La mirada para ayudar a otras Micaelas

12 May 2020 Por Gabriela Baigorrí

La voluntad política apareció y la provincia contará con un programa de capacitación obligatorio en género para los trabajadores de los tres poderes del Estado. La interna oficialista entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo parirá finalmente una de las leyes que más controversia generó y de las más reclamadas desde distintos sectores sociales como las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres; por los propios funcionarios y legisladores oficialistas y por el Gobierno nacional.

Son dos las opciones que analizará la Legislatura: la adhesión a la Ley nacional Nº 27.499, conocida como “Micaela”, como hizo todo el resto de las provincias, o una versión local. La definición se dará durante la mañana de hoy en la reunión de labor parlamentaria en la que se determinará cómo llegará el asunto el jueves al recinto.

Ocho intentos

La iniciativa tiene un recorrido largo en la Cámara local. Fue sancionada por el Congreso Nacional casi por unanimidad a fines de 2018 y entró en vigencia a comienzos de 2019. Durante el año pasado, el 70% de las provincias adoptaron la norma y las pocas que faltaban lo hicieron este año. Tucumán es hasta en momento la única que no lo ha hecho.

En el tiempo transcurrido desde la sanción nacional, entre la anterior y la actual composición legislativa tucumana, se presentaron ocho proyectos de adhesión (uno en 2018, seis en 2019 y uno este año). Entre los parlamentarios y ex parlamentarios firmantes hay representantes de distintas ideologías y partidos, desde peronistas del oficialismo, del alperovichismo y del alfarismo hasta radicales, macristas y Federico Masso, de Libres del Sur.

En los últimos días, se presentó una controvertida propuesta alternativa del bussismo y el alfarismo que prevé un programa que también caracteriza como “obligatorio”. Aclara, sin embargo, que cualquier agente que se viera “afectado en sus convicciones personales o religiosas” podrá negarse a participar de las capacitaciones. En los fundamentos apunta contra el Ministerio de las Mujeres, autoridad de aplicación de las Ley, al considerar que usará la norma como un “caballo de Troya” para imponer ideas “ultrafeministas” y “abortistas”. Critica que se puedan publicar los nombres de quienes no cumplan con las capacitaciones.

Los intentos en la Legislatura tuvieron su punto cúlmine en agosto de 2019, cuando uno de los proyectos llegó al recinto. Fue retirado, sin embargo, del temario de temas en plena sesión. La entonces legisladora Silvia Rojkés responsabilizó a la “intervención de externos” por lo sucedido. Los parlamentarios que impulsaban la adhesión apuntaron a dos responsables por el freno: el fuerte “lobby” que sectores denominados “pro-vida” y eclesiásticos habrían hecho en contra y el año electoral (ningún dirigente quiere molestar a un potencial electorado antes de llegar a las urnas). En febrero se intentó de nuevo, pero nuevamente se estancó. La voluntad política no aparecía.

¿Por qué sí?

Micaela García tenía 21 años, era estudiante y militaba por los derechos de las mujeres. El 1 de abril de 2017 desapareció cuando salía de un boliche en Gualeguay. Su cuerpo apareció días después: había sido violada y asesinada. Su papá, Néstor, habló con LGPlay ayer y explicó por qué sostiene que la capacitación en materia de género en el Estado salva vidas.El femicida Sebastián Wagner estaba cumpliendo una una doble condena (de pocos años) por otros abusos sexuales cuando recibió el beneficio de salidas transitorias, pese a los informes negativos de los psicólogos. Horas antes de matar a Micaela, intentó violar a una adolescente. La familia de la chica intentó hacer la denuncia, pero la Policía no se la tomó porque la jueza estaba fuera de la ciudad. García afirma que si al menos los jueces que condenaron con bajas penas y que luego le dieron beneficios o el policía que no recibió esa denuncia hubiesen estado capacitados, el asesino no habría estado en libertad y no habría matado a su hija.

Néstor participó de las capacitación que recibieron el 6 de mayo los diputados nacionales, entre ellos los tucumanos, en una sesión virtual de ensayo. Expusieron la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y la presidenta del Conicet, Ana Franchi. ¿Qué temas incluyó? El video completo está disponible en Youtube y allí puede verse el contenido. Les brindaron conceptos básicos como qué es el patriarcado y los tipos de violencia de género menos visibles como los micromachismos y la publicidad sexista. Además, dieron a conocer estadísticas sobre femicidios y las desigualdades en el mundo laboral. Hubo una pequeña introducción a las diferencias entre identidades de género y las orientaciones sexuales. Sobre todo, se subrayó que la clave para poder enfrentar la violencia contra la mujer es que las políticas públicas, muchas dictadas por el Congreso, tengan una mirada de género, es decir, que tengan en cuenta el impacto diferencial que las normas pueden tener en la realidad de las mujeres.

La voluntad política tardó, pero apareció. Si lo previsto se cumple, Tucumán contará desde esta semana con un programa de formación para los más de 100.000 trabajadores públicos. La ley por sí misma no podrá revertir el drama que sufren tantas tucumanas, pero aportará y complementará normas nacionales e internacionales y esfuerzos estatales y de los movimientos de mujeres. Para que un juez o un policía pueda fallar o actuar con mirada de género y ayude a salvar a otras Micaelas.

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