Tres cimbronazos para la UNT en 2020

Los ecos de la última sesión del Consejo Superior de la UNT se van a escuchar fuerte en marzo, cuando se haga el examen para el ingreso a Medicina, con un aluvión de aspirantes que hará temblar a un sistema que hoy no está preparado para recibir a más de 360 ingresantes. Es el tema más inquietante que  ha dejado la UNT para 2020, pero no es el único. Otros dos asuntos de alto impacto van a dar que hablar y han sido tratados por la UNT sobre el final del año.

Lupa en la carga horaria

El asunto menos notorio pero que va a provocar un sacudón ha sido la subida de la Universidad al carro de la modernidad tecnológica en materia de ingresos y egresos de personal. Una resolución firmada por el rector José García el 3 de diciembre aprueba la implementación del sistema de control de asistencia electrónica para los docentes de la UNT, con lo cual se verificará puntualidad, asistencia y dedicación, adecuados a las características de cada área. O sea, marcarán la tarjeta mediante huella digital u ocular. Esa resolución está acompañada por otra que establece el sistema de modernización y compatibilización de las declaraciones juradas de cargos y horarios de prestación de servicios del personal.

Con este sistema se hará una base de datos que permitirá hacer más eficiente el control de incompatibilidades, dice el texto. Antes, se debían cruzar los datos de los docentes con la AFIP y con la Anses. Ahora, hasta el 31 de marzo cada docente tiene que entregar, cada año, el certificado de ingresos laborales de AFIP y la historia laboral de Anses. En teoría, no hará falta que se hagan búsquedas decididas por algún funcionario, como ocurrió en octubre de2016, cuando se congelaron cargos docentes de varios funcionarios que durante años habían cobrado dos sueldos; también entonces se descubrió que se estaba pagando antigüedad a varios secretarios. En ese año se dijo que por esa medida la UNT se había ahorrado $ 500.000. También se dijo que esos funcionarios y docentes iban a tener que devolver lo cobrado de más pero no se sabe que se haya verificado esa instancia.

Cómo va a impactar la huella digital/ocular en el régimen de incompatibilidades de la UNT está por verse. Se tiene que implementar el sistema que, en muchas áreas de las administraciones pública y privada ha generado inquietud y rechazo precisamente porque saca a luz las asistencias y la dedicación. El Consejo Superior había sancionado el régimen en 1994. Cada docente puede tener hasta 50 horas semanales. Pero por resolución desde la época del rector Mario Marigliano el control quedaba diluido. Cada año las facultades juntan las declaraciones de incompatibilidad de carga laboral de los docentes, las mandan al Rectorado y este las envía  al Ministerio de Educación de la Nación. Ahí se cruzan los nombres con todas las otras declaraciones de cargos en el resto del sistema universitario estatal nacional y luego envían un listado con las incompatibilidades. Por ahí saltaban escándalos como el de 2016. El sistema nuevo va a dar que hablar.

Reclamos de final abierto

También habrá inquietudes sobre la relación particular de la UNT con la minería. Como se sabe, la Universidad es socia por ley con Catamarca y la Nación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), que el 3 de octubre aprobó que se firme un acuerdo con dos mineras para la futura explotación del yacimiento Agua Rica en Andalgalá (Catamarca). Este acuerdo, firmado en la sede de YMAD en Buenos Aires por los dos delegados de Catamarca y el delegado de la Nación, y en ausencia de los dos delegados de la UNT, generó dos complicaciones de final abierto. Por un lado, el reclamo de los pobladores de Andalgalá que se oponen a la minería porque afirman que contaminará el agua de su territorio, derivó en una demanda ante la Justicia Federal por la supuesta violación de la ley de Glaciares.

Por otra parte, a partir de ese reclamo de los pobladores de Andalgalá se hizo una sesión en el Consejo Superior el 8 de octubre, en la que se descubrió que el órgano de las decisiones de la Universidad había quedado al margen de un acuerdo  que, según se denunció en ese momento, era inconveniente económicamente, objetable jurídicamente y problemático don respecto a la población de la zona de Andalgalá. Por primera vez en años -el conflicto de Andalgalá y la minería lleva más de una década y hay un informe de la misma UNT que midió el impacto ambiental en 2008- el Consejo  Superior envió una comisión a la zona para relevar el problema y su conclusión fue muy fuerte en cuanto al daño social que se percibía en la comunidad. Por otra parte, los consejeros reclamaron que durante todo el año los delegados de la UNT hubiesen estado negociando en YMAD sin que el Consejo pudiera analizar las condiciones del acuerdo de modo oficial. Por eso, y aunque los delegados de la UNT pensaban que este convenio iba a ser positivo (así lo dijo el representante Domingo Marchese a LA GACETA)- cuando se firmó el acta en YMAD, en la UNT quedaron todos perplejos. En la sesión del 27 de noviembre se puso en duda hasta qué tenía que ver la UNT en el negocio minero y se decidió rechazar lo decidido el 3 de octubre.

Pero la decisión quedó a medias: hasta la última sesión del año, el 10 de diciembre, aún no había sido formalmente escrita la resolución del Consejo y tampoco había sido entregada al rector, el cual tampoco la había comunicado al resto de la Universidad.  Menos a YMAD que, por su parte, va avanzando con el acuerdo minero con todas las de la ley. La Universidad mira sin comprender. Tampoco ha decidido si accionará judicialmente contra el acuerdo del 3 de octubre. Tampoco se sabía, hasta la última sesión, en qué condiciones se había dado el allanamiento que la Justicia federal hizo en las oficinas de YMAD el 4 de diciembre, por la denuncia de la comunidad de Andalgalá. Ambas situaciones van a conocerse recién en marzo próximo.

Juicio por presunta corrupción

Pero el “caso YMAD” va a tener otro impacto más fuerte con el juicio contra el ex rector Juan Cerisola. Acusado de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las obras realizadas con las regalías mineras entre 2006 y 2009. También están acusados tres ex funcionarios de Cerisola. El fiscal Pablo Camuña está recopilando material para la acusación y también para determinar el rol que cumplieron los distintos estamentos con responsabilidad en la UNT  -también el Consejo Superior- frente a las presuntas maniobras de Cerisola & Cía. Es el juicio por presunta corrupción más grande en Tucumán. Mucha gente en la UNT se está preparando para entrar en la vidriera pública de ese proceso oral.

Susto y enojo

En Medicina, mientras tanto, buscan alternativas frente a la orden del Consejo Superior de cumplir con la ley de Educación Superior que no permite cupo ni ingreso restricto. Las comisiones especiales de la facultad tienen que tener listas para el 27 de diciembre propuestas sobre la prueba de nivelación para los aspirantes y sobre el examen de ingreso 2020, que deberán aprobar con más de 6. ¿Dónde se darían las clases para todos los ingresantes si el 50% aprobara la prueba? En 2019 aprobaron prácticamente esa proporción (730 aspirantes), pero sólo entraron 290 por el cupo. Una tercera comisión deberá tener listo para marzo el plan de la carrera a partir de 2021, cuando ya habrá ingreso irrestricto. Mientras  tanto, el decano Mateo Martínez va a tener que apurar al rector José García -uno de los impulsores de la eliminación del cupo- para que ayude a buscar fondos nacionales para adecuarse tanto en lo edilicio como en la enseñanza, sin perder la excelencia que se le adjudica a Medicina. ¿Habrá ayuda de otras facultades, como  Ciencias Exactas, que tiene seis u ocho anfiteatros en los que muchas veces se dan clases a poquísimos alumnos? Hasta ahora, eso puede parecer un paliativo. El gran dilema de Medicina es resolver que el Estado la haya obligado a cumplir la ley y por ahora no le haya dado recursos. Hoy por hoy, todo es susto y enojo en esa facultad.