Omar Augusto Pérez se ausentó de la casa donde debía cumplir la cuarentena preventiva del coronavirus Covid-19 un día antes de que finalizara ese aislamiento forzoso. Aquella salida convirtió al maestranza especializado del Ministerio Público Fiscal en el primer ciudadano detenido por orden judicial en la provincia como consecuencia de la transgresión del decreto que emitió el presidente Alberto Fernández el 12 de marzo de 2020. Tras constatar el incumplimiento, Mario Velázquez, juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, privó de la libertad a Pérez, quien deberá cumplir la medida cautelar en su domicilio. Pérez estaba en cuarentena por haber viajado a Chile, según detallaron fuentes tribunalicias.
Velázquez hizo lugar al requerimiento de detención que había formulado la propia institución en la que presta servicios Pérez, el Ministerio Público Fiscal. La orden emitida ayer indica que Roberto Afur, médico forense del organismo que encabeza Edmundo Jiménez, se había presentado este mismo jueves en la casa del maestranza especializado y verificado que este no se encontraba allí. Previamente, otros médicos de aquella institución, Raúl Beltrán y Nelson Christian Buriek, habían dispuesto que Pérez cumpliera una cuarentena hasta hoy 20 de marzo. En el mismo régimen estaba Victoria Rojas Carla, auxiliar fiscal de Monteros y pareja del agente con detención domiciliaria, quien también había viajado a Chile.
El acta labrada a instancias de Afur menciona que, cuando este preguntó por el agente en cuarentena, una mujer que se identificó como su madre respondió que aquel había salido a comprarle medicamentos. A continuación, la fiscala Mónica García de Targa consideró que los hechos acreditados eran suficientes para imputar a Pérez la presunta comisión del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal. Esta disposición reprime con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Si bien dejó abierta la posibilidad de que la investigación del supuesto acto ilícito fuera competencia de la Justicia Federal, Velázquez entendió que urgía subrayar el carácter compulsivo de la cuarentena. El juez recordó que el decreto presidencial era obligatorio para quienes se hallaran comprendidos en él: pacientes con síntomas del coronavirus y confirmados; viajeros a zonas afectadas por la pandemia y ciudadanos que hayan mantenido contactos estrechos con los anteriores. La resolución destaca el carácter de orden público de las restricciones a la circulación dispuestas para reducir el contagio del Covid-19 y que el Gobierno nacional extendió ayer al conjunto de la población (ver cobertura en esta edición). El propio decreto del 12 de marzo instaba a la ciudadanía y a los funcionarios a denunciar los incumplimientos del aislamiento, y advertía que las transgresiones acarrearían responsabilidades penales.
“La población del país y de la provincia debe tomar conciencia de que el aislamiento social es la principal y más eficaz medida para detener el proceso de contagio del Covid-19, máxime en los casos de quienes vienen de zonas sospechosas”, reflexionó Velázquez. El juez añadió que aquellos no podían elegir si se guardaban o no, sino que estaban obligados a hacerlo en atención a la peligrosidad de la pandemia y a los perjuicios sanitarios que estaba causando en el mundo entero.
“En este estado del proceso, existen pruebas suficientes para considerar que Pérez había tenido formal y acabado conocimiento de la cuarentena a la que se debía sujetar, y que la incumplió dolosamente”, concluyó el magistrado. Y añadió que el maestranza especializado, quien, entre otras funciones, cumpliría tareas de chofer, había recibido un correo electrónico de parte del Ministerio Público Fiscal con las instrucciones de aislamiento que debía seguir entre el 7 y el 20 de marzo. La Policía notificó ayer por la tarde la orden de detención domiciliaria al imputado en su residencia de Monteros. La causa penal seguirá adelante: además de una eventual condena, el empleado enfrenta el riesgo de recibir una sanción administrativa.
El hecho de que Pérez trabaja en el organismo encargado de perseguir a los autores de posibles delitos facilitó la detección de la infracción a la cuarentena. Desde ese punto de vista, la reacción de la Justicia resulta ejemplar por partida doble puesto que, por un lado, el sistema judicial mal puede exigir a la ciudadanía que se quede en la casa si tolera las salidas de su personal, y, por el otro, denota la intención de exponer y de sancionar a quienes con su proceder imprudente pongan en riesgo la salud pública. La ampliación del cepo a la libertad ambulatoria obligará a los Tribunales a aumentar la capacidad de reacción en momentos donde la prestación del servicio judicial también ha sido reducida a la mínima expresión.
Las versiones de incumplimientos a la cuarentena abundaron en las redes sociales desde que el presidente Fernández decretara esa medida crítica. En la Argentina, la mayoría de los contagios del Covid-19 obedecieron a la interacción con infectados en países extranjeros.
Más imputados bajo la lupa
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se confirmó que al menos cinco personas fueron acusadas de haber incumplido la cuarentena. Deberán declarar a partir de hoy a través de teleconferencia, según se informó.
El coordinador del Equipo Científico de Investigación Fiscal Eugenio Agüero Gamboa confirmó que en estos momentos se están investigando unos 25 casos de desobediencia a la ley de emergencia sanitaria.
La Policía y funcionarios judiciales se presentaron en la casa de un profesional de Monteros para advertirle que debía cumplir con la cuarentena preventiva por su estado de salud.
Se informó que también el MPF recibe denuncias de incumplimiento de la cuarentena sanitaria las 24 horas al día al teléfono 381238 0307 o al correo electrónico: denunciascuarentena@mpftucuman.gob.ar
Al cierre de esta edición, funcionarios judiciales y personal policial recorrían las calles de Yerba Buena para controlar que todos los bares y restaurantes estén cerrados. Luego harán lo mismo en algunos sectores de la capital.
Los pedidos de cese o cambio de modalidad de detención siguen creciendo. Pero al constatar que varios planteos fueron rechazados por el médico forense, la Justicia decidió que imputará por falso testimonio.
Prohibición
Los senderos destinados a la práctica del mountain bike y de trekking fueron cerrados por decisión de los responsables Parque Sierra de San Javier. “Se vigilará su cumplimiento”, dijo el comisario Carlos Carrillo.
Voceros de la Secretaría de Desarrollo Productivo confirmó que se vedó la caza y la pesca en toda la provincia. También se informó que quedó suspendido el otorgamiento de las licencias reglamentarias.
