25 Noviembre 2019
PACTO. La presidenta interina promulgó la ley sancionada por el Congreso. REUTERS
LA PAZ, Bolivia.- El gobierno interino de Bolivia y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron a un principio de acuerdo para pacificar el país, que incluye el repliegue de militares de sitios no estratégicos y la derogación de la ley que les daba inmunidad para el uso de la fuerza.
La presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, promulgó una ley aprobada el sábado por la noche en el Congreso, que anula las elecciones del 20 de octubre y prevé la convocatoria a una nueva votación, sin la participación del expresidente Evo Morales.
“Tenemos el mandato para organizar elecciones justas y transparentes. Garantizamos que vamos a lograrlo. Necesitamos que los bolivianos acompañen este proceso y que la comunidad internacional sea garante de los pasos que vamos a tomar”, dijo Añez.
Ambos acuerdos marcan un avance a la pacificación del país, tras semanas de disturbios que dejaron 32 muertos en choques con las fuerzas de seguridad, desde las elecciones que le dieron un cuarto mandato a Morales, y que fueron denunciadas por fraude.
Morales renunció a la presidencia bajo presión de las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre. El líder socialista, que estuvo en el poder casi 14 años, dijo que fue derrocado en un golpe de Estado y está exiliado en México.
La posibilidad de que Morales sea candidato había quedado descartada en la ley sancionada el sábado por el Congreso, que fue aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS) del ex mandatario.
El proyecto de “Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano” fue discutido hasta la madrugada.
Una de las principales demandas de los líderes sociales era el repliegue parcial de las Fuerzas Armadas como condición para suspender las movilizaciones y bloqueos de rutas, además de la celebración de elecciones generales.
En El Alto, donde las protestas seguían activas en contra del gobierno, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta de gas en Senkata, ante el temor a que algún acto de vandalismo haga estallar los depósitos.
La ley establece indemnizaciones a las familias de los fallecidas y pago de gastos médicos de los heridos, liberación de los detenidos e investigación de las muertes, además de salvoconductos a ex dirigentes que lo soliciten. (Reuters)
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