsidios nacionales serían suficientes para aliviar la situación en esta jurisdicción, ya que las empresas anticiparon que la caída de la recaudación registrada durante la cuarentena también impactó severamente en las finanzas del sector. Así, en el sindicato local se mantienen alerta, ya que ni con los aportes federales alcanzarían a cobrar el sueldo de abril, cuando ya pasó más de la mitad de mayo.
Hace años que los empresarios alertan sobre los altos costos que afrontan, al punto de considerar que la actividades deficitaria sin aportes gubernamentales. Y sostienen que las firmas porteñas son las más beneficiadas por los esquemas de financiamiento público. Así, hasta el momento, las dos únicas variables que surgieron en el diálogo con el Estado -nacional, provincial y municipal- fueron la suba del boleto o un refuerzo en los subsidios girados desde el erario. En un contexto de crisis económica generalizada, ambas opciones parecen de difícil aplicación. El usuario no está en condiciones de afrontar un pasaje más costoso, y las arcas nacionales, provinciales y municipales tienen sus cuentas comprometidas en salarios y otros servicios básicos que sí corren por su cuenta y están a su cargo, como la salud, la seguridad y las políticas alimentarias. ¿Hubiera sido más sencillo salir de esta compleja situación si el poder político se hubiera abocado a alcanzar una resolución de raíz con prelación? No habrá una respuesta cierta a este interrogante. Pero los antecedentes evidencian que, incluso en tiempos de coronavirus, si las autoridades estatales permanecen como espectadores en la relación entre los empresarios del transporte y los choferes y demás trabajadores del rubro, lo más probable es que la larga cadena de días sin este servicio esencial sume eslabones en Tucumán.
