19 Febrero 2020
DECRETO. El presidente Alberto Fernández antes de la conferencia de prensa en la que anunció la nueva fórmula para el aumento de las jubilaciones. telam
El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que en los últimos años el “lawfare se instaló en Argentina”. Sostuvo, a su vez, que hubo “complacencia judicial y mediática” con el poder político, lo cual posibilitó la persecución y detención arbitraria de ex funcionarios y dirigentes políticos. “Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos”, aseveró en Twitter.
La publicación del mandatario fue acompañada por un video en el que una voz en off afirma que, durante el mandato de Mauricio Macri, Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos”, y “el Estado de Derecho fue vulnerado mediante la aplicación regional de tácticas de persecución judicial” conocidas como lawfare. Con música de piano de fondo, el video muestra imágenes del Presidente durante una entrevista periodística, y también las del ex mandatario brasileño Luis Inácio “Lula” Da Silva, de su par ecuatoriano Rafael Correa, y de la dirigente jujeña Milagro Sala, quien cumple una condena firme por lesiones graves.
Entre las medidas que forman parte de la “estrategia judicial” del lawfare durante el gobierno de Cambiemos, el video menciona la designación de jueces de la Corte Suprema de la Nación por decreto; y la supuesta interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial mediante los servicios de inteligencia. A esto se agrega, en el posteo del Presidente, el “abuso de la figura del arrepentido y la obtención de falsos testimonios”. Cuando se consigna esto último, se proyecta un retrato del ex ministro de Justicia, Germán Garavano.
“A dos meses del gobierno comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios”, se dice en el vídeo. La producción finaliza con un logo que reza “Argentina unida”.
Respuesta inmediata
La ex ministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, negó ayer que durante la gestión de Macri haya habido casos de lawfare y sostuvo que “no hay era macrista en la Justicia”.
“Lo que generamos, justamente, fue un ambiente de respiración que no existía”, aseveró la ex funcionaria. Respondió así a los oficialistas que aseguran que durante la gestión de Cambiemos existió una “guerra judicial”.
Precisamente, Bullrich afirmó también que no está “para nada de acuerdo” con ese planteo, porque para ella el concepto de “guerra judicial” implicaría que las personas que enjuiciadas fueron llevadas al estrado “por su ideología y no por sus hechos”.
“Hachazo”
La ex ministra también cuestionó el proyecto de ley impulsado por cinco senadoras nacionales del kirchnerismo que, según reveló ayer el diario Clarín, dejaría sin efecto la prisión preventiva contra funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción si se considera que los medios de comunicación “influyeron” en la “percepción de inocencia” de los imputados. “Es un hachazo a la libertad de expresión”, sentenció la presidenta del PRO.
“Esto se llama censura, control de la opinión, destrucción de la libertad de prensa”, enumeró la opositora. “Esto no pasará”, tuiteó la titular del PRO en relación a esta iniciativa, a la que consideró, a la vez, “algo insólito e increíble”.
“Me parece una invención fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total”, concluyó.
Privilegios
Bullrich aseguró también que la coalición que integra su partido está a favor de que no haya jubilaciones de privilegio en la Argentina y sostuvo que fue el interbloque de Juntos por el Cambio el que, en diciembre, denunció que en la Ley de Emergencia Económica había desaparecido subrepticiamente el artículo referido a las jubilaciones de privilegio.
“No hubo una explicación de por qué desapareció ese artículo en el paso de Diputados a Senadores”, afirmó la ex ministra. A la vez, desafió al oficialismo a “debatir otra vez una nueva fórmula jubilatoria” para el cálculo de los incrementos en los haberes de ese sector.
“También hay que terminar con (la mecánica de) el decreto (del Presidente), que es un mecanismo que le saca institucionalidad y previsibilidad a los jubilados”, concluyó.
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