Meca del tortuguismo institucional

En “Trucumán” es noticia que un auto se detenga ante la luz roja del semáforo y cruce con la verde. Lo corrobora la sorpresa que causó la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Arquitectos que quitó la matrícula profesional al desarrollador inmobiliario imputado Otto Fernando Barenbreuker (h). Ignacio Lobo Bugeau, Juan Medina y Raúl Torres Zuccardi, integrantes de aquel cuerpo, hicieron un razonamiento simple: la conducta del colega denunciado había desprestigiado la profesión, ergo, correspondía expulsarlo del gremio. Si bien los abogados del empresario prometieron judicializarlo, ese acto de vigilancia de la matrícula fue revolucionario en una plaza donde hasta las irregularidades evidentes suelen quedar impunes o a lo sumo dan pie a un tincazo. La mala costumbre de tapar y proteger la infracción condena a esta jurisdicción a ser un aguantadero. Nada mejor para los transgresores que esta meca del tortuguismo institucional.

El modus operandi del “aquí no pasó nada” y de la prórroga permanente empaña a los ámbitos que, cual ínsulas de esperanza, aún honran su razón de ser. La decadencia es grande, pero no total, como lo demuestra el Tribunal de Ética de los arquitectos. Sin embargo, es propio de la degradación arrastrar y provocar la desaprobación generalizada de las autoridades. Cualquier víctima de una falta en cualquier orden sabe que el camino de la reparación puede ser tanto o más doloroso que la falta sufrida. La impunidad no consiste sólo en que no haya castigos, sino también en que no haya denuncias. A la larga el primer déficit acarrea el segundo, y quedan sentadas las bases para la expansión de la criminalidad y la instalación de la cleptocracia.

La ausencia de límites para el quebrantamiento de las reglas y de los valores inherentes al Poder Judicial tiene un caso testigo en la historia del abogado Walter Ojeda Ávila, quien astutamente escapó del accionar de todas las instituciones implicadas en la revisión de sus transgresiones y ahora reaparece como aspirante a camarista interino en una lista confeccionada por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En noviembre de 2018, este profesional estuvo a cinco minutos de convertirse en vocal precario del tribunal que en aquel momento fiscalizaba las investigaciones de delitos en la provincia entera, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Ojeda Ávila había sido escogido por el gobernador Juan Manzur para cumplir una de las funciones más delicadas de la esfera encargada de perseguir las conductas ilícitas: no necesitaba presentar un curriculum mendaz, pero mintió media decena de veces.

En el tren de inventarse una biografía insostenible, Ojeda Ávila dijo que había recibido un diploma de alumno universitario destacado cuando el certificado analítico que adjuntó revelaba que había acumulado 19 aplazos y que su calificación promedio era 4,8 puntos sobre 10. A esa inconsistencia pueril le siguieron otras más sofisticadas. Para arreglar lo de la distinción explicó que, en realidad, esta provenía de la cátedra de Derecho Internacional Público “por no reprobar pruebas”, pero dos profesoras de esa asignatura de la Universidad Nacional de Tucumán, Claudia López y Luciana Díaz, desmintieron la versión y lo invitaron a presentar la constancia. En vez de dar un paso al costado honroso, Ojeda Ávila mantuvo sus ambiciones. Esa obstinación permitió descubrir que había falseado el carácter de su participación en la comisión especial para la reforma procesal penal. Y a continuación emergieron las certezas que terminaron derribando su designación: era mentira que tenía una maestría en Criminología y Sociología Jurídica-Penal de la Universidad de Barcelona y, por ende, que había aprobado con diez la defensa de la tesis. Estas patrañas no sólo sirvieron para inflar un curriculum: Ojeda Ávila llegó a incluir un título apócrifo del posgrado entre los antecedentes que presentó en el CAM.

El protagonista de este affaire no pagó costos tangibles por ello, más allá del reproche social desmemoriado. La sucesión de contradicciones y falsedades expuso la levedad de la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura llamada a escrutar las trayectorias de los magistrados elegidos por el Poder Ejecutivo. El ex legislador presuntamente opositor Silvio Bellomio admitió que ese comité no hacía su tarea como debía a propósito del dictamen de aprobación del nombramiento de Ojeda Ávila que incluía su firma, además de las de los representantes del oficialismo. Que se sepa la confesión no condujo a ningún cambio. Pero esa pasividad es insignificante al lado de las registradas en otras instituciones. Resulta que el CAM no sólo no concluyó el sumario administrativo encargado al representante de los abogados del Sur, Diego Vals, sino que nadie espera demasiado de él por la inexistencia de una disposición específica que -¡ay!- castigue el engaño. Espanta y ruboriza la indiferencia de los consejeros frente a un caso que pone en duda su función como analistas de los méritos de los aspirantes a la magistratura. Ojeda Ávila fue atrapado haciendo trampa en los concursos: a la indignación políticamente correcta y a la exclusión de los procesos de cobertura en trámite le siguió, un año después, la rehabilitación implícita para ingresar a trabajar a los Tribunales que implicó su incorporación en la nómina de subrogantes elevada al Gobierno.

La indolencia no termina allí. El Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez “guardó” la denuncia penal contra Ojeda Ávila en el mismo momento en el que esta ingresó a sus dependencias: no se sabe qué hizo con ella la fiscala Mariana Rivadeneira. Otro tanto ocurrió con el Colegio de Abogados de la Capital que preside Marcelo Billone, que “se olvidó” de instar un procedimiento ante el Tribunal de Ética y Disciplina, y, en virtud de ello, Ojeda Ávila sigue ejerciendo la Abogacía como si nada hubiese pasado. La realidad es elocuente y exime de mayores consideraciones. Desventurados los pueblos donde mentir no tiene consecuencias ni siquiera para desempeñar la tarea excelsa de impartir justicia.