Un letrado municipal, primer favorecido por un cambio legal

Daniel Marcelo Leguizamón había terminado cuarto y último en el concurso para la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital organizado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Hasta el 9 de septiembre, ese desempeño le habría impedido acceder al cargo en forma definitiva puesto que la propuesta original elevada al Poder Ejecutivo incluye a los tres primeros finalistas: Guillermo Taylor, Carlos Sebastián Pais y José Augusto Zapata. Pero el destino convirtió a este abogado de la Municipalidad de Famaillá en el primer beneficiario de la reforma legislativa impulsada por el oficialismo que obliga a integrar las ternas cuando el gobernador Juan Manzur, por cualquier causa, no tenga la posibilidad de elegir entre tres nombres. Por aplicación de las nuevas reglas, Leguizamón reemplazó a Zapata, y si el gobernador así lo quiere, podrá desempeñarse como fiscal de Instrucción.

El candidato llegó al terceto por el hecho de que en octubre el concursante sustituido había sido designado fiscal de Instrucción en lo Penal N°10 de San Miguel de Tucumán. La Ley 9.186 otorga cinco días al ternado designado para comunicar en forma expresa su voluntad de mantener la postulación en los otros concursos: de lo contrario, el CAM debe considerar que desistió. Antes de la entrada en vigor de esa modificación, el fiscal Zapata podía permanecer en la terna aunque no tuviese interés en el nombramiento: esto ocurrió en numerosas oportunidades para evitar la caída de la propuesta cuando sólo había tres postulantes en condiciones de acceder a ella. El sistema funcionó así durante una década e implícitamente favoreció a los dos concursantes que aún no ejercían la judicatura.

A partir del cambio legislativo, si Leguizamón no hubiese entrado al orden de mérito definitivo, el Consejo Asesor de la Magistratura que preside Eleonora Rodríguez Campos se habría visto obligado a declarar desierto el concurso para la Fiscalía N°5 y a llamarlo de nuevo, con las demoras y gastos que tal decisión acarrea.

La Ley 9.186 incluso va más lejos: prohíbe a los consejeros la posibilidad de elevar “a la vez” ternas que contengan a un mismo postulante. En el caso en cuestión, el órgano encargado de preseleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales definitivos y transitorios deberá esperar a que Manzur defina la terna para la Fiscalía N°5 antes de remitirle nuevas propuestas que incluyan a Taylor, a Pais y a Leguizamón. Esta circunstancia podría afectar a quienes compitan con esos postulantes para otros cargos porque hipotéticamente se verían en la obligación de aguardar a que se defina la suerte de sus pares. La situación es más compleja de lo que parece puesto que el orden jurídico no establece plazos para que el Poder Ejecutivo ejerza su atribución y deber constitucional de nombrar jueces. Las dilaciones registradas en la definición de los ternas llevó al Colegio de Abogados de la Capital a iniciar un juicio aún en trámite para obligar a Manzur a decidirse en un plazo razonable.