El domingo 3 de mayo ocurrió un hecho peculiar en Tafí del Valle: ante el descontento de un sector por el desalojo de la ruta 307 y la detención domiciliaria de la indigenista Margarita Mamaní, los funcionarios públicos resolvieron “blanquear” la presencia de civiles en los puntos de control montados para aislar al territorio del coronavirus. Ese acuerdo firmado en presencia del ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley, certifica el incumplimiento de la orden del juez Mario Velázquez que había dispuesto que en los retenes sólo haya oficiales del Estado. ¿Caprichos del magistrado y de la fiscala Mónica García de Targa? No, mera aplicación del principio elemental de que sólo las autoridades constituidas están facultadas para limitar las libertades individuales, entre ellas la de circulación, y de los decretos de la cuarentena que en el resto de la provincia originaron miles de arrestos y voluminosos secuestros de vehículos. Pero esa intención de regularizar la infracción explícita en los Valles desnudó que allí rigen leyes distintas y que, con el visto bueno de ciertos ámbitos del Gobierno, sus pobladores hasta están habilitados para desconocer la supremacía del Poder Judicial. Maley remató su adhesión a esa autodeterminación al desmentir que Mamaní haya cortado la ruta en el kilómetro 48 donde se instaló durante 43 días. Ese negacionismo no sólo choca contra la percepción de los denunciantes, sino que implica un desafío directo a las actuaciones de García de Targa y de Velázquez.
Evidentemente lo que la Justicia provincial haga o deje de hacer importa poco a partir de cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar. Por suerte esa visión no es unívoca: con habilidad declarante, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se abstuvo este miércoles de opinar sobre la anomia vallista en los estudios televisivos de LA GACETA. El presidente de la Legislatura dijo que un juez había dictado una resolución y que, frente a ello, no cabía otra opción que allanarse. Es un giro republicano sustantivo para quien a finales del año del Bicentenario de la Independencia repelió la medida cautelar de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que buscaba asegurar la prueba de los recibos de los gastos sociales legislativos que nadie nunca vio. El círculo rueda sin cesar: ajeno a ese episodio, Jaldo evocó el mes pasado las denuncias penales de aquellos subsidios envalijados -que fueron desestimadas sin investigación- con el fin de estoquear a sus rivales internos.
A la indiferencia respecto del Estado de derecho no se llega de un día para el otro. La debilidad endémica de los Tribunales para decir “no” a los gobernantes se recuesta sobre gobernantes acostumbrados a pisotear los Tribunales: esa institucionalidad decadente lleva décadas de maceración y su resultado es la caotización de la sociedad, donde, en esencia, cada quien hace lo que la plazca e impera la regla del más fuerte. Es justamente lo que el pacto de la Constitución pretendía evitar con el esquema de la separación de poderes. No resulta casual que la Carta Magna provincial “deformada” en 2006 haya sido desfigurada por los sucesivos fallos que anularon sus cláusulas hasta el punto de que es imposible leerla sin un comité de expertos que precise qué está vigente y qué no. Esta manifestación vernácula de inseguridad jurídica caracteriza al califato a la tucumana y su lógica explica el desmadre de los Valles, última reserva paisajística, cultural y ambiental del ex Jardín de la República.
En ese paraíso amenazado circula la versión de que sólo Mamaní puede proteger a los moradores de la pandemia: hasta el intendente Francisco Caliva verbalizó esa creencia. La pregunta es para qué la ciudadanía paga a sus representantes y al servicio de Policía si para que haya orden basta con el accionar de la dirigente de El Mollar. La respuesta es que Mamaní ocupa los espacios que los distintos niveles del Estado han dejado vacantes: por algo se presenta, sin ocupar cargo público alguno, como “la primera presa política judicial”. Cuando la Municipalidad tafinista reaccionó ante la covid-19, la comunera ya estaba parada en la ruta ejerciendo su atribución de elegir quién pasaba y quién no, y de “ahuyentar” a los que, a su juicio, intentaban violar el enclaustramiento forzoso decretado por el presidente Alberto Fernández. Después de decir que el Estado debía fiscalizar el ingreso, los concejales corrieron a fotografiarse con la indigenista, incluso Jéssica Yapura Astorga y su padre, el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, sin reparar que con ese acto violaban la Ordenanza 880 que acababan de sancionar. Qué más da: la coherencia ha muerto. Luego de la desmesura del desalojo y de la firma del convenio del 3 de mayo donde intervino su papá junto a Maley, el intendente y otros funcionarios, la edila Yapura Astorga achacó el desmanejo de la crisis sanitaria a Caliva y reclamó “decisiones parejas” a la Justicia.
Los sucesos de las serranías entrañan una ausencia de racionalidad dolorosa, y fomentan tensiones y estigmatizaciones que por igual manchan al turismo y al indigenismo. Esto acontece mientras las autoridades locales cumplen un papel autodestructivo, y el Gobierno provincial hace de cuenta que todo es normal, como relató Maley. Pero la Policía se sometió a una jefa civil, según las pruebas que evaluaron Velázquez y García de Targa. Y el Concejo tafinisto no funciona: la pelea facciosa entre las huestes de Caliva y de Yapura Astorga ni siquiera posibilitó la apertura del período ordinario de sesiones que la normativa prevé para el 1 de marzo. Y tanto unos como otros tienen pendiente rendir cuentas sobre supuestos actos de corrupción. En este desaguisado aparece Mamaní ungida con fueros personales por su condición de autoproclamada cacica diaguita, título que también esgrime uno de sus denunciantes, Enrique Cruz. O sea que, de hecho, estaría abolido el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad ante la ley (léase cuarentena). Si esta falta de quicio no sirve como SOS, entonces habrá que concluir que en los Valles la vida, el honor y el patrimonio corren riesgos tan colosales como el cerro Ñuñorco.
