Están acéfalos cuatro de cada 10 juzgados de Paz

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De los 72 cargos existentes, 27 carecen de titular y se sumarán tres más en el corto plazo. La escasez obliga a los jueces de Paz en funciones a trasladarse por la provincia. La situación es dramática en los valles.

20 Nov 2019 Por Irene Benito

Las acefalías de la Justicia de Paz están alcanzando cotas rocambolescas. En el presente, carecen de titular 27 de los 72 juzgados desperdigados en el mapa: las vacancias alcanzan al 37,5% de las oficinas (ver imagen). Además, otros tres despachos (San Pedro de Colalao, Alpachiri y Villa Benjamín Aráoz) quedarán libres en el corto plazo por la materialización de las renuncias condicionadas que aceptó el Poder Ejecutivo. El último nombramiento discrecional acaeció hace seis años, y lo firmó el ex gobernador y senador José Alperovich. Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y de Justicia, prometió que esta gestión encontrará una solución equilibrada para un problema susceptible de extinguir la institución (se informa por separado).

La cobertura de los cargos depende de la voluntad del mandatario Juan Manzur, quien pasó todo el primer período sin ejercer esta potestad y deber previsto en el artículo 114 de la Constitución. A diferencia de los magistrados ordinarios, de los fiscales y de los defensores públicos que se someten al concurso de antecedentes y de oposición, los jueces de Paz son escogidos todavía discrecionalmente. La decisión política debe obtener el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Si bien desde 2004 existe la Justicia de Paz letrada, un resquicio legal permitió a Alperovich seguir nombrando legos (ciudadanos sin título de abogado). Quince años más tarde de que el ex jefe de Estado, y su entonces ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez (hoy ministro público fiscal), anunciaran la jerarquización y la profesionalización del organismo, el esquema letrado sólo funciona en el 12,5% de los juzgados: Aguilares, Trancas, La Cocha, Quilmes (Leales), El Timbó (Burruyacu), Colombres (Cruz Alta), Delfín Gallo (Cruz Alta), Acheral y Bella Vista.

Parece lejano el anhelo de que los despachos resuelvan conflictos de menor cuantía -y faciliten el acceso a la justicia a las poblaciones alejadas de los centros judiciales-, más allá de las funciones registrales y de la tramitación de los amparos a la simple tenencia que hoy desarrollan. Sucede que los jueces de Paz en funciones se ven obligados a desplazarse para cubrir de algún modo las vacancias e impedir la paralización total de las oficinas, tarea que repercute en el descuido del propio juzgado. Fuentes judiciales explicaron que estos funcionarios no cobran un monto adicional por las subrogancias, como sí lo hacen los magistrados de los Tribunales ordinarios, y que esa “desigualdad de trato” dificulta el mantenimiento del servicio mínimo.

La situación es dramática en las localidades de la montaña, cuyos habitantes enfrentan impedimentos geográficos poderosos para trasladarse hacia los centros urbanos. Los juzgados de Tafí y de Colalao del Valle están vacantes desde hace añares: esto obliga, por una cuestión de cercanía, a acudir a la buena voluntad de los jueces de Paz de El Mollar y de Amaicha del Valle. Pero, en el último tiempo, el desgaste llevó a la Superintendencia de los Juzgados de Paz del Poder Judicial a recargar al titular de la oficina amaicheña, que, entonces, se la pasa subiendo a Colalao y bajando a Tafí. Además de los peligros de la ruta, las vacancias complican la atención de las usurpaciones y de los reclamos territoriales tan frecuentes en esa zona.

La acumulación de acefalías llevó a la Corte a aplicar parches. Hasta mayo de este año, y a modo de solución provisoria para “atender las necesidades y brindar una prestación eficiente”, los vocales habían ascendido de manera interina a nueve abogados para que se desempeñen como prosecretarios en juzgados de Paz legos que presentan vacancias prolongadas: Las Talitas, Villa Hileret, Tacana, Raco, Lules, Ranchillos, Río Seco, Villa Quinteros y Estación Aráoz. A comienzos de julio, el presidente Daniel Posse afirmó que había vuelto a pedir a Manzur que haga los nombramientos pendientes y que él iba a seguir insistiendo porque el asunto le parecía prioritario. El titular del alto tribunal expresó que todos los cargos de la Justicia de Paz deberían ser asignados por concurso, incluso los de funcionarios y empleados que los vocales siguen llenado discrecionalmente.

Las 27 oficinas vacantes

Villa Clodomiro Hileret (Río Chico); Santa Cruz (Simoca); Simoca; Los Gómez (Leales); Villa Leales (Leales); Río Colorado (Leales); Tacanas (Leales); Río Seco (Monteros); Villa Quinteros (Monteros); Monteros; Teniente Berdina (Monteros); Tafí del Valle; Colalao del Valle (Tafí del Valle); Lules; Alto de Anfama (Tafí Viejo); San José de Chasquivil (Tafí Viejo); Raco (Tafí Viejo); Las Talitas (Tafí Viejo); El Bracho (Cruz Alta); Ranchillos (Cruz Alta); La Ramada (Burruyacu); Villa Padre Monti (Burruyacu); Alderetes; Estación Aráoz; Domingo Millán (sin asiento físico); El Manantial y Banda del Río Salí.

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