Homicidios en la provincia de las seguridades paralelas

Un nuevo actor ha irrumpido en el último año en las estrategias de protección ciudadana: el Ministerio Público Fiscal que, manejado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quiere hacer realidad su teoría de que el asunto pasa por conducir a la Policía. “Es una provincia chica, en donde todos nos conocemos. Es una provincia manejable en cuanto a la seguridad. Hay que revertir una realidad y hacer un trabajo que no se venía haciendo. Hay muchas cosas para cambiar hacia adentro de los tres principales operadores: la Policía, los fiscales y los jueces”, dijo hace 15 días, a propósito del desbaratamiento de un grupo de vendedores de vehículos robados.

Muchas de esas “cosas para hacer” que hacen Jiménez y su equipo de fiscales han ido profundizando la estrategia del ministro Fiscal de hacer un “ministerio de Seguridad paralelo” en el que se presiona a los policías para someterse (o acomodarse) a las operaciones organizadas desde la Justicia. Hace un año, cuando se cambió el organigrama de tareas de los fiscales y estos comenzaron a ocuparse de delitos específicos (ya no de todo lo que se denuncia) ya se previó la nueva estrategia. Equipos organizados por el funcionario del ministerio Tomás Robert convocaron a jefes policiales para que se ajusten a una especie de mapa del delito en sus jurisdicciones y exigirles respuestas. De vez en cuando, a lo largo del año, se fueron dando a conocer algunas experiencias piloto, sobre todo en el área del Centro Judicial Concepción, donde se está aplicando de modo experimental el nuevo Código Procesal Penal.

“Colaboración, no intromisión”

La incomodidad por esta injerencia del equipo de Jiménez se hizo sentir hace una semana, cuando se presentó en sociedad “Analytic”, el programa del Ministerio Fiscal para hacer un mapa del delito, con la idea de recopilar información, clasificarla por lugar, hora, tipo de delito, cantidad de delincuentes, ropa, armas y medio de movilidad, y entregarla a la Policía para que generen nuevas políticas de prevención o se inicien investigaciones. “Esto no es una intromisión, es un trabajo que se está expandiendo entre la Policía y los jueces”, aclaró Jiménez, que citó un caso testigo de Monteros y otro de Yerba Buena. El secretario de Seguridad de la Provincia, Luis Ibáñez, no pareció acusar molestia y dijo que hay un acuerdo firmado para que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Fiscal intercambien información que incluye “la transferencia de la base de datos del Ministerio de Seguridad a los fiscales. Es decir, proporcionamos las referencias del mapa del delito”. Sin embargo, entre el jueves y ayer el Ministerio de Seguridad presentó su propio “mapa de homicidios”, mostrando que en el área específica del Gobierno se están estudiando los índices de violencia con el objeto de “impulsar un trabajo multidisciplinario que involucre a distintas áreas para lograr un trabajo articulado”, según se expuso en las reuniones.

¿Competencia? Ellos hablan de trabajo articulado y citan para ello que la Justicia ha entregado vehículos incautados al delito y computadoras a la Policía. Mientras tanto, Jiménez empuja con medidas: primero logró que se incorpore a la órbita de los fiscales la posibilidad de consultar el sistema policial de cámaras de vigilancia de las calles. Al mismo tiempo, se articularon -incluso con fuerzas nacionales- los megaoperativos en los que se movilizan cientos de policías y vehículos para “pacificar” ciertos barrios conflictivos. Los fiscales comenzaron incluso a cambiar su aspecto, enfundados en cinematográficos chalecos antibalas, probablemente necesarios, dada la conflictividad de ciertos barrios. Después se consiguió que los policías den aviso inmediato por celular para delimitar en el acto la competencia local o federal en allanamientos por distintos delitos donde se descubría drogas. Ahora se quiere aplicar un sistema similar para que los policías avisen a los fiscales sobre las novedades en sus investigaciones o sobre hechos determinados. Extraño, pero roza un tema oscuro: el secreto y la discrecionalidad con que trabaja la fuerza de seguridad. ¿No saben los fiscales cómo se investigan los delitos? ¿No conducen ellos las investigaciones? Hace dos semanas fue escandaloso el allanamiento “por error” que se hizo en una casa de Las Talitas, donde una familia vivió momentos de terror, agresiones y golpes, y apenas hubo una disculpa del secretario de Seguridad porque el caso tuvo difusión pública. ¿Qué oficial estuvo a cargo de ese error? ¿Qué fiscal debía controlarlo? Nadie dijo nada.

Vínculos de violencia

Como sea, las iniciativas de mapas del delito y de homicidios indican que hay una preocupación por analizar lo que pasa. La presentación sobre el estudio de homicidios pareció en varios casos el “descubrimiento del agujero del mate” cuando se reveló 10 zonas críticas de violencia, donde los hechos se repiten desde hace años, tanto en lugares, como protagonistas y vínculos. El 43% de los homicidios fueron intravecinales o intrafamiliares, es decir que las personas involucradas se conocían. Hace poco estuvieron en Tucumán dos especialistas invitadas por el Ministerio de Seguridad, Sabina Frederic y Alejandra Otamendi, y ambas señalaron la necesidad de estudiar los vínculos existentes en la violencia urbana. Mientras la Policía normalmente suele explicar las causas de homicidios por “drogas” o “ajuste de cuentas”, las especialistas insistieron en poner atención en venganzas y vínculos en redes de los grupos sumidos en la violencia.

¿Alcanzan los elementos con que se trabaja para entender el fenómeno? Por ahora, el programa “Analytic” de los fiscales es una herramienta experimental, y también lo es el estudio del ministerio de Seguridad. Aún no se habla de capacitación para la recolección de datos, ni de estructuras para el estudio de la problemática, y mucho menos de análisis de la eficiencia y de los costos del sistema de seguridad. En este punto, la realidad está presionando de manera dramática: el aumento constante de detenidos no sólo tiene en colapso al sistema carcelario desde 2015 –para mayo se prevé que se llegará a una crisis que implosionará con 3.000 detenidos- sino que cada vez se destinan más policías al cuidado y traslado de los presos. Ya son 745 agentes de custodia en esa tarea, es decir casi la m de los policías de turno. Acá hay otro costado oculto de la seguridad: por falta de cupo, a diario se están trasladando de un lugar a otro –no sólo en la capital, sino en toda la provincia- a cientos de personas aprehendidas. ¿Cuándo dinero insume ese gasto de horas de custodia y de uso de vehículos?

El estudio del costo del funcionamiento del sistema no sólo tiene que ver con horas hombre de agentes y uso de vehículos, sino con el resentimiento de los mínimos programas de seguridad ciudadana: ¿cuántos agentes de patrulla son sacados de sus lugares de prevención para cubrir un megaoperativo o para cubrir baches dejados por custodias de prisioneros?

Mucha cifra negra

En todo esto tampoco se cuenta que los estudios se están haciendo con las pocas denuncias con que se cuenta, que preferentemente están referidas a delitos graves –homicidios, robos agravados y ataques con lesiones- y no a muchos hechos de la violencia urbana cuyas expresiones son sólo puntas de iceberg, como la violencia de género o el robo de celulares. La cifra negra (lo que no se denuncia) es altísima en estos casos y lo que ayuda para comprenderlos son las encuestas de victimización (caras pero necesarias según dijo Alejandra Otamendi) y los sistemas de vinculación ciudadana con la Policía, basados en la confianza, que permita trabajar a partir del temor de los vecinos en busca de soluciones. Ese temor es el que aparece cuando hay hechos que conmocionan al vecindario y se descubre que la policía era incapaz de dar respuestas. ¿Cómo es el nivel de confianza de la gente en la Policía en Yerba Buena? ¿Y en Barrio Norte? ¿Y en San Cayetano o “El Sifón”? Nada se sabe.

Mientras tanto, el nivel de violencia no cede. Hasta ayer se contaban 124 los homicidios, cifra cercana a los 130 de 2018, que situaron a la provincia en el terrible segundo lugar entre las más violentas del país. Mientras tanto, estamos en pruebas piloto en análisis criminal, con la esperanza de que sean útiles para que se pacifique una provincia “en la que todos nos conocemos” y en la que todas las estrategias han parecido insuficientes.