Piden la máxima sanción para un juez de Paz por postergar el rescate de un niño

Juan Cipriani, juez de Paz de Los Gonzalo (Trancas), tendrá que rendir cuentas por haber demorado la ejecución de una orden judicial urgente emitida para preservar la vida y la integridad de un niño expuesto a un “altísimo riesgo de violencia”. Valeria Brand, magistrada de Familia de turno en la capital, pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que aplique la máxima sanción posible al funcionario, que sería la formulación de un pedido a la Legislatura para que lo destituya. La denuncia sostiene que Cipriani postergó siete días el rescate y que, cuando llegó el domicilio indicado, el chico ya no estaba. Consultado por este diario, el juez de Paz prefirió guardar silencio (se informa por separado).

“Denuncio a Cipriani por el incumplimiento de sus funciones sobre la base de hechos graves y de las responsabilidades que le caben en ellos”, expresó Brand mediante un correo electrónico dirigido el miércoles a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, y enviado a la Secretaría de Superintendencia de los Tribunales provinciales. La jueza de Familia relató que el 6 de abril, en pleno asueto extraordinario judicial por la cuarentena, ordenó la restitución del único hijo menor de edad (M) de la joven T sobre la base de que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) había evaluado que el niño corría “un riesgo altísimo”. Por ese motivo, Brand dispuso que el chico sea separado del padre demandado (J) y entregado a su progenitora “con habilitación de días y horas” en atención a la urgencia del caso.

La denuncia refiere que el mismo 6 de abril al mediodía, el secretario Miguel Ahumada notificó el mandamiento de Brand al encargado de la Superintendencia de la Justicia de Paz, Raúl Scrocchi, y a la Policía. Y que el 8 de abril, Cipriani se comunicó por teléfono con Ahumada. “En esa conversación lo puso en conocimiento de que había decidido posponer el cumplimiento de la restitución y que ya se había puesto de acuerdo en tal sentido con la madre del niño. El secretario me transmitió la decisión y yo le ordené que le recordara al juez de Paz que se trataba de una medida urgente porque el peligro era altísimo y que él debía cumplirla en ese momento puesto que sería responsable de lo que pudiese ocurrir si no actuaba de inmediato”, relató Brand. Y añadió: “Cipriani respondió a Ahumada que él sabía lo que hacía y que se haría responsable, como lo hace siempre. Inmediatamente después de ello, el secretario comentó la ‘irregular situación’ a Scrocchi y la instrucción que le había impartido telefónicamente al juez de Paz”.

El relato de Brand consigna que el 14 de abril, Cipriani envió un audio de WhatsApp a Ahumada en el que consta que “efectivamente había postergado” la orden para hacerla cumplir recién el 13 de abril. “Narró que, al momento de apersonarse junto con la madre para hacer la restitución del niño, este ya no estaba en el domicilio de su padre y que el paradero de ambos era desconocido”, expresó la magistrada de Familia. Y agregó que, en ese audio, el juez de Paz alegó que había dilatado el rescate “por no haber podido contar con personal policial”: “pero no existe un acta o constancia alguna de tal circunstancia en la fecha de comunicación del mandamiento a Cipriani”.

La denuncia enfatiza que el “accionar grave e irresponsable” del juez de Paz había “desbaratado” los derechos de la madre y del niño. Además, advirtió que el padre denunciado (J) había sido alertado por el propio Cipriani de que iba a ser separado del nene: “en la fecha en la que la restitución debía ser cumplida, el juez de Paz fue al domicilio del demandado, según sus propias manifestaciones, y le avisó sobre la existencia de la orden. El aplazamiento de la ejecución posibilitó que el progenitor pudiese llevarse a su hijo. A los fines de la corroboración, adjunto el expediente en soporte digital. En atención a la gravedad de los hechos denunciados, solicito que trasladen esta presentación a Cipriani para que ejerza su derecho de defensa y le impongan la máxima sanción que pudiere merecer”.

El juez de Paz habría dado ya su versión del asunto a la Corte, paso que habilita a los vocales Sbdar, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos para ordenar la apertura de un sumario administrativo (el juez decano Antonio Daniel Estofán cumple la cuarentena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que podría adherir a la decisión, aunque no rubricarla). Sería la segunda pesquisa interna en menos de un año: ocurre que a finales de mayo, el alto tribunal inició actuaciones porque Cipriani había intervenido en la celebración de un casamiento en Santiago del Estero. En noviembre y por las irregularidades detectadas, la Corte sancionó con un apercibimiento al juez de Paz de Los Gonzalo. En forma previa, la Legislatura consideró que no había motivos para destituir a Cipriani y a otros de sus pares involucrados en las denuncias de las bodas fuera de la provincia (se informa por separado).

El relato de la madre

M, el niño que no pudo ser rescatado, tiene cuatro años (los nombres son ficticios). Su mamá, T, había pedido una medida de protección de persona en septiembre de 2019. Durante la cuarentena, la defensora oficial Isabel Vidal se presentó y solicitó la restitución de M al hogar materno. “La señora T es víctima de larga data de su ex pareja J. En octubre, la progenitora logró que le reintegraran su hijo, pero el demandado ha continuado generando episodios de violencia contra su ex concubina y el hijo de ambos. El 22 de marzo, el señor J sustrajo al niño que se encontraba jugando en la puerta de la casa de su abuelo materno sin que hasta la fecha haya regresado. El 3 de abril, T se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica, que valoró que el presente caso presentaba un riesgo altísimo. Por ello, pido la restitución del niño y la prohibición de acercamiento de J”.

La OVD informó a la jueza Brand que T tiene 20 años y reside en esta ciudad. En el acta del 3 de abril, la repartición judicial expresó que, según el relato de la víctima, J había incumplido una orden de alejamiento; había faltado a tres audiencias, y que, en diciembre, el demandado la amenazó de muerte. “Su madre (la abuela paterna de M) me decía que ya iba a ver yo lo que me iba a pasar por no dejar que se lleven a mi hijo. Hice una denuncia en la comisaría de El Colmenar y me dijeron allí que la ‘Fiscalía de Género N°1’ se iba a comunicar conmigo, pero no lo hicieron. J no volvió a aparecer hasta el 22 de marzo”. Según el acta de la OVD, el muchacho se llevó al nene ese día y, cuando T se presentó a su casa a buscarlo, J “la agarró a las trompadas y a las patadas”, y le arrojó un cuchillo. Las agresiones continuaron incluso en presencia de un policía. “J se droga con marihuana y cocaína. Sé que tenía una pistola y que estuvo preso por un robo”, dijo la madre del nene que el juez de Paz Cipriani debía rescatar.

Cipriani optó por guardar silencio

El funcionario cuestionado dijo que estaba en casa y que le preocupaba su familia

Juan Cipriani, juez de Paz de Los Gonzalo, no atendió el llamado telefónico de LA GACETA. Luego, por WhatsApp, el funcionario explicó: “estoy en casa como la mayoría de las personas. No sé en qué puedo servirla. El momento es difícil y no quisiera sumar a mi familia ‘momentos peores’. ¿De qué se trata (la consulta periodística)?”. A continuación, se le expuso que la magistrada Valeria Brand lo había denunciado en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por incumplir una orden de restitución de un niño expuesto a un “riesgo altísimo de violencia”, que el paradero de aquel era desconocido y que se le ofrecía la posibilidad de hacer un comentario (se informa por separado acerca del pedido de sanción). Cipriani recibió y leyó estos mensajes a las 17.32 de ayer, pero no contestó.