Manzur promulga la ley que evidenció tensiones con Jaldo

La norma suspende por dos meses el cobro automático de los créditos personales que efectúa el Banco Macro a empleados públicos.

14 Abr 2020 Por Luis María Ruiz
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Seis días duró el suspenso. El gobernador, Juan Manzur, promulgó ayer la ley que dispone la suspensión por dos meses del cobro automático efectuado por el Banco Macro, agente financiero oficial de la Provincia, a los empleados públicos que tomaron créditos personales. Si bien falta que el texto sea publicado en el Boletín Oficial, fuentes de la Casa de Gobierno confirmaron que fue ratificado tal cual había sido aprobado en la sesión del martes 7 por la Cámara legislativa.

La puesta en vigencia de la norma no sólo había generado expectativas entre los futuros beneficiarios -trabajadores estatales de los tres poderes, siempre que no ocupen cargos jerárquicos-. Desde lo político, la atención estaba centrada en el curso que iba a darle el titular del Poder Ejecutivo a una medida impulsada -por unanimidad- desde la Legislatura, que preside el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

En principio, el proyecto había sido redactado antes de la sesión por la bancada oficialista sin consultas previas a la entidad financiera ni a los equipos técnicos del Ejecutivo. De hecho, no hubo en el recinto estimaciones concretas sobre el impacto que tendrá la ley, tanto en el número de beneficiarios como en las sumas que dejaría de percibir por el débito automático en las cuentas sueldo la entidad financiera.

Incluso, el debate parlamentario coincidió con una ayuda extraordinaria brindada por el Banco Macro a la Provincia para el pago de los sueldos, al otorgar un giro “en descubierto” de unos $ 4.000 millones -es decir, casi la mitad de la planilla salarial mensual, de unos $ 7.500 millones-. Así, mientras las arcas provinciales obtenían ese “salvavidas” -que debe ser reintegrado por el Tesoro-, en el cuerpo legislativo no sólo se aprobaba la suspensión en los cobros a los trabajadores del Estado, sino también una resolución que, entre otras medidas, solicitaba al Ministerio Público Fiscal que se activen “los mecanismos procesales pertinentes” a fin de determinar si hubo posibles delitos contra la salud pública en la jornada del 3 de abril, cuando miles de personas -entre ellas, jubilados- se agolparon frente a las sedes bancarias para percibir sus haberes.

De esta manera, la relación de la Casa de Gobierno y de la Legislatura con el banco oficial parecía transitar por caminos separados. Incluso, no se descartaba la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo dispusiera un veto, total o parcial, sobre la norma. Sin embargo, Manzur resolvió ratificar en su totalidad el contenido.

¿A qué se debió esta “demora” de seis días? Fuentes oficiales explicaron que el texto fue comunicado ayer a la mañana por la Legislatura. Pasado el mediodía, cuando el gobernador regresó a la Capital de una visita oficial por Lules, firmó la promulgación.

Esto no implica que las relaciones políticas se hayan recompuesto en la cúpula del justicialismo. El jueves, en la Legislatura esperan a la ministra de Salud, Rossana Chahla, para una reunión de la que participarán los bloques del oficialismo y de la oposición, además de Jaldo. No será una interpelación, sino que la convocatoria surgida a partir de una “invitación” para que la funcionaria exponga sobre tres asuntos vinculados al covid-19: los efectos del plan de contingencia; la evolución de la pandemia en Tucumán; y los elementos, equipos e insumos que, según las estimaciones, comprará el área de Salud con los $ 293 millones aportados por la Cámara legislativa en la última sesión. Dicho giro había sido resuelto, como la ley que suspende el débito automático por créditos, sin la participación de la Casa de Gobierno.

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