18 Enero 2020
Juan Guaidó. Reuters (archivo)
La oposición en Venezuela denunció ayer un intento de asesinar a su líder, Juan Guaidó, y un plan para “expropiar” la representación legal de sus principales partidos con el objeto de convalidar “supuestas elecciones” organizadas por el gobierno chavista.
El partido Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, denunció que el tiroteo a camionetas que el jueves transportaban a diputados, en inmediaciones de la Asamblea Nacional, fue un “intento de asesinato” a cargo de “colectivos de la dictadura de Nicolás Maduro”.
Voluntad Popular sostuvo en un comunicado que “bandas paramilitares afectas al régimen de Maduro y (el número dos del chavismo) de Diosdado Cabello atacaron con piedras y armas de fuego a una caravana de vehículos donde suponían que se trasaladaba el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la república, Juan Guaidó”.
El texto sostiene que el ataque contó “con la aquiescencia de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada, quienes antes que acudir a la protección de los parlamentarios atacados se replegaron para quedar como cómplices de este atentado”.
“Afortunadamente el presidente Guaidó se trasladaba en otro vehículo, lo que frustró el intento de asesinato. No obstante, diputados que sí viajaban en la caravana estuvieron en peligro de morir ante el alevoso asalto contra los vehículos que los transportaban”, destacó el mensaje, reproducido por las agencias ANSA y Europa Press.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que encabeza Guaidó, sesionó ayer por segunda vez en el año fuera del palacio legislativo, luego de que éste amaneciera rodeado de militares y un grupo de legisladores fuera baleado, según ellos, por civiles armados que responden al chavismo.
La de ayer fue la manifestación más violenta del conflicto en que la Asamblea Nacional se halla sumida desde el 5 de enero, cuando una minoría compuesta por el bloque chavista y algunos aliados proclamó como presidente a Luis Parra, en una sesión en la que se impidió el ingreso de Guaidó, quien fue reelegido por la mayoría opositora.
Sancionados
Parra fue expulsado hace poco más de un mes de Primero Justicia, después de que se denunciara que un grupo de legisladores traficó influencias para favorecer a empresarios que hacen negocios con el gobierno de Maduro y aceptó sobornos para evitar la reelección de Guaidó.
Precisamente Parra y los otros dos expulsados de Primero Justicia, José Brito y Conrado Pérez, solicitaron ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordene “la restitución” de sus “garantías como militantes” del partido cuyo principal referente es el ex candidato presidencial y ex gobernador Henrique Capriles.
“De forma violenta, ilegal, inconstitucional, fuimos sometidos al escarnio público y, además, expulsados, sin haber una investigación”, afirmó Brito, quien entregó la demanda al presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
El diputado Ángel Medina afirmó que la presentación de Parra, Brito y Pérez formar parte de un “plan diseñado que busca acabar con la institucionalidad de la democracia en Venezuela”.
Según Medina, el plan consiste en “expropiar” la representación legal de los partidos opositores para “crear un teatro de supuestas elecciones” y “fingir que existe democracia en Venezuela”.
Además de los casos de Parra, Brito y Pérez, Voluntad Popular expulsó a los diputados José Gregorio Noriega, Richard Arteaga y Guillermo Luces; Un Nuevo Tiempo hizo lo propio con Héctor Vargas, Freddy Paz y William Barrientos, y Acción Democrática echó a Negal Morales.
Entre los partidos menores, el opositor Copei corrió de sus filas a Franklyn Duarte y Manuel González; y el chavista disidente Movimiento Democracia e Inclusión expulsó a Arkiely Perfecto.
Esta semana, Estados Unidos impuso sanciones económicas y migratorias a Parra, Brito, Pérez, Duarte, Noriega, Morales y Adolfo Superlano, quien no fue desafectado del pequeño partido Prociudadanos.
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