La Corte sanciona al juez que dejó que un reo le lavara el auto

Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, recibió la tercera reprimenda de este año y la segunda de este mes: la última sanciona el hecho de que su auto haya sido lavado por un preso que estaba a su cargo. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán aplicó el apercibimiento tras considerar que el hecho era una falta de decoro e implicaba una ventaja indebida. La sanción fue emitida durante la última semana del vocal Daniel Posse como presidente del alto tribunal con los votos de este, de Claudia Sbdar (la titular actual), de Daniel Leiva y de Eleonora Rodríguez Campos (el instrumento consigna que Antonio Daniel Estofán no votó por estar de licencia). Guyot no respondió las consultas que LA GACETA le formuló ayer.

La Acordada 1.422/19 del 20 de noviembre consigna que el juez admitió que el reo Aldo Chávez, quien cumple en Villa Urquiza una condena de 20 años de prisión por un abuso sexual con acceso carnal, le lavaba el auto. En el informe que produjo por pedido de la Corte, el juez explicó que esa tarea formaba parte de un régimen con respaldo institucional. “Guyot informa que el lavado de coches por parte de un preso es ocasional y que ello obedece al programa extramuros dispuesto en el penal. También agrega que Chávez está acompañado y vigilado por el personal del servicio penitenciario, y que sus tareas son remuneradas de acuerdo con el desempeño demostrado”, precisa la decisión de la Corte.

De las constancias que presentó como prueba surge que el Departamento de Producción de la Dirección de los Institutos Penales, organismo dependiente del Poder Ejecutivo, ratificó la versión de Guyot. El organismo precisó, además, que Chávez participaba del “programa extramuros” porque estaba cerca de cumplir la condena. “A estos presos se los incentiva para salir de la cárcel a realizar diferentes tareas, como lustrar zapatos, limpiar, hacer mantenimiento, lavar autos, atender jardines, etcétera. A cambio reciben una compensación económica acorde a la tarea realizada, siempre con la supervisión de los agentes penitenciarios encargados de ellos”, dijo la Intervención de la Dirección de los Institutos Penales, según la Acordada 1.422.

La Corte descartó las explicaciones del juez. Los vocales enfatizaron que este había obtenido una ventaja con motivo del desempeño de su cargo puesto que debía controlar la ejecución de la pena de Chávez. Y recordaron que el Estatuto del Empleado Público vigente prohíbe en forma expresa la obtención de un beneficio personal en ocasión del ejercicio de las funciones públicas (inciso 7 del artículo 30 de la Ley 5.473). Los integrantes del alto tribunal explicaron que esa norma era de aplicación supletoria en la Justicia por una disposición de 1992 -los Tribunales carecen de un código o reglamento de ética específico- y que Guyot la había transgredido. En insistieron en que Guyot estaba obligado a observar una conducta decorosa y digna tanto en el servicio judicial que prestaba como fuera de él. “Incurrió en un incumplimiento claro de los deberes y las prohibiciones establecidas en la Ley Nº 5.473”, dijeron Posse, Sbdar, Leiva y Rodríguez Campos.

Si bien el primer indicio de que un preso limpiaba el auto del juez apareció en un informe de este año de los auditores de la Corte, fue una denuncia de finales de octubre del abogado Gustavo Morales la que identificó a Chávez como el lavador. La presentación objeta que la auditoría no haya profundizado acerca de esta irregularidad. “No es una cuestión menor en un estado general de cuestionamiento social dentro y fuera del Poder Judicial hacia el juez Guyot”, dijo el denunciante, quien advirtió que los hechos podrían encuadrar en el delito de peculado de servicio.

El titular del Juzgado de Ejecución Penal accedió a su cargo en 2016 por una designación del gobernador Juan Manzur previo concurso público de antecedentes y de oposición. En el presente, el ex director de Institutos Penales acumula un número significativo de cuestionamientos en sede administrativa y judicial (se informa por separado). La misma Acordada 1.422/19 que contiene la última sanción advierte que Guyot había recibido este año en forma previa una recomendación y un apercibimiento con exhortación (se informa por separado). Estos antecedentes disciplinarios convierten al juez de Ejecución en un caso único en la historia reciente del Poder Judicial de Tucumán.

Los tres antecedentes

6 DE JUNIO DE 2019 (ACORDADA 688)

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán encargó a Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, que ajustara estrictamente su proceder al régimen de asistencias, licencias y franquicias vigente en la Justicia. Los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva emitieron ese consejo tras constatar que el titular del Juzgado de Ejecución se había retirado a las 9 de la mañana de su despacho sin dar el aviso reglamentario.

4 DE NOVIEMBRE DE 2019 (ACORDADA 1.350)

Los vocales Posse, Estofán, Claudia Sbdar, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos incitaron a Guyot a ajustar su conducta a los estándares normativos y jurisprudenciales vigentes. La exhortación con apercibimiento fue emitida el lunes, 48 horas hábiles después de que el vocal Estofán intimara al juez a asistir a su despacho.

20 DE NOVIEMBRE DE 2019 (ACORDADA 1.422)

Los vocales apercibieron a Guyot por dejar que el preso Aldo Chávez le lavara su vehículo particular.

Los cuestionamientos

1) El homicidio del preso Medina

El preso Alejandro “Pichi” Mendoza atacó al interno Sebastián Medina el miércoles 22 de noviembre de 2017 en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel de Villa Urquiza, luego de que la víctima y su compañero José Alejandro Torres Sosa denunciaran la venta de droga en el penal. El homicidio de Medina dio lugar a la presentación de un pedido de destitución del juez Roberto Guyot que la Legislatura archivó en mayo de 2018; a la apertura de un sumario administrativo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y a una causa penal. En septiembre, el camarista instructor del sumario, Fabián Fradejas, concluyó que Guyot había prestado un servicio deficiente de justicia en los días previos a la muerte de Medina: el sumario está pendiente de definición en la Corte. En paralelo, la jueza Carolina Ballesteros descartó que Guyot haya delinquido: la fiscala Adriana Giannoni recurrió y la resolución está pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

2) Las denuncias relacionadas con la droga

Al menos un par de causas radicadas en la Justicia Federal de Tucumán involucran a Guyot con el supuesto tráfico de estupefacientes en la cárcel de Villa Urquiza. Además, el juez afronta una acusación en los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha presentación conectaría a Guyot con una presunta red de drogas que llegaría hasta el conurbano bonaerense.