Caso Matteucci: el silencio complicó la investigación del crimen vinculado a la city bancaria

Los pesquisa se toparon con varias trabas durante el proceso. Los hermanos de la víctima sospecharon que su viuda sabía más de lo que decía.

31 Mar 2020 Por Gustavo Rodríguez
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LA VÍCTIMA. Matteucci fue asesinado en diciembre de 2010. Archivo LA GACETA.

“Hay casos y casos”, repiten los investigadores, como si se tratase de un mantra de la criminalística. Con idéntico consenso, coinciden en que los crímenes vinculados a cuestiones financieras son los más complicados de resolver. Y lo son porque los pesquisas deben bucear en aguas turbias. Deben analizar números “en negro”, personas que se vuelcan al sistema financiero paralelo para no ser identificadas, gente con poder que apela a la agenda de su celular para tratar de encontrar la “salvación”. Ahí, en ese mundo tan oscuro, incumplir con las “reglas”, se paga con la vida. Así de simple. Y de macabro.

El comisario Miguel Gómez y el jefe de la División Homicidios, Hugo Cabezas (actualmente incorporados al cuerpo de investigadores del Ministerio Público Fiscal), y el oficial Jorge Dib (hoy jefe de la ex Brigada de Investigaciones), fueron los responsables de llevar adelante la pesquisa del crimen de Jorge Matteucci. Pero desde el inicio se encontraron con varias trabas.

La primera fue determinar con quién o para quién trabajaba Matteucci en el mundo de las finanzas. Hasta el propio abogado Ricardo Fanlo, que lo defendió en la causa de la Justicia Federal, reconoció que la víctima actuaba en el mundo de las cuevas. “No andaba en nada extraño. Sí estuvo vinculado a casas de cambio, realizaba operaciones de descuentos de cheques. Es decir, actividades normales que hacen las personas que se mueven en la city financiera”, comentó.

Hubo otro detalle importante. La víctima del crimen debía presentarse ante la Justicia Federal para apelar el procesamiento en su contra por la causa de evasión fiscal. En principio, debía hacerlo durante los primeros días de febrero de 2011, semanas antes de que fuera asesinado. “Iba a fundamentar que él no tenía vinculaciones, como se venía sosteniendo en la imputación, como supuesto ‘prestanombre’ del grupo Molinari”, explicó Fanlo.

Eduardo Molinari quedó en el centro de las sospechas, pero los pesquisas nunca pudieron reunir elementos en su contra. El empresario, al entender que estaba siendo investigado por el homicidio de su ex socio, se puso a disposición de los pesquisa, pero nunca declaró en el marco de la causa. Ni siquiera en sede policial.

Los hermanos de la víctima siempre le pidieron a los policías que indagaran en la ex esposa de Matteucci porque creían que ella sabía algo más y que no lo había contado. Sin embargo, Liliana Moreno no dijo mucho. Ni siquiera aportó información sobre Molinari, pese a que el empresario dijo que tenía una vinculación muy cercana con ella y con su familia.

Los investigadores analizaron las cuentas de la víctima. Descubrieron que no tenía grandes sumas de dinero y que al poco tiempo, su mujer había vendido el restaurante que habían abierto. Ella argumentó que lo hizo por razones de seguridad. La investigación se estancaba con el correr de los días.

Una pista que terminó en la nada

El tiempo avanzaba a pasos agigantados y los pesquisas fracasaban una y otra vez en cada una de las líneas de investigación del crimen de Jorge Matteucci. En el mundo financiero no consiguieron mucha información y la familia tampoco aportó demasiados datos. Al ser analizados los teléfonos, surgió la novedad de que el comerciante asesinado en 2010 acostumbraba a cambiar de línea de celular de manera regular. Esa conducta, común en gente que busca el anonimato, terminó siendo uno de las razones por las que no se pudo determinar quiénes se contactaban con él.

La causa caminaba al archivo. Sólo seis meses después de su muerte, la Justicia confirmó que la fiscala Teresita Marnero debía hacerse cargo del expediente. Mientras tanto, los investigadores deambulaban por los tribunales esperando instrucciones. Aun así, cuando todo parecía perdido, surgió un dato clave. Alguien había activado el chip del celular que a Matteucci le habían robado el día de su muerte. Se había encendido una luz de esperanza.

Después de meses de espera, una compañía de telefonía celular confirmó quién usaba la línea. Era un hombre que se domiciliaba en Tafí Viejo. Al investigarlo, los policías sospecharon que podía estar vinculado al caso. Se trataba de una persona que tenía una empresa que se dedicaba a la cosecha de limones en la zona de Los Nogales y El Colmenar, lugar donde fue encontrado sin vida el comerciante.

Siguieron profundizando la investigación y se dieron con otro elemento importante: el sospechoso era hijo de una mujer que había cobrado una millonaria indemnización del Estado (se cree que fue por una causa de Derechos Humanos). Ese dinero podría haber ingresado a una mesa de dinero o podía haber sido entregado a un comisionista para que se lo administrara. Y esa persona habría sido Matteucci.

Los investigadores de Homicidios le entregaron una carpeta a Marnero solicitándole una serie de allanamientos para buscar más indicios. La fiscala la recibió y les avisó que la estudiaría antes de tomar cualquier decisión. Pero nunca aceptó el pedido que le habían hecho los investigadores. Tuvo el expediente hasta que se jubiló en 2013. “Con situaciones así, uno se da cuenta de que si no estás cerca del poder, nadie se ocupa”, dijo en esos días Adrián Matteucci, el hermano de la víctima.

Entretanto, surgió un antecedente. El fiscal Diego López Ávila, cuando investigó la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, llevó a cabo un trabajo similar. Descubrió que Roberto Gómez había utilizado el chip del celular de Paulina horas después del fallecimiento de la joven. Si bien es cierto que el sospechoso fue absuelto hace casi un año en el maratónico juicio (la sentencia aún no está firme), sobre la base de los datos conseguidos se complicó la situación procesal de los otros imputados y surgieron datos para que el tribunal pidiera que se investigaran a otras personas.

La sucesora de Marnero, María del Carmen Reuter, después de tres años, intentó reactivar esa pista cuando se hizo cargo de la fiscalía. Pero ya era tarde. La línea ya había sido desactivada. Así murió la chance de llegar a la verdad. Otro crimen quedaría impune en Tucumán.

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