El Defensor de la Tercera Edad planteó la inconstitucionalidad del decreto presidencial

Lo hizo en relación a la demanda que 7.000 jubilados presentaron contra el Estado.

23 Feb 2020
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Eugenio Semino / FOTO DE LAVOZ.COM

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que el planteo esgrimido por su defensa sobre el aumento dispuesto por el Gobierno a las jubilaciones “será la inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández”. Semino se refirió así a la demanda colectiva que 7.000 jubilados presentaron el viernes contra el Estado, por la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Mauricio Macri. En diálogo con radio Mitre, el abogado manifestó que la intención es “ayudar al Gobierno a no entrar en la lógica que se vino dando en los últimos 30 años, y evitar para los jubilados a los que no les reconocen sus derechos, que mueran en la espera”.

Lo dijo en referencia a la “hiperjudicialización y la litigiosidad eterna” ocurrida, según explicó, tras el caso “Badaro” y en la última etapa del recorte de la ley de movilidad jubilatoria durante el gobierno anterior. En este contexto, explicó que exceptuará de su pedido a los jubilados a los que la resolución presidencial favorece.

“Para el resto planteamos una medida cautelar para que directamente se le aplique lo que era el 11,56% a todos, que es una garantía constitucional, y que tenga el Congreso el tiempo necesario para votar una nueva ley”, explicó.

Asimismo, se refirió al alto número de jubilados que participaron en la demanda. “Los 7.000 casos son los que se acercaron a la defensoría en tres días. Los funcionarios difieren con los números de a cuántos afectan. El sector de jubilados y pensionados de Anses es más o menos de seis millones, de los cuales creo que están afectados alrededor de un tercio”, señaló. Finalmente, en relación al ahorro fiscal que el recorte en las jubilaciones significaría para el Gobierno, Semino manifestó: “excede a mi conocimiento el tema económico y político. Lo que si se ve es que afecta garantías constitucionales y el derecho de los jubilados”, expresó. (Télam)

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