Juicio al sistema judicial

Juicio al sistema judicial

La Justicia penal tucumana concluirá uno de sus ciclos más oscuros con un juicio que, más allá de publicitar las irregularidades atribuidas al desempeño del ex fiscal Carlos Albaca, “oralizará” las anomalías del sistema judicial que posibilitó la impunidad de los homicidas de Paulina Lebbos y tantas otras impunidades. Este debate público comenzará, en principio, a fines de marzo y en las postrimerías del diseño procesal instaurado en 1991, que nació entre aplausos y terminó convertido en un sótano de la democracia. Se supone que en mayo adviene el cambio revolucionario en marcha en Concepción. Los albores del esquema fallido se parecen mucho a los albores del régimen innovador sancionado en 2016, que pretende sacar a flote al fuero encargado de perseguir y sancionar el delito. Hay una exaltación de las formas que subestima la influencia de la condición humana que con tanta precisión retrató el novelista André Malraux. El proceso de 1991 pudo haber triunfado si triunfaban la independencia judicial, la transparencia, el profesionalismo y el fortalecimiento institucional. Pese a algunos voluntarismos y excepciones, en “Trucumán” triunfó justo lo contrario.

Albaca proviene de una de las zonas más débiles y cuestionadas de los Tribunales locales: las oficinas dedicadas a la investigación de las denuncias penales. Aunque en las audiencias preparatorias de su juzgamiento celebradas este mes se mantuvo apartado de la prensa, Albaca dejó entrever que será el primer fiscal de la provincia que tome asiento en el sector de los imputados, pero no está dispuesto a ser un chivo expiatorio. Esa actitud desafía, en primer término, a los colegas del Ministerio Público Fiscal aún en funciones que han sido citados como testigos: Daniel Marranzino, Marta Jerez de Rivadeneira, Diego López Ávila, Adriana Giannoni y Alejandro Noguera. A ellos se suma la ex fiscala jubilada Juana Prieto de Sólimo.

¿Los acusadores se animarán a poner la cara y el cuerpo en el juicio oral, o se acogerán al beneficio de contestar las preguntas por escrito otorgado a los funcionarios públicos con fueros? Será una prueba para la ejemplaridad de quienes trabajan o deberían trabajar como formuladores de interrogantes en representación de los intereses de la sociedad en el esclarecimiento de los hechos ilícitos. Los antecedentes invitan al pesimismo. El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, llegó a judicializar la resolución de la Sala III de la Cámara Penal que, a partir de una interpretación novedosa de los tratados internacionales de derechos humanos, dejaba abierta la puerta a convocarlo a la sala donde tenía lugar el juzgamiento del expediente principal del caso “Lebbos”. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló a favor del ministro público fiscal y del senador José Alperovich. Gracias a esas sentencias de 2018, ambos quedaron exentos de testificar en forma pública. ¿Seguirá vigente ese hiperblindaje para Alperovich, que también está en la lista de testigos del caso de Albaca, pero no es el mismo político todopoderoso de antaño?

Un enjuiciamiento oral es más que la condición previa a la emisión de una sentencia de absolución o de condena: se trata de un acto que pone en evidencia el estado de la institucionalidad. Ese termómetro vale más aún cuando refleja una situación tan excepcional como que la Justicia se juzgue a sí misma. Por ello importa todo lo que suceda en la oralización del caso de Albaca, quien controló la pesquisa de la tragedia de Lebbos entre 2007 y 2013, y, acorralado por los cuestionamientos, al año siguiente renunció para jubilarse con el privilegio del 82% móvil. Esta sensibilidad altísima ya tiene una primera “víctima”: la camarista Alicia Freidenberg. Un exabrupto, como calificó su colega Stella Maris Arce a la crítica pronunciada en la audiencia de orden contra el querellante Alberto Lebbos, dejó a Freidenberg fuera del tribunal. Aunque reacios al “forum shopping”, los jueces Pedro Roldán Vázquez y Diego Lammoglia se vieron obligados a apartar a su compañera persuadidos de que la acción unilateral de esta había dado motivos para el temor de parcialidad esgrimido por la querella.

Traspiés como el de Freidenberg explican, tal vez, por qué el Tribunal Oral porteño que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner permitió que la imputada expusiera su versión a los gritos y con improperios. Los jueces son hoy más que nunca esclavos de sus palabras, y dueños de sus actos y de sus silencios. El ingreso de Arce a la causa de Albaca apaciguó un proceso desgastante, que acumula casi seis años de trámite. Pero resulta que esa jueza también podría salir del estrado si el gobernador Juan Manzur nombra antes del comienzo del juicio a un vocal precario de la lista que incluye al concursante mentiroso Walter Ojeda Ávila. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Lo dijo el criminalista francés Edmond Locard y lo repitió el propio ex fiscal imputado en el sumario interno abierto en 2013, luego de que un informe de la Nación dinamitara el candado colocado en la pesquisa del homicidio de Paulina Lebbos.

La defensa de Albaca se propone demostrar que aquel hizo todo lo que pudo para esclarecer el crimen con los medios escasos de que disponía, y que las conductas omisivas y opacas que le reprochan eran usuales. En lo sustancial, ese panorama no ha cambiado en el Ministerio Fiscal, que ni siquiera comunica a los jueces las designaciones discrecionales de auxiliares de fiscal -auténticos fiscales encubiertos, según el Colegio de Abogados de la Capital-. La persistencia de los déficits para investigar los casos que atañen al poder quedó a la vista en la causa manoseada de los gastos sociales legislativos. Los dictámenes que elaboraron recientemente los fiscales Claudio Bonari -sucesor de Albaca en la Fiscalía Nº2- y Alejandro Noguera, y la sentencia de Eudoro Albo, camarista de Apelaciones, subrayan aquella imposibilidad tan conveniente para los que mandan. La paradoja es que esas deficiencias estructurales por fin están empujando a la Justicia a mirarse: después de Albaca, los fiscales y los jueces ya no tendrán la seguridad de que la impunidad alcanza también para quienes la proveen.

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