Buscando la brújula en medio de la tormenta

Buscando la brújula en medio de la tormenta

Los resultados del megaoperativo de los 48 allanamientos en 20 minutos pueden dar lugar a una lectura contradictoria. Por un lado, la satisfacción del “Ministerio de Seguridad paralelo” que comanda el “superministro” Fiscal, Edmundo Jiménez, que califica como el éxito del “primer caso” profundo en que intervino el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales) -su denominada “policía judicial”- para desarticular, tras un año de investigaciones, esta “banda mixta” (integrada por delincuentes y policías) “que ambicionaba ser una poderosa organización narco”. Por otro lado, la inquietud derivada del hecho de que en la banda se encontraban policías y ex policías con vinculaciones políticas y conocimiento del movimiento de la Justicia y la Policía. ¿Es un caso aislado o la punta de un iceberg? Toda satisfacción tiene un lado B de preocupación.

Entre el avance y la prehistoria

El megaoperativo, con 400 policías y gendarmes, se ha inscripto en el mecanismo de trabajo que viene desarrollando el Ministerio Público Fiscal desde hace un año, cuando puso en marcha el sistema de fiscalías especializadas y comenzó a ejercer presión sobre la Policía –y el Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo, que es quien comanda a la Policía- para la aplicación de una nueva manera de encarar los problemas de seguridad, a partir de análisis de datos, que se expresa últimamente en el sistema “Analytics” para armar un mapa del delito.

“Analytics”fue presentado esta semana ante el intendente Mariano Campero en Yerba Buena. Se va extendiendo de modo sui generis, sin que el Ministerio de Seguridad verdadero y la Policía hayan podido hacer algo contundente para cambiar su sistema prehistórico de recepción de datos (denuncias), si bien es cierto que en estos últimos tiempos parecen haber ajustado ciertas puntas, como ser la recopilación de informes sobre homicidios.

Estos informes, por cierto, han dejado en claro el nivel de violencia que hay en esta provincia, que con 130 asesinatos en 2018 (en este año ya suman 127) está segunda en el índice criminal del país, después de Santa Fe.

Entre aspirantes y enquistados

El caso de la megabanda, tal como fue presentado, se ha centrado en el estudio de las casualidades coincidentes en 20 casos de ataques de estos hombres vestidos de policías que, en un año, pasaron de ser ladrones y asaltantes básicos, a tener aspiraciones de eliminar al clan de los Toro y apoderarse de su territorio, que es Villa 9 de Julio, y dedicarse al narcotráfico.

Sus resultados hoy suenan impactantes: secuestro de 20.000 dólares y casi un millón de pesos, 100 cartuchos de diferentes calibres, algunos de los cuales se supone iban a ser usados en armas poderosas como fusiles FAL y ametralladoras, y ocho kilos de cocaína. Un dato escandaloso han sido las colillas de porros hallados en un cajón de la oficina del detenido subcomisario José Páez de la seccional 12ª. Del análisis de todo esto en los próximos meses deberían salir conclusiones más claras sobre esta banda.

Lo que inquieta ahora es que estaban evidentemente enquistados en varias sedes policiales –han sido allanadas las comisarías de El Colmenar, 12ª y 14ª- lo que les permitía no sólo el uso de armas, vestimentas y chapas policiales sino hacer controles de ruta, ingresar a viviendas, liberar zonas, inventar operativos y obtener y negociar datos sobre posibles vendedores de droga en los barrios.

Entre los casos aislados y el sistema

La “teoría de los casos aislados” que siempre se usa para explicar cuando caen policías atrapados en actividades delictivas silencia el control sobre el funcionamiento de la fuerza de seguridad. En este caso sobresale la figura del ex policía César “Dengue” Juárez, que había sido cuestionado en 2017 por el ex presidente de la Corte Suprema, el fallecido Antonio Gandur, que pidió en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad la creación de la sección Asuntos Internos en la Policía. No se sabe si hay o no esa sección en la fuerza, pero lo que está claro es que los casos que se descubren se deben a procedimientos de la Justicia y no por un sistema de autocontrol. Ergo, ¿hay algo más en la masa sumergida del iceberg?

Entre dos miradas sobre el narcotráfico

El otro problema que se presenta es el vinculado con el narcotráfico. El país entero está en la disyuntiva entre dos paradigmas brutales sobre lo que hay que hacer al respecto. La ministra que se va, Patricia Bullrich, sostiene como su gran logro que han subido los secuestros de drogas y ha enfatizado que “el microtráfico genera más violencia que el gran narcotráfico”, mientras que la ministra que viene, Sabina Frederic, que participó en la elaboración de la política de seguridad del nuevo gobierno nacional, dice que lo del macrismo han sido “actos rimbombantes y espectaculares”, que “han crecido de manera escandalosa las causas contra consumidores”, con “incremento brutal de la población carcelaria” mientras “el consumo se triplicó”. Además, dice que “no está claro cómo el microtráfico y mucho menos el consumo, generan inseguridad”. Es decir, un paradigma totalmente distinto.

Hace un mes, cuando estuvo en Tucumán, Frederic dijo a LA GACETA que había que estudiar los vínculos territoriales de los grupos violentos, además de que especificó que hay una especie de desorientación del Estado. Estos grupos (o “clanes” enquistados en zonas como Villa 9 de Julio, como los Toro) ¿son grandes narcotraficantes o violentos que aprovecharon los resquicios que ha dejado el Estado en esas zonas abandonadas? En segundo lugar, ¿cómo se interpreta que las policías encuentran droga y narcomenudeo en todas partes y en cada episodio delictivo? ¿Los detenidos son grandes narcos o pequeños vendedores? ¿Cómo se van a tratar todas estas causas? Ante los cambios de paradigmas, no se sabe.

Por si acaso, la Legislatura se apresta a sesionar para suspender la ley de narcomenudeo que iba a entrar en vigencia el 1 de enero. No sólo se trata de que no hay infraestructura, ni capacitación, de que las cárceles y comisarías ya no dan abasto con la política –de Bullrich y del gobierno tucumano también- de hacer detenciones masivas sin que se perciba una disminución de la violencia y de que habrá otros problemas cuando entre en vigencia en toda la provincia el nuevo Código procesal Penal. Se trata también de que el nuevo gobierno nacional propone una visión completamente diferente de dónde debe ponerse el foco en la seguridad, la acción de los grupos violentos y la persecución del narcotráfico. Y Tucumán, considerada según las últimas estadísticas criminales como la segunda provincia más violenta del país, está en un gran problema. Necesita una brújula con urgencia.

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