YMAD aclaró que el proyecto minero aún no se hizo efectivo

YMAD aclaró que el proyecto minero aún no se hizo efectivo

La empresa dice que se somete a la Justicia por la acusación de vecinos de Aldalgalá. En un comunicado, se informa que la Secretaría de Minería de Catamarca es la responsable de aprobar las propuestas.

RECLAMO. El 8/10, la abogada Mariana Katz leyó los planteos de gente de Andalgalá en el Consejo Superior. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo) RECLAMO. El 8/10, la abogada Mariana Katz leyó los planteos de gente de Andalgalá en el Consejo Superior. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)

Tras la medida judicial llevada a cabo el 3 de diciembre en las oficinas de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en Capital Federal, el ente interestadual envió un comunicado informando que se pone a disposición de la Justicia y que el proyecto minero por el cual ha sido denunciado “por una organización ambiental” aún no se hizo efectivo.

Según había informado la abogada Mariana Katz, representante del colectivo de vecinos de Andalgalá e integrantes de la Asamblea El Algarrobo, la medida ordenada por la jueza María Servini de Cubría el miércoles consistió en un operativo en las oficinas de YMAD por la causa “CPF 7979/19 De Miguel, s/ averiguación de delito” y otro, una orden de presentación (acción previa al allanamiento) en las oficinas de la Secretaría de Minería de la Nación.

Se trató de una denuncia interpuesta por la comunidad de Andalgalá el 25 de octubre, por presunta violación a la Ley de Glaciares. “Ambas medidas fueron con resultados positivos”, dijeron los integrantes de El Algarrobo en su página de Facebook. LA GACETA corroboró que la medida se llevó a cabo en una comunicación telefónica con el fiscal Guillermo Marijuán, pero no se conocieron mayores resultados del operativo. La abogada Katz estimó que ellos van a tener información al respecto la semana que viene.

La causa judicial se disparó a partir de la reunión del directorio de YMAD del 3 de octubre en la que se aprobó la propuesta para la explotación minera de Agua Rica, que comenzaría a partir de 2025 en Andalgalá. YMAD es un ente tripartito, integrado por la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Los tres son herederos del legado del geólogo Abel Peirano, que fie el descubridor del yacimiento minero de Farallón Negro.

YMAD ha estado vinculada en los últimos 25 años con la explotación minera en Bajo La Alumbrera, llevada a cabo por la Minera Alumbrera, una de las socias en el futuro emprendimiento de Agua Rica.

Desde marzo pasado, cuando se firmó en YMAD un memorándum de entendimiento en busca de llegar a un convenio minero para Agua Rica, se discutieron los diferentes planteos con respecto a la participación de la Universidad en esta actividad. El Consejo Superior de la UNT en ningún momento pudo discutir en sesión oficial las alternativas de las negociaciones, hasta que o en la sesión del 8 de octubre se informó que ya el directorio de YMAD había aprobado el 3 de octubre las ofertas para el futuro convenio. Los dos directores por la UNT, Domingo Marchese y Alfredo Grau, se abstuvieron de votar, según se explicó, porque no había habido tiempo para que el Consejo Superior pudiese debatir al respecto.

En esa sesión los representantes de Andalgalá plantearon, entre otras cosas, su inquietud por la posible contaminación del agua y dijeron que la UNT no había considerado su propio estudio ambiental llevado a cabo en 2007 en la zona, a propósito de Agua Rica. Luego, el 25 de octubre, hicieron la denuncia por presunta violación a la Ley de Glaciares.

En su comunicado de ayer, YMAD expresó: “como es de público conocimiento, YMAD ha sido denunciada por una organización ambiental. A tal efecto, YMAD se ha puesto a total disposición de la justicia. Frente a estos hechos, YMAD manifiesta que no tiene ninguna capacidad jurídica, ni fáctica para aprobar ni rechazar proyectos mineros, los que son competencia exclusiva de las autoridades de aplicación (Catamarca-Secretaría de Minería). El acuerdo suscripto solo se hará efectivo a partir del momento en que la empresa dueña de la concesión minera haya satisfecho plenamente todos los requerimientos de las autoridades regulatorias competentes y haya obtenido todos los permisos y habilitaciones necesarias”.

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