Según la cámara de la construcción local, hay 2.500 casas sin entregar

En el extremo sur del Gran San Miguel de Tucumán, unas 1.500 viviendas se deterioran en soledad desde hace varios años. Entre malezas que toman cada más altura, las construcciones se mantienen inertes en su interior. No hay familias que las habiten ni les hagan mantenimiento. Inclusive, muchas de ellas todavía no tienen ni siquiera un adjudicatario. Mientras tanto, las edificaciones están castigadas por el abandono y -a pesar de la vigilancia- por el vandalismo.

Poner nuevamente a punto a esas viviendas de Manantial Sur, tras la paralización o las demoras en las obras, demandará a la Provincia un egreso extra de casi $ 105 millones, según consta en el DNU 2/3 ME, que fue convertido en ley en la sesión legislativa del viernes 22 de noviembre. En esa misma jornada, como complemento, los parlamentarios también sancionaron un segundo decreto (DNU 1/3 ME) por más de $ 140 millones como adicional compensatorio para que las empresas constructoras vinculadas al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) completen diversas obras que quedaron inconclusas. Ambas leyes, sin embargo, no aparecen aún en los registros oficiales como promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Desde la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) solicitaron celeridad al Gobierno para poner en marcha esas leyes y comenzar a ejecutar las obras. El titular, Jorge Garber, aseguró que en distintos sectores del Gran San Miguel de Tucumán ocurre lo mismo que en Manantial Sur: casas que ya fueron edificadas pero que, por diversos motivos -principalmente de infraestructura-, no fueron adjudicadas y se encuentran deshabitadas.

“Son más o menos 2.500 viviendas que están para entregarse. Con la puesta en marcha de esos dos decretos, las empresas estarían en condiciones de empezar a trabajar”, afirmó el empresario.

Según señaló Garber, otras viviendas construidas a través del IPV -con fondos nacionales-, y que también se encuentran deshabitadas, están diseminadas por Yerba Buena, Las Talitas y Banda del Río Salí, entre otros puntos.

Sin planta ni luz

De acuerdo con diversos documentos del IPV a los que tuvo acceso el programa televisivo “Panorama Tucumano”, de LA GACETA, se usaron $ 495 millones del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios para la construcción de 2.500 viviendas en Manantial Sur. Sin embargo, de las 1.052 viviendas entregadas en Manantial Sur, sólo 232 habrían sido adjudicadas a familias de villas y asentamientos damnificadas por las inundaciones de 2015.

Las casi 1.500 casas que restan entregar todavía no tendrían beneficiarios designados de manera firme, pero una parte estaría afectada a convenios con sindicatos y entidades estatales.

El titular de la CTC aseguró que en esa barriada también falta poner en marcha la planta de tratamiento de líquidos cloacales. “Tiene que haber una intersección del Gobierno para que se le dé un corte, la SAT reciba esa planta y la ponga en marcha”, dijo. Además, señaló que hay un barrio de 500 viviendas en Las Talitas sin habitar porque no cuenta con electricidad y que la SAT aún no puso en marcha la planta de tratamiento de líquidos.

“Le hemos pedido al IPV que haya un periodo hasta marzo en el cual se termine todo lo que esté atrasado; que se termine todo eso para que podamos arrancar con todo en el proyecto que habla el compromiso con los tucumanos de Alberto Fernández”, expresó (se informa por separado).

“Un atraso de siete años”

A días de que concluya el mandato del presidente Mauricio Macri, Garber fue muy crítico. “Ya veníamos con una gran caída a nivel de obra pública en Tucumán, algo que se acentuó durante el macrismo. En definitiva las empresas y la gente terminó siendo rehén de una pelea entre Provincia y Nación en donde los tucumanos sin nada. Tenemos un atraso de siete años en los que otras provincias han seguido creciendo y nosotros nos hemos quedado en el tiempo”, reflexionó el empresario de la construcción.

LA GACETA intentó comunicarse con la nueva interventora del IPV, Stella Maris Córdoba, pero sus colaboradores informaron que estaba “ajetreada por asuntos personales y familiares”.

Encuentro con empresarios

La semana pasada, a través de las redes sociales, Córdoba publicó fotografías de las reuniones que se desarrollaron en el IPV con representantes de las firmas que tienen obras en Manantial Sur “para coordinar un plan de trabajo que nos permita avanzar”, según explicó.

En los primeros días de noviembre, una semana después de haber sido designada en el IPV, la ex legisladora le brindó una entrevista a LA GACETA en la que había remarcado que sus desafíos al frente del IPV son: “poner de pie al Instituto de la Vivienda, prepararlo para la política habitacional que va a venir en el período 2019-2023 y estimular los recursos humanos para que se vuelvan a potenciar. Quisiera que la camiseta del Instituto nos la pongamos todos a partir de ahora y que dentro de un par de años tengamos otro estado de situación”.

Consultada por un diagnóstico sobre el déficit habitacional en la provincia, había adelantado que podrá determinarlo cuando se modifique el sistema de inscripción. No obstante, había recordado que en el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) se subrayó que Tucumán es una de las provincias con mayores niveles de hacinamiento. “Son datos que tomamos para el análisis, pero en cuanto al déficit, en la estadística, un número certero vamos a saber cuando empecemos el nuevo sistema de inscripción permanente porque ahí vamos a conocer específicamente la demanda de viviendas que hay en Tucumán por estrato social”, había dicho. Además, apuntó contra el la gestión del presidente Mauricio Macri. “En estos últimos cuatro años ha disminuido muchísimo el financiamiento por número de viviendas en Tucumán. Es muy diferente la cantidad de viviendas que se podía financiar desde 2011 a 2015, que desde 2015 ahora”, había expresado.