Piden al Tribunal de Cuentas que enjuicie a Sánchez

El Tribunal de Cuentas fue convocado a tomar parte en el caso de Marcelo Sánchez, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que concentró en su persona un empleo en la Legislatura y una subsecretaría en el Poder Ejecutivo hasta el 17 de febrero, cuando el ministro de Interior, Miguel Acevedo, le aceptó la renuncia al cargo político. Gustavo Salas Correa, dirigente disidente de ATE, solicitó ayer al organismo que integran los vocales Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal que active un juicio de responsabilidad contra Sánchez. “Este agente ocasionó un enorme daño patrimonial al Estado en razón de trabajar como empleado de la Legislatura desde hace casi 30 años y, en los mismos tiempo y horario, y pese a la flagrante incompatibilidad, desempeñarse como ‘personal de gabinete’”, expresa la petición.

Salas Correa recordó que el gobernador Juan Manzur designó al empleado legislativo en el Ministerio del Interior cuando llegó al poder en 2015 y que lo ratificó como subsecretario del Ministerio de Interior el 13 de noviembre de 2019, luego de obtener la reelección. La acumulación de puestos públicos cesó 10 días atrás, en el mismo momento en el que Salas Correa advirtió a Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo la existencia de este caso prohibido por el artículo 9 de la Constitución de Tucumán. Sánchez había negado su vinculación laboral con el Gobierno, institución con la que debe negociar las paritarias de su gremio, en la edición del 12 de febrero de LA GACETA. El martes aseguró que había renunciado a la subsecretaría en 2016 y que no había cobrado sueldos como funcionario de Manzur.

“Esta anómica situación se exacerba por la aprobación del Estatuto para el personal que presta servicios remunerados en el Poder Legislativo (Ley 8.996). En el artículo 13, esta norma establece: ‘es incompatible el desempeño de un cargo en la Legislatura, cualquiera sea su categoría, con otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipal, entes autárquicos o descentralizados, empresas y sociedades del Estado, incluidos los cargos electivos’”, manifestó Salas Correa al Tribunal de Cuentas. El rival de Sánchez en ATE añadió que el juicio de responsabilidad era “inexorable” puesto que el agente denunciado había reconocido “su conducta ilícita”: “acorralado por las pruebas de cargo, terminó dimitiendo”.

La acumulación de funciones públicas en cabeza del jefe de ATE generó otras dos repercusiones institucionales: por un lado, Salas Correa solicitó a la Legislatura que destituya al gobernador “por mal desempeño” y, por el otro, denunció a Sánchez en la Justicia penal de la capital. Este sindicalista había atribuido los cuestionamientos a revanchas por las denuncias que él antes había presentado contra Salas Correa y Martín Rodríguez, hermano del ex secretario fallecido de ATE, Raúl Rodríguez. Sánchez remitió ayer una copia de un escrito en el que solicita a la Justicia penal que extraiga del archivo las causas penales iniciadas en 2016 (se informa por separado). La disputa en el seno de ATE se intensificó tras la decisión del Gobierno de suspender el pago de la cláusula gatillo e incluye al proceso electoral del año pasado: Salas Correa impugnó los comicios que ganó Sánchez con el argumento de que había habido fraude. Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia, opinó el martes que de ese conflicto interno derivaba el pedido de destitución de Manzur, presentación que consideró “carente de sustento”.

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El secretario de ATE solicitó la reactivación de un expediente por supuesta estafa

El 12 de febrero pasado, el secretario general, empleado legislativo y ex funcionario Marcelo Sánchez solicitó al Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez la extracción del archivo de la causa penal por una supuesta estafa que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promovió en 2016 contra Gustavo Salas Correa y Juana Rosa Suárez.

Según el escrito que envió a este diario, Sánchez se presentó en la Justicia con el patrocinio del abogado Mario Sebastián Poggio. “En el mostrador de la fiscalía me informaron que el expediente está archivado”, dijo. Y añadió que había pedido acceso a las actuaciones y que esa solicitud no había sido resuelta. “Asimismo, sin motivo alguno, no fueron producidas las pruebas que oportunamente ofrecí”, advirtió el jefe de ATE. El martes, Sánchez manifestó que sus rivales lo atacaban por tratar de sanear el gremio: “hemos encontrado una entidad devastada, e impulsado denuncias graves contra Martín Rodríguez y Salas Correa. Tenían autos de carrera y un hotel, pero las causas están paradas en la Justicia”.