El violador de Lucía ya cumple sus 18 años de condena en la cárcel de Villa Urquiza

Lucía está bien. Cambió de escuela, terminó la primaria, viajó como egresada. También está más grande y ha vuelto a reír, según transmitió una fuente cercana a su familia. Y hasta quería asistir a la audiencia en que condenaron a su abusador a 18 años de prisión. Aunque su familia creyó mejor que se quedara en casa.

Ayer terminó el proceso contra el hombre de 67 años que la violó y embarazó en diciembre de 2018, cuando ella tenía 11. Los jueces María Balcázar, Fabián Fradejas y Juana Francisca Juárez lo condenaron por el delito de abuso sexual, agravado dos veces a causa del daño a la salud de la niña y la situación de convivencia. El condenado era entonces pareja de la abuela de Lucía.

La resolución de la Sala V ocurrió en un juicio abreviado porque existían pruebas contundentes en contra del acusado y porque él aceptó su culpabilidad. Así la fiscal Estela Velia Giffoniello y la defensa técnica del abuelastro de Lucía avalaron una sentencia dos años menos dura que los 20 que tipifica el Código Penal en casos de abuso sexual agravado.

Cicatrices, demoras

Si bien la audiencia estuvo vedada a la prensa, la organización Andhes (Abogadas y Abogados del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales) ofreció luego una breve reconstrucción. En el momento más notable, la madre de Lucía exigió la pena máxima para el violador y testificó: “causó un daño tremendo, le arruinó la vida a mi hija y dejó marcada a toda mi familia”. El violador se declaró culpable, aunque no transmitió muestras de compunción ni pidió el perdón de la mamá de la víctima. Después de que los jueces leyeran su resolución, la Policía lo escoltó hasta su destino final en la cárcel de Villa Urquiza.

Mientras tanto, afuera de la sala esperaban algunas integrantes del Movimiento Evita, donde milita una de las familiares de Lucía. Cynthia Rojas, amiga de esa familiar, contó que su expectativa era que una condena justa movilizara al Gobierno, que aún incumple sus promesas a Lucía, y sensibilizara a la sociedad de una provincia donde solo en 2018 hubo 18 casos similares a los de Lucía, según reveló en octubre la ministra Rossana Chahla.

El fallo de la Sala V libra oficio al Poder Ejecutivo provincial para que le brinde a la víctima tratamiento psicológico. También recomienda que el Gobierno le otorgue a la niña una beca de estudios y le facilite a su familia asistencia socioeconómica y sanitaria. No es una novedad: en diciembre la jueza de Familia Valeria Brand ya había considerado que Lucía no debería volver al pueblo de Burruyacu en el que vivía, y había ordenado que la Provincia ayudara a su familia a reinventarse en otro lugar.

En mayo la mamá de Lucía le había revelado a este diario que el entonces secretario médico ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Gustavo Vigliocco, la había visitado en su casa y le había prometido que conseguiría que le construyeran una vivienda. Sin embargo, una fuente de Andhes atestiguó que aún no han tenido novedades: el Gobierno no ha sido fiel a sus solemnes compromisos de facilitarle un trabajo a la madre y hacerle una casa a su familia. Familia que salió del Ministerio de Educación con la excusa domiciliaria de que le darán un lugar en otra escuela cuando el Instituto Provincial de la Vivienda le otorgue un hogar.

“La mejor opción”

Andhes y la filial argentina de Cladem (Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer) representaron y acompañaron a Lucía y a su madre en la causa. Después de la audiencia, la querellante Celia Debono, de Cladem, expresó que ninguna pena habría podido borrar el daño que sufrió la niña. “Este juicio abreviado, con una sentencia que roza la máxima tipificada, fue la mejor opción para proteger a la niña, porque ella no deberá pasar por un proceso posiblemente revictimizante y estigmatizante justo en el momento en que ha logrado rearmar su vida y sus vínculos”, evaluó.

Por su parte, el abogado Emilio Guagnini, de Andhes, remarcó la celeridad con la que actuó la Justicia: “el abusador de Lucía fue sentenciado en menos de un año. Había una prueba muy contundente, la muestra de ADN, y además él reconoció su responsabilidad en el hecho”.

Dentro de tres años Amaya cumplirá 70 y podrá pedir la prisión domiciliaria. Por eso las dos organizaciones presentaron una solicitud al tribunal para que observe con atención la evolución de la condena y asegure su efectividad. Porque el beneficio del arresto domiciliario no es automático: la Ley 24.660 establece que el juez “podrá disponerlo”, de manera que los tribunales suelen analizar cada caso y diferir en distintas instancias con relación a su aplicación particular.

Prevenir, erradicar

La sentencia de Balcázar, Fradejas y Juárez contiene recomendaciones que van más allá de la causa de Lucía con el fin de prevenir y erradicar la violencia sexual contra los niños. Florencia Vallino, también querellante por Andhes, explicó que la medida busca expandir la investigación estatal sobre abuso sexual infantil y las campañas de promoción de los derechos de los niños. “En particular el derecho a vivir una vida libre de violencias y sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”, detalló.

Aunque conformes con la sentencia, los miembros de Andhes y Cladem todavía reclaman por el cierre de la causa penal contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos particulares que en febrero practicaron la interrupción legal del embarazo de Lucía en el Hospital del Este, después de que se negaran los profesionales del Siprosa. Su expediente aún duerme porque la fiscal Adriana Giannoni busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea la decisión del alto tribunal provincial que la apartó del caso.

Lucía está bien. Ajena a las denuncias que recorren los pasillos del Fuero Penal, disfruta los últimos días de las vacaciones de verano en la casa de sus tíos, que la cuidan desde marzo. Con paciencia espera que el Gobierno cumpla con la Justicia y le dé un hogar donde vivir con su mamá.

El camino hasta la sentencia

* El 31 de enero de 2019 Lucía llegó al hospital con un embarazo de 22 semanas. Dijo que había sido violada por la pareja de su abuela.
* Según el Siprosa, la madre pidió seguir el embarazo. Recién solicitó interrumpirlo el 25 de febrero, siempre según la versión estatal.
* Médicos particulares le hicieron una césarea a Lucía el 26 de febrero. El 8 de marzo el Siprosa informó la muerte de la recién nacida.
* El abuso de Lucía causó la apertura de procesos penales contra su violador y los ginecólogos que hicieron la cesárea.
* El primer proceso terminó ayer con la condena del abuelastro a 18 años de prisión. El de los ginecólogos se encuentra paralizado.
* Ahora Lucía espera que la Provincia cumpla con la asistencia que ordenan el fallo de ayer y los de la jueza de Familia Valeria Brand.